Como en Estados Unidos, la respuesta del gobierno británico a los recientes ataques terroristas está generando una fuerte controversia sobre derechos civiles Justo cuando Tony Blair impulsa iniciativas para que se le asigne mayor poder a fin de limitar el ingreso de refugiados y aumentar el control sobre su propia población, el programa de mayor audiencia entre los jóvenes ingleses es Big Brother LONDRES- El gobierno laborista del primer ministro Tony Blair reaccionó con velocidad a los dos atentados terroristas en el sistema de transporte de Londres, que terminó con un saldo de al menos 56 muertos y 700 heridos, y que ahora amenaza con dividir a una sociedad plural y multicultural desde sus mismos principios democráticos A sólo cuatro días del ataque ocurrido el pasado 21 de julio, el ministro del Interior británico, Charles Clarke, principal aliado de Blair en el gobierno, anunció en una abarrotada Cámara de los Comunes la introducción de una ley antiterrorista que tipifica tres nuevas categorías de delitos El proyecto de ley, que será debatido en el Parlamento en septiembre próximo, ha generado duras críticas por parte de grupos de derechos humanos y defensores de libertades civiles, cada vez más preocupados por la intromisión del Estado en los derechos individuales de los británicos y de los extranjeros que residen en este país Antes de convocar al receso, los parlamentarios debatieron esta semana en los pasillos del Palacio de Westminster las implicaciones de la nueva legislación, que se titulará Acta contra el Terrorismo (Counter Terrorism Bill) y que en caso de ser votada en octubre próximo incluirá nuevas categorías de actos criminales, como la instigación o glorificación por parte de clérigos radicales a perpetrar actos terroristas o de violencia; así mismo, considerará la deportación inmediata de estos religiosos extremistas y duras penas para aquellos vinculados a la preparación, planeación o realización de actividades terroristas Además, el gobierno de Gran Bretaña pretende crear una base de datos internacional que incluya el nombre de todos los clérigos extremistas o personas relacionadas con actos terroristas en el mundo, que servirá para acelerar procesos de deportación o negación inmediata de entrada al país Esa lista busca incluir los nombres de personas con "comportamiento inaceptable" y los de aquellas que publiquen páginas de Internet glorificando atentados, escriban artículos que instiguen a la violencia extremista o a quienes con sus acciones fomentan el terrorismo en cualquiera de sus formas Para entrar a Gran Bretaña, quienes estén incluidos en la lista deberán pedir un permiso especial al Ministerio del Interior, que podría rechazar el pedido sin dar explicaciones "Luego de una serie de reuniones con el primer ministro, funcionarios del gobierno y líderes de la comunidad musulmana, hemos llegado a la conclusión que debemos poner en práctica esta serie de propuestas para reforzar nuestra capacidad de luchar contra la fuerza destructiva y la filosofía nihilista de aquellos que promueven el terrorismo", explicó Clarke desde el podio del orador en la Cámara de los Comunes "Gesto político" Sin embargo, expertos juristas y analistas en leyes de derechos civiles con base en el barrio medieval de Temple -centro histórico de juristas y abogados de la Corte Suprema de Londres- están cada vez más preocupados por la ley de "reacción" antiterrorista que el gobierno quiere impulsar Muchos consideran la medida un "gesto político" de Blair en respuesta a los atentados terroristas contra la capital británica, más que una resolución concreta de las autoridades para erradicar un mal que ha entrado al país por la puerta de atrás, ya que al menos cuatro de los terroristas que participaron de los ataques de Londres eran británicos, tres de ellos de descendencia paquistaní, otro jamaiquino-británico y un quinto oriundo de Eritrea y nacionalizado por el Home Office (Ministerio del Interior británico) en 2004 Incluso la esposa de Tony Blair, la abogada Cherie Booth, participó en el debate público desde una conferencia sobre la mujer en Malasia, donde pidió a su marido cautela y moderación en las nuevas leyes antiterroristas del país, que según ella -jurista experta en derechos humanos- podrían coartar los principios mismos de las garantías y derechos de los británicos "No podemos generar un Estado que rompa con los principios básicos de las leyes británicas e internacionales Primero que nada, hay que respetar los valores y normas que consideramos supremas en nuestro país", declaró Cherie, enfrentándose abiertamente a su marido y al ala más dura del grupo blairista También el grupo Liberty, con larga trayectoria en la lucha por los derechos civiles en el país, ha manifestado su oposición a esta nueva propuesta de legislación de Blair, mientras que Amnistía Internacional (AI) expresó "preocupación" por la falta de claridad en ciertos términos de la ley, como el de "extremista", "comportamiento inadecuado" y "clérigo radical", que considera demasiado genéricos y por lo tanto susceptibles de una interpretación que podría afectar a inocentes Esa organización no gubernamental con base en Londres instó a las autoridades a actuar de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos y no crear una especie de "prisión de Guantánamo" en Gran Bretaña, porque según ese grupo las normativas inflamarán aún más el odio entre la población Por su parte, el Consejo Musulmán Británico, que aglutina a unas 400 agrupaciones islámicas y es considerado el grupo más representativo entre los 16 millones de creyentes de esa religión en Gran Bretaña, pidió al gobierno no exagerar las medidas de seguridad en las próximas semanas, ya que podrían enajenar a las mismas comunidades que supuestamente busca incluir e insertar en una sociedad más plural y multicultural Pero la tarea no es fácil La historia reciente les ha mostrado a Blair y a su gabinete que no pueden excederse al crear una legislación contra el llamado "terrorismo internacional" En una sentencia histórica, en diciembre de 2004 la máxima instancia judicial de Gran Bretaña, los nueve jueces lores, consideraron por unanimidad que el Acta contra el Terrorismo de 2001 -que permitía la detención indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo sin juicio previo- contradecía los preceptos de la Convención Europea de Derechos Humanos Esa ley existía en el país desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos La decisión de los jueces lores causó controversia en las filas del gobierno de Blair y provocó que él y Charles Clarke corrigieran dicha ley creando el concepto de "órdenes de control", que dotan de mayores atribuciones a la policía en el arresto de las personas que actúen de forma antisocial, y reducen el plazo para la detención de extranjeros sospechosos de terrorismo a quienes no se pueda acusar formalmente por falta de evidencia concreta Por eso esta semana el primer ministro se mostró desafiante En su conferencia mensual con los medios de comunicación internacionales en su residencia oficial de Downing Street, advirtió a los jueces del país "que mejor no se opongan" a la nueva propuesta de ley antiterrorista, "porque ellos estarán poniendo así en peligro la seguridad y bienestar de la población" Inmigrantes La nueva propuesta legislativa del gobierno tiene además varias implicaciones en el área de inmigración, un tema espinoso para las autoridades Tras difundirse que al menos dos de los supuestos autores de los atentados fallidos del pasado 21 de julio en Londres (Yasin Hassan Omar, de 22 años, y Muktar Said Ibrahim, de 27) eran hijos de familias que llegaron a Inglaterra en la década de los noventa como refugiadas, el gobierno planea endurecer también sus políticas de asilo Omar, a quien se le atribuye haber colocado la bomba en el vagón del metro de Warren Street, en pleno centro de la ciudad, es parte de una familia proveniente de Somalia que obtuvo la residencia permanente británica en 1994, mientras que Said Ibrahim, autor de la detonación de la bomba en el autobús de la línea 26 que circulaba por la avenida Hackney Road, al este de Londres, arribó junto a sus padres desde Eritrea a finales de la década de los noventa y en 2004 se nacionalizó británico La prensa sensacionalista -The Sun, Daily Mail y Daily Express- no tardó en utilizar esa anécdota para criticar la "suavidad" de las leyes inmigratorias de Tony Blair y atacar con desmesura a los miles de refugiados o asilados políticos que reciben el estatus de residente cada año, muchas veces para escapar de conflictos internacionales, hambrunas, persecuciones políticas, abusos, torturas o incluso de la pena de muerte Y el gobierno laborista, que según sus críticos se guía demasiado por la prensa amarillista a la hora de tomar decisiones con impacto en la opinión pública, ya elabora nuevas propuestas -por debatirse en el Parlamento en octubre- que cerrarán el acceso a miles de personas procedentes de naciones de la llamada "lista negra", con supuestos vínculos con el terrorismo internacional En la actualidad el ministro del Interior tiene la facultad de impedir la entrada de cualquier persona que considere peligrosa para la sociedad británica Pero tras los atentados en Londres las autoridades buscan reforzar esos poderes y trabajar más de cerca con otros departamentos del gobierno, como el Foreign Office (Cancillería británica), Scotland Yard o los servicios de Inteligencia MI5 (seguridad interna) y MI6 (seguridad externa) En los últimos días Londres ha acordado con países como Jordania que deportará a sus nacionales sin necesidad de que el gobierno de Amman garantice su bienestar una vez que sean repatriados Clarke espera conseguir el apoyo de otros países de Oriente Medio, África oriental y Asia para acelerar esos procesos de deportación La nueva propuesta de ley antiterrorista también le sirvió a Blair para conseguir el apoyo político que buscaba en Inglaterra Tanto el jefe del Partido Conservador, el tradicionalista Michael Howard, como el del Liberal Demócrata, el modernista Charles Kennedy, aprobaron "en principio" la propuesta del gobierno, aunque expresaron dudas sobre varios puntos que deberán tratarse con detalle Los tories (conservadores) quieren introducir sine qua non el uso de evidencia telefónica en los casos judiciales de terrorismo, mientras que los liberales demócratas esperan que Clarke aclare con mayor precisión la definición de términos como "odio religioso" y "sectario", pues temen que la legislación pueda reducir los derechos populares de expresión y manifestación La propuesta de ley antiterrorista y la de inmigración serán presentadas junto a un polémico borrador que busca incluir la introducción de las cédulas de identidad (ID cards) para los británicos Esta última propuesta ya fue rechazada en el pasado por el Parlamento, que la consideró costosa (cerca de 3 mil millones de dólares) e ineficaz, pero el gobierno espera que, a la luz de los recientes ataques terroristas, los diputados voten a favor del uso obligatorio de cédulas En ese contexto, parece una desafortunada coincidencia que justamente cuando el Estado británico está dando señales de dirigirse hacia un mayor control de los movimientos de los ciudadanos, en el Channel 4 de Londres, el más popular entre los jóvenes ingleses, el programa Big Brother (Gran Hermano) registre la mayor audiencia televisiva de su historia La respuesta de Blair ante el extremismo terrorista generado dentro y fuera de Gran Bretaña se inclina cada vez más hacia la implacable reducción de las libertades individuales, en aras de "protección y seguridades" ciudadanas ahora cuestionadas Aunque el propio primer ministro y el alcalde de Londres, Ken Livingstone, desafiaron públicamente a los terroristas y pidieron a la población que no modifique su comportamiento a causa del miedo, las nuevas leyes parecerían buscar justamente el efecto contrario, al modificar valores ya establecidos en la antigua Carta Magna que el rey John tuvo que firmar el 15 de junio de 1215 a la vera del río Támesis, obligado por sus nobles a respetar el derecho individual y reducir sus poderes monárquicos y despóticos en función de las libertades populares