PFP: Mafias intocables

domingo, 31 de julio de 2005
Estudios confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal demuestran que las autoridades tienen evidencia acerca de la descomposición de sus corporaciones -especialmente la Policía Federal Preventiva- e incluso cuentan con los nombres de mandos vinculados al crimen organizado Además, la SSP posee una estrategia para desarticular las mafias internas Sin embargo, la "limpia" de los cuerpos de seguridad tantas veces anunciada en este sexenio tropieza, según los documentos mencionados, con la "falta de compromiso", el "temor" e "intereses políticos" La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a mandos de rangos alto y medio en la Policía Federal Preventiva (PFP) que, además de ser señalados como corruptos, integrarían una denominada Hermandad del Polvo Blanco que protege al narcotráfico o bien participa en éste y en otras actividades del crimen organizado Estas conclusiones, en poder de la PGR, forman parte de dos estudios confidenciales ordenados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal -de la que depende la PFP-, uno fechado en octubre de 2000 y el otro en enero del presente año Ambos documentos forman parte de una denuncia de hechos presentada el 17 de junio ante el procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca En dicha denuncia, formulada por el Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Social, se aporta información que a su vez le hicieron llegar a esa asociación civil, en el sentido de que una persona que dijo ser "cuñado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta", ofrecía, desde febrero pasado, "la venta de la (plaza) comandancia de la PFP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la cantidad de 35 millones de dólares" Proceso tuvo conocimiento de que una investigación de dicha secretaría descartó un vínculo familiar de la persona que ofrecía dicha plaza con Martín Huerta; pero aun cuando los altos mandos de la SSP conocieron plenamente su identidad, no procedieron en su contra No sólo eso: el individuo también ofrecía "en venta" las comandancias de la PFP en otros aeropuertos del país al crimen organizado De hecho, la denuncia señala: "El homicidio del oficial Pedro Madrigal Trejo, titular de la Unidad Aeroportuaria de la PFP, cometido el 16 de junio, puede obedecer a problemas relacionados con la venta de plazas y la disputa de los carteles del narcotráfico por apoderarse de la plaza del Aeropuerto de la Ciudad de México" Los compañeros de Madrigal Trejo aseguraron que su ejecución obedeció a una venganza, pues 15 días antes participó en el aseguramiento de 289 kilos de cocaína procedentes de Bogotá, Colombia, en la zona de Aduana del aeropuerto A sólo seis años de su creación en el sexenio de Ernesto Zedillo, la PFP enfrenta un grave proceso de descomposición, entre otras causas, por el ingreso de viejos policías corruptos que conformaban La Cofradía y La Hermandad, sociedades criminales formadas en la Policía Federal de Caminos, cuya presencia se extendía prácticamente en todo el país La corporación también fue alimentada desde el principio por varios batallones de la Policía Militar provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional Con el arribo de Fox al poder, se integraron varios batallones de Infantería de Marina, la Tercera Brigada de Policía Militar y el Décimo Batallón de Policía Militar De esa manera, la PFP acogió 10 unidades del Ejército desde su constitución, de acuerdo al ensayo Las Fuerzas Armadas mexicanas en la guerra antinarcóticos, del periodista Jorge Luis Sierra, elaborado para la organización civil Washington Office on Latin America (WOLA) De todas formas, la corrupción pone en duda los esfuerzos y los programas de seguridad para combatir al crimen organizado que ha implantado el gobierno de Vicente Fox, como el programa México Seguro de la SSP federal, ya que "cualquier proyecto o iniciativa para el combate al crimen organizado no pasará de ser una buena intención si antes no se contempla como real e ineludible la erradicación del contubernio policial", indica el estudio fechado en enero pasado Abunda: "Para iniciar el real combate al crimen organizado es prioritario empezarlo en la casa propia, que en este caso serían las estructuras encargadas de hacerlo en la Secretaría de Seguridad Pública y más que nada en aquella de una real presencia en el territorio nacional, esto es en la Coordinación General de Seguridad Regional (de PFP), antes Policía Federal de Caminos" Lo anterior, dice el estudio, debido a que "millones de dólares" provenientes de la delincuencia organizada "se concentran en ese reducido grupo de mandos medios y altos de la PFP que tiene bajo su control la Coordinación General de Seguridad Regional, la Coordinación de Inteligencia, la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo, el Estado Mayor y la Unidad de Desarrollo de la PFP" También aclara que "el crimen organizado no es una hidra de mil cabezas", sino que sus líderes "son contados y cometen a diario infinidad de errores, los cuales son subsanados por los principales beneficiarios de esas actividades ilícitas: los miembros corruptos de las instituciones policiales que debieran combatirlos" Y éstos, a su vez, no son policías de bajo rango, como quiere hacérsele creer a la opinión pública, sino que "la real concentración de los beneficios ilícitos se concentra en unos cuantos funcionarios de alto y mediano rangos que están en el vértice de la pirámide", que en el caso de la SSP no alberga a más de "medio centenar de mandos altos y medios de la PFP" Según el estudio, con el arribo de Martín Huerta a la SSP y tras la crisis que generó el asesinato de dos agentes de Inteligencia de la PFP -y las graves lesiones a uno más- a manos de una turba en Tláhuac, en noviembre pasado, el presidente Vicente Fox hizo el anuncio de una "limpia" en los cuerpos policiacos, incluida la PFP No obstante, es un proceso pendiente No aptos El primero de los estudios que forman parte de la denuncia a la que da seguimiento la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) es la evaluación aplicada en octubre de 2000 -dos meses antes de la toma de posesión de Vicente Fox- a 232 mandos de primero y segundo niveles de la PFP La Unidad de Desarrollo de la Dirección General de Control de Confianza aplicó esa valoración, a la que acudieron tres inspectores generales, 67 inspectores en jefe, 49 inspectores, un comandante de región, cuatro subdirectores, 98 segundos comandantes, cinco comandantes de destacamento y cinco pilotos helicopteristas El documento correspondiente, con sellos de la PFP, se denomina Evaluación aplicada al personal de la Coordinación de Seguridad Regional Informe de resultados, e incluye estudios psicológicos, poligráficos y toxicológicos, entre otros Algunas de sus conclusiones son: De los 232 mandos evaluados, 210 (905%) "no son aptos" para ocupar su cargo; de esos 210, 82% aceptó haber cometido faltas que van desde recibir dádivas de 10 mil a 20 mil pesos por alterar partes informativos en accidentes, infracciones o recuperación de vehículos robados, hasta otras más graves, como permitir el paso de armas en vehículos Así mismo, a 7% de los "no aptos" se les clasificó así por "su actitud durante el examen, pues en todo momento respondieron no a lo que se les preguntaba, además señalaron que tan sólo era un requisito para continuar en la institución y que no les afectaría que los corrieran porque se pueden dedicar a sus negocios o bien interponer un amparo y por su antigüedad que tienen piensan que no se les harían nada" Un total de ocho mandos de la PFP resultaron aptos, pero con observaciones, es decir, se condujeron con la verdad en el estudio poligráfico, pero reconocieron que recibían dinero de subordinados, proporcionaban información confidencial, alteraron partes de accidentes o incurrieron en abuso de autoridad Del resto de los evaluados, 13 fueron reexaminados y otro no concluyó la evaluación De los 232 evaluados, 224 presentaron "detecciones técnicas" en el polígrafo cuando se les preguntó si protegían a personas involucradas en el narcotráfico, vinculadas al tráfico de mercancía ilegal o con el robo a autotransportes durante el último año Respecto de la escolaridad de los mandos examinados, sólo 6% tienen licenciatura y 21% licenciatura trunca; 43% cursaron bachillerato completo y 10% bachillerato trunco; el resto contaba con carreras técnicas y secundaria El 73% tiene entre 46 y 60 años de edad El examen psicológico arrojó que al menos 87% de dichos mandos de la PFP no son aptos, principalmente porque no toleran situaciones de presión, su capacidad de decisión es baja y tienen problemas con figuras de autoridad, porque no aceptan normas Más de la mitad mostró serios problemas para relacionarse con su grupo de trabajo y para mantener bajo control sus impulsos Lo más grave es que ninguna autoridad emprendió acciones con base en tales resultados Ese estudio le fue entregado al comisionado de la PFP en la época de Zedillo, el almirante Wilfrido Robledo, quien hizo intentos infructuosos por romper las redes de control de esa mafia; también se le entregó a los dos secretarios de Seguridad Pública Federal del gobierno foxista, Alejandro Gertz Manero y su sucesor Ramón Martín Huerta, pero ninguno de ellos le ha dado una solución definitiva al problema Incluso, Gertz Manero les restituyó el uniforme y las insignias a los expolicías de caminos a los que Robledo había ordenado usar la vestimenta gris de la PFP y los movilizó de sus territorios de control, se informó en la SSP A la llegada de Fox, al pasar la PFP de la Secretaría de Gobernación a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, Gertz asumió simultáneamente el cargo de comisionado de la PFP Al ser nombrado como titular Ramón Martín Huerta, se nombró como comisionado al almirante José Luis Figueroa Cuevas, quien meses después tuvo que abandonar el cargo tras la controversia por el caso Tláhuac En su lugar, Martín Huerta dio posesión al general de División Tomás Valencia Ángeles Crimen organizado oficial Ese estudio confidencial del año 2000 confirmó que la limpieza en la PFP era "urgente e inaplazable" e incluía el apartado Personal señalado por sus compañeros por participar en ilícitos Ahí se enlistaban 83 servidores públicos vinculados al narcotráfico, tráfico y protección, robo de autotransportes, tráfico de indocumentados y extorsión Uno de ellos fue acusado de pertenecer al cártel del Golfo Por ejemplo, se menciona a "Arizpe Mireles, robo de tráileres y narcotráfico" Aunque la lista no contiene el nombre de pila, parece referirse a Antonio Arizpe Mireles, exdirector en la desaparecida Policía Federal de Caminos a quien se investigaba por su presunta protección al cártel de los Arellano Félix, de acuerdo con reportes de prensa También se incluye a Adolfo Meza Abadía, por "narcotráfico" En una revisión en internet se encontró que él era inspector jefe de la Comisaría del Sector Irapuato de la PFP en 2004, y en enero de ese año participó en la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil del mismo municipio Otro señalado por realizar "operaciones de narcotráfico" es René Garza de la Garza, quien al menos hasta noviembre de 2004 era comandante de la PFP, área de Caminos, en Monclova, Coahuila En cuanto a Carlos Lomelí Ramírez, se registra que "sus subalternos tienen tratos con narcotraficantes A él le han dado hasta 4 mil dólares Hace un año, su segundo comandante le arregló una cita (sin su consentimiento) con el narcotraficante 'Osiel', quien le prometió enviarle un mueble (automóvil) si 'se llevaban bien'" En la lista se señala a Reynaldo Ascencio Cavazos como "parte del cártel del Golfo" y a Rodrigo Alcaraz Ojeda, comandante de la Comisaría de Nogales, Sonora, se le acusa de "protección al narcotráfico" Se trata de señalamientos graves: unos oficiales denuncian que el personal del AICM está vinculado al "mercado negro" de refacciones; los comandantes de Ensenada y Tijuana se dedican "al narcotráfico"; en el destacamento en Orizaba, Veracruz, "consumen cocaína algunos compañeros"; el oficial Ernesto Duarte López Portillo "dice tener un pariente cercano a los Arellano Félix"; elementos de Durango "consumen cocaína"; efectivos de Reynosa "consumen cocaína a discreción" También se da cuenta de integrantes de la corporación vinculados al tráfico de indocumentados y al robo de tráileres Falta de compromiso La Propuesta de inteligencia estratégica elaborada en enero de 2005 tiene como antecedente el documento confidencial de 2000 y señala que éste "refleja un mal detectado desde el mismo nacimiento de la PFP hace cinco años, y que nunca hubo el propósito de corregirlo" Una de las principales conclusiones señala que "la gran oportunidad de la SSP y la PFP pasó al no darle el golpe definitivo a la corrupción policiaca, cuando se permitió, supuestamente para no provocar inestabilidad, que permanecieran los integrantes de La Hermandad y Las Cofradías Estos grupos de policías corruptos, integrantes de las élites de alto mando, siempre se han construido a imagen y semejanza de los que existieron en corporaciones ya extintas, como la DIPD de Alfonso El Negro Durazo o la Dirección Federal de Seguridad de Miguel Nassar Haro aunque no necesariamente los integrantes de La Hermandad de la PFP provienen de dichas corporaciones" En consecuencia, dice el análisis, "la lógica de la impunidad entre delincuentes y policías se robustece" en la percepción ciudadana Particularmente, se fortalece la idea de que "los gobiernos más recientes y en especial el de Vicente Fox, no pueden cumplir su función de proteger a la sociedad, porque no han sido capaces de detener la corrupción y el contubernio criminal en las instituciones encargadas de la seguridad" La propuesta plantea líneas de acción para combatir a la llamada Hermandad del Polvo Blanco mediante una depuración a fondo, a fin de fincarles responsabilidades y desvincularlos de las redes de corrupción Si bien no identifica por su nombre a los "10 principales líderes de la Hermandad del Polvo Blanco", advierte que, para removerlos, la depuración iniciaría con las delegaciones de la PFP en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde esta mafia goza de un amplio control Para ello sería necesario que un grupo especial desarrollara labores de inteligencia y contrainteligencia desde fuera de la SSP, con la fachada de periodistas de un programa radiofónico llamado Así es, una de cuyas características sería "apoyar de manera implícita o explícita, según sea el contexto, al secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, así como sus políticas y medidas en contra de la delincuencia" Adicionalmente, la estrategia plantea poner en marcha en la SSP un programa de calidad administrativa que permita promover a los líderes de La Hermandad para enviarlos a cursos, diplomados y simposios con una duración mínima de tres meses Todo ello a fin de alejarlos de su red de control y así facilitar las investigaciones Sin embargo, se aclara que los cursos propuestos "no deberán ser potencialmente peligrosos" ni convertirse, en manos de los policías corruptos, "en un arma en contra de la ciudadanía y la institución" El objetivo de la iniciativa, que no ha logrado el apoyo decisivo en la SSP, sería "investigar el modus operandi de los integrantes de la Hermandad del Polvo Blanco, documentar casos concretos de contubernio de altos y medios mandos policiacos con el crimen organizado (así como) determinar el árbol genealógico criminal de los infiltrados en la PFP" Los estudios, en manos del titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, concluyen que haber mantenido "intactas" a esas cofradías de policías corruptos en la PFP "ha generado el que hoy en día sean destacados participantes en el crimen organizado del país" Y concluye: "Al paso del tiempo, lejos de disminuir el número de integrantes de esta sociedad criminal y ver reducida su área de influencia, ésta se ha incrementado debido a la debilidad, falta de compromiso, intereses políticos o tal vez temor de los funcionarios de la PFP o de la SSP que no han querido enfrentarlos" l

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