Jalapa, Ver , 11 de agosto (apro)- La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México (Amarc), demandó al gobierno federal una reforma normativa para solucionar la creciente demanda de la ciudadanía para operar sus propias estaciones radiofónicas El organismo informó que aun cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha emitido once permisos para radios comunitarias, es indispensable impulsar una política pública para medios en manos de la sociedad civil El pasado 10 de agosto, la SCT entregó a la radio comunitaria Omega Experimental, de Texcoco, Estado de México, el permiso para operar y brindar servicio al sector juvenil y campesino de la zona, con lo que dio cumplimiento a la demanda de la Amarc-México, que solicitó 11 autorizaciones La representante de la Amarc-México, Aleida Calleja, señaló que el otorgamiento de permisos a emisoras comunitarias es apenas una solución coyuntural, "pues aún prevalecen serios vacíos jurídicos para que otras comunidades y grupos ciudadanos puedan acceder a la utilización de frecuencias para uso social" Precisó que en tanto no se establezcan "criterios objetivos, públicos y transparentes", y se acoten los márgenes de discrecionalidad de parte de las autoridades competentes, "las autorizaciones seguirán a disposición de la voluntad política, vulnerando con ello el estado de derecho" Al mismo tiempo, señaló, en México siguen privando condiciones sumamente restrictivas para que las emisoras comunitarias puedan tener mecanismos diversos de sustentabilidad Es decir, aclaró, la figura de los permisos está diseñada para medios públicos que cuentan con subsidio para su operación y mantenimiento Aunado a ello, cuestionó, las radios comunitarias se encuentran sujetas a todas las obligaciones impuestas por la ley, obteniendo cambio derechos sumamente limitados, poniéndolas, en la práctica, en condiciones de iniquidad para su operación y desarrollo Para la Amarc-México toda situación es consecuencia de un marco normativo que no responde a las condiciones actuales del país y tampoco responde a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, pensamiento y derecho a la información El reto, opinó, es establecer políticas de Estado que brinden condiciones de equidad e igualdad de oportunidades a los proyectos sociales que sostienen grupos ciudadanos que generan los contrapesos "a los abusos del poder local que mantienen una violencia institucionalizada como los cacicazgos, las paupérrimas condiciones laborales, la falta de acceso a servicios mínimos de salud y educación", entre otras Ante esta situación, dijo que tanto el poder Ejecutivo federal como el Legislativo, tienen la obligación y la responsabilidad de actualizar las leyes en la materia, que garanticen el efectivo ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, "así como poner freno a la política estatal que ha generado situaciones sumamente graves" Entre otras, refirió, los asesinatos de periodistas, el cierre ilegitimo de medios a través de acciones poco transparentes que acotan la pluralidad informativa y la situación de los medios de Estado y comunitarios, que operan bajo condiciones totalmente discriminatorias"