Deploran ONG exoneración de Echeverría y Moya Palencia

jueves, 28 de julio de 2005
* La Fiscalía Especial no estuvo a la altura de las circunstancias, cuestiona México, D F, 27 de julio (apro)- Tras afirmar que en México no hay voluntad de Estado para sancionar los crímenes del pasado, la Red Todos los Derechos para Todos calificó de obtuso el resolutivo del Poder Judicial federal que pretender juzgar los crímenes de lesa humanidad como si fueran delitos comunes Tras conocer el fallo emitido por la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, del Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito, de negar las órdenes de aprehensión e iniciar un proceso penal contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez y su exsecretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por la matanza del 10 de junio de 1971, la Red afirmó que la sentencia sólo contribuye a la impunidad En los hechos, subrayó, esta resolución es una prueba más de que no hay voluntad de Estado para sancionar los crímenes del pasado, y oscurece el paso dado por el Poder Judicial, que determinó que la desaparición forzada es un delito continuado que no prescribe Ahora, agregó, nuevamente el Poder Judicial hace un análisis obtuso y limitado del Jueves de Corpus de 1971, sin tomar en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, y por ello juzga con ojos de quien quiere que prevalezca la impunidad Y a pesar que no se puede negar que lo ocurrido el 10 de junio de 1971, junto con los hechos del 68 y los cientos de desapariciones de las décadas de los setenta y principios de los ochentas fueron parte de una política de Estado, concebida, ordenada, ejecutada y permitida desde los más altos niveles de gobierno, de la que no estaban ajenos los respectivos presidentes de la República y sus secretarios de Gobernación, la jueza Velasco encontró que no se configuraba el genocidio, y que Echeverría y Moya Palencia no tenían responsabilidad alguna en el halconazo El Poder Judicial ha insistido en juzgar estos crímenes de lesa humanidad como si fueran delitos comunes El Poder Legislativo por su parte, al ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzosas, hizo una reserva al artículo IX de esta última, en relación con su no aplicación para desapariciones cometidas por militares, y estableció declaraciones interpretativas a ambas convenciones, en el sentido de que su aplicación fuera sólo para hechos ordenados, ejecutados o cometidos con posterioridad a la ratificación de las mismas En el caso de la Convención sobre la Imprescriptibilidad, haberla ratificado con esta reserva equivale a negar el objeto y fin de aquélla, que es precisamente que este grave crimen se castigue cualquiera sea la fecha en que se haya cometido Así mismo, de forma sospechosa reformaron las leyes para que los adultos mayores de 70 años compurgaran sus sentencias en su domicilio, sin establecer una excepción para crímenes de lesa humanidad De esta forma el Legislativo contribuye a la impunidad Según la Red, desde el Ejecutivo, a pesar de los discursos y reivindicaciones de su compromiso con los derechos humanos, el presidente Vicente Fox se contentó con la creación de la fiscalía especial para los crímenes del pasado, y la dejó a la deriva El decreto de su creación le dio a la fiscalía un mandato demasiado amplio y, sin embargo, no hubo los recursos materiales ni humanos correspondientes a esa encomienda Tampoco hubo un apoyo decidido por parte del Ejecutivo, por ejemplo, para que los militares fueran investigados desde la fiscalía y no en el fuero militar En este sentido, afirmó que la fiscalía especial no ha estado a la altura de las circunstancias La selección de funcionarios de la misma no fue la adecuada, por ejemplo, el exdirector de Investigaciones B estuvo involucrado en violaciones a derechos humanos Así mismo, la fiscalía ha dejado la carga de la prueba en los familiares de las víctimas, y nunca logró obtener su confianza, ni la de la sociedad en general Muestra de lo anterior es el hecho de que miembros destacados del Comité Ciudadano de la propia fiscalía hayan renunciado, tras denunciar graves deficiencias en el trabajo de la institución Las declaraciones del fiscal Carrillo Prieto la semana pasada, respecto del caso de la matanza de 1968, en que señaló ''ya he tenido muchas cortesías con algunos miembros del gobierno'', muestran una actitud más proclive a proteger a las instituciones que al legítimo derecho de las víctimas y la sociedad a la justicia y la verdad Para la Red, un indicador de una real transición democrática es lo que se conoce como "justicia de transición", es decir, la búsqueda de ésta en tiempos de transición política, que implica el desarrollo, análisis y aplicación práctica de estrategias amplias para confrontar el legado de abusos a los derechos humanos del pasado, con el fin de crear un futuro más democrático En el caso de México, esto no ha sucedido, por lo que no se puede decir que se dio dicha transición

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