Exigen a la SHCP liberar recursos adicionales para universidades

sábado, 13 de agosto de 2005
* El diputado Martínez della Rocca afirma que de los 8 mmdp asignados por el Congreso, ni un solo peso ha sido entregado Tuxtla Gutiérrez, Chis , 12 de agosto (apro)- El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez della Rocca, exigió al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, libere los recursos adicionales para las universidades, los cuales ascienden a cinco mil millones de pesos En el marco del segundo Foro de la Consulta Nacional sobre Diagnóstico, Normatividad y Propuestas Legislativas para la Educación, convocado por la Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Martínez della Rocca, mejor conocido como "El Pino", exigió que Gil Díaz entregue los recursos que corresponden a un primera entrega de los ocho mil millones de pesos adicionales asignados para todas las instituciones de educación superior en México Martínez della Rocca recordó que los recursos adicionales para este 2005 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 20 de diciembre del 2004, y ahí viene el monto asignado a todas y cada una de las universidades públicas e instituciones del nivel superior que existen en todo el país Se quejó que de los ocho mil millones de pesos adicionales asignados ?cinco mil en una primera entrega-- "ni un solo peso de esos recursos han llegado a las universidades" Consideró como un crimen para el sistema educativo mexicano retener recursos que prometieron entregar "de inmediato", cuando hacen falta becas, equipo de cómputo, aulas, mobiliario y demás material de apoyo para la academia y la investigación Es lamentable que en México, "teniendo 100 millones de habitantes, sólo se producen cada año poco más de mil 200 personas con postgrado, en tanto que España, que tiene poco más de 40 millones de habitantes, produce más de seis personas con postgrado cada año" Exigen libertad de maestros Por otra parte, Martínez della Rocca y sus compañeros perredistas Iván García Solís y Emilio Zebadúa, exigieron hoy al gobernador Pablo Salazar la libertad de cuatro maestros de la Sección 7 del SNTE; y privilegiar el diálogo antes que la represión García Solís exhortó al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía para que cesara la represión en Chiapas contra las voces disidentes y, en especial, contra el sector magisterial de la Sección 7 Dijo que sólo en un estado autoritario se privilegia el uso de la fuerza pública como instrumento de represión antes que el diálogo y la negociación para resolver los conflictos; y eso fue precisamente lo que ocurrió en Chiapas al detener a cuatro maestros como rehenes Martínez della Rocca expuso que en este país se persigue desde 1968 a la gente que piensa diferente, y que él, por causa de ello estuvo más de dos años y medio preso en Lecumberri En la tribuna miró de frente al secretario Gobierno, Rubén Velázquez López, y le "rogó" desde ahí en "nombre de la Comisión de Educación, de los universitarios, de los ciudadanos y ciudadanas, liberar de inmediato" a los cuatro maestros presos en el penal de El Amate Pidió retomar el diálogo con los mentores Ever Vicente Escalante, Rubén A Cruz Trigueros, Samuel Velázquez Jacob y Víctor Manuel de Jesús González García, fueron detenidos el 21 de marzo pasado, acusados de motín, sedición, despojo y asonada, por la toma de un edificio público regional de la Secretaría de Educación en la ciudad serrana de Motozintla García Solís advirtió que no puede haber educación plena cuando se persigue y encarcela a los maestros que luchan por mejores condiciones laborales y mayores recursos para el sector educativo Después, Emilio Zebadúa sostuvo que el gobernador Salazar debe poner freno a la embestida desatada contra algunas voces disidentes del sector educativo, como lo hizo recientemente también contra los maestros y alumnos de la Universidad Indígena de Chiapas Dijo que la demanda de sus compañeros diputados federales es legítima y el gobernador chiapaneco debe atenderla, pues a todas luces es considerado que la captura y reclusión de los docentes responde más a intereses políticos que legales

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