* La periodista inventó que se violaron derechos, aduce director de la Judicial México, D F, 24 de enero (apro)- Adolfo Karam Beltrán, director de la Policía Judicial en Puebla, afirmó hoy que no existe ningún problema para que autoridades de la Procuraduría local declaren, en caso de ser requeridas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de Lydia Cacho Ribeiro El jefe policiaco dijo que durante la detención y proceso contra la periodista no se violentaron sus derechos humanos, pues le proporcionaron alimentación, atención y comunicación con sus defensores Recordó que cuando Lydia Cacho se entrevistó con la senadora Lucero Saldaña, le refirió que no tenía quejas de la Policía Judicial Sin embargo, "ahora inventa cosas de que fue incomunicada, que no comió y que no se le dieron medicamentos Eso no es verdad", adujo Karam Beltrán consideró que nadie debería ser llamado para declarar sobre este caso ante instancias internacionales, empero afirmó que, de ser requeridos, se presentarán para demostrar la forma en la que trabajaron "Se actuó como en todos los casos; se presenta una denuncia, se investiga y, si hay pruebas, se consigna Después se integran las órdenes de aprehensión, y así es para todo ciudadano; no fue el gobierno del estado el que la acusó", comentó Afirmó que hasta el momento no han recibido notificación sobre el caso, y refirió que, para ellos, el de Cacho Ribeiro está cerrado, por lo continúan con sus actividades normales después de que el juez turnara el expediente a Quintana Roo Como se recordará, Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre en Cancún, a través de un operativo de la Policía Judicial para trasladarla a Puebla, en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por la jueza Rosa Celia Pérez El empresario Kamel Nacif acusó a la escritora de difamación y calumnias, al vincularlo, en su libro "Los demonios del Edén", con un pederasta preso, pero Cacho fue exonerada del delito de calumnia, y sólo continúa el juicio por difamación Sin embargo, la juez de la causa se declaró incompetente, y lo turnó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, donde la periodista había pedido seguir el procedimiento, por temor a represalias y a una mala investigación de las autoridades de Puebla