* Evalúan proyecto piloto del Alto Comisionado de la ONU Oaxaca, Oax , 27 de enero (apro)- En reformas legislativas, o en acciones inmediatas, habrá de derivar el proceso de revisión iniciado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, así como con grupos de la sociedad civil, en aras de alcanzar beneficios para los pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de administración y procuración de justicia El coordinador del proyecto, Félix Hernández Pizarro, declaró lo anterior, y agregó que ya existe un proceso de "construcción de acciones" positivas en un tema específico como son los derechos de los pueblos indígenas, y eso es algo trascendental Por lo pronto, reconoció que a casi un año de iniciado el plan piloto de la Organización de las Naciones Unidas, de una población aproximada de 5 mil presos en Oaxaca, mil 38 fueron entrevistados, de los cuales 670 son indígenas Sin embargo, aclaró que este proyecto piloto tiene previsto un año más de acompañamiento a las conclusiones, que se dedicará a las acciones, ya que no quieren que pase lo que con otros diagnósticos, que se vuelven "de escritorio" Pero para el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Amerigo Incalcaterra, las conclusiones deben tener una viabilidad de acciones para que esos derechos se concreten en cosas reales, tangibles, palpables, porque si no, se vuelve a cometer el error de hacer un análisis más Destacó que el diálogo que han sostenido con los gobiernos y organizaciones civiles va encaminado a un proceso de construcción con viabilidad y con participación de todos Recordó que a raíz del diagnóstico para los derechos humanos que emitió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, en marzo del 2005, se inició en Oaxaca un proyecto de procuración y de administración de justicia para los presos indígenas Explicó que entre los objetivos de este proyecto es tratar de identificar las problemáticas generales que enfrentan los presos indígenas dentro de un proceso penal en un sistema justicia occidental Hernández Pizarro detalló que el proyecto piloto consta de dos etapas: la primera que esta próxima a concluir en marzo, fue un año de investigación sobre la problemática, y la segunda consta del acompañamiento a las instituciones para el fortalecimiento del sistemas de justicia penal respecto de los procesos A la fecha, sostuvo, han trabajado ampliamente en el desarrollo de esta investigación, en que entrevistaron a mil 38 presos en todo el estado, y se han analizado también sus correlativos expedientes penales, todo ello mediante una metodología y fichas de investigación previamente establecidas De igual forma, se tomó en cuenta la opinión de los actores del sistema, como son magistrados, jueces, ministerios públicos y defensores, tanto del nivel federal como estatal Al mismo tiempo, agregó, desarrollaron entrevistas en las comunidades a través de una muestra, tomando en cuenta la etnia y la región del estado, e igualmente se contrató a abogados bilingües El objetivo fundamental es tratar que los resultados traigan un beneficio a los presos en materia de acceso a la justicia, puntualizó Destacó que "lo que estamos tratando de identificar son problemáticas sistémicas, de fondo, y que evidentemente puede llevarlos a reformas legislativas o acciones de política pública"