Censura la CROC sentencia a favor de Salvador Gámez

miércoles, 11 de enero de 2006
* Demanda reabrir el caso México, D F, 10 de enero (apro)- Confrontado con Salvador Gámez Martínez, dirigente de miles de "sindicatos de protección", por la titularidad del contrato colectivo de trabajadores de McDonalds, que tienen un "contrato blanco", la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) censuró la sentencia absolutoria a favor del líder sindical acusado de corrupción de menores El Comité Ejecutivo Nacional de la CROC exigió reabrir el caso "y aplicar todo el rigor de la ley contra el delincuente", así como terminar con los "contratos de protección", pese a que el difunto dirigente croquista, Alberto Juárez Blancas quien, según denuncias, habría recibió el pago de un millón de dólares a cambio de ceder a Salvador Gámez el contrato colectivo de la empresa estadunidense de comida rápida instalada en México En un comunicado, la CROC destaca que la sentencia absolutoria incide negativamente en la vida democrática del sindicalismo mexicano, por lo que pide "revocar" el fallo y "aplicar todo el rigor de la ley a Gámez Martínez" Añade que, además de los cargos de corrupción de menores, Gámez enfrenta denuncias por la operación fraudulenta de al menos 600 "contratos de protección" en perjuicio de no menos de 30 mil trabajadores del sector aéreo, comunicaciones y servicios, entre otros Laura Hernández, secretaria de Desarrollo del Empleo de la CROC, manifestó su inconformidad por la liberación del pseudo líder sindical y convocó a organismos sindicales, civiles, académicos y defensores de los derechos humanos, a realizar un plantón este jueves frente al Reclusorio Oriente, en apoyo de las víctimas "No creemos que la sentencia absolutoria sea legal, por lo que estamos llamando a la movilización sindical y se aplique el principio de `cero tolerancia a la impunidad`", dijo Adela Vivanco, de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de la CROC Inclusive, la confederación está convocando a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que fijen una posición al respecto

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