* Después de casi medio siglo, la disputa limítrofe que mantienen ambas entidades está en ceros * Se dirimirá en el ámbito político bajo el arbitrio del Senado de la República Colima, Col , 30 de enero (apro)- Después de casi medio siglo de un conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco ?los últimos ocho años por la vía judicial a través de una controversia constitucional interpuesta por la segunda entidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)--, la disputa cambia de escenario y ahora deberá resolverse en el ámbito político, bajo el arbitrio del Senado de la República El cambio es consecuencia de la reciente reforma realizada a los artículos 46, 73, 76 y 105 constitucionales, donde se otorga al Senado la facultad de establecer los límites territoriales y dirimir las controversias en esta materia entre los estados del país De acuerdo con el senador colimense Héctor Michel Camarena, autor de la iniciativa, la reforma constitucional dejó al conflicto limítrofe como al principio, "en ceros", ya que no habrá ninguna resolución de la Suprema Corte, pues ésta deberá turnar el expediente a la Cámara de Senadores, donde se iniciará otro proceso con una nueva expectativa La superficie que el estado de Jalisco reclama al de Colima es de 407 kilómetros cuadrados, que representa casi 8 por ciento del territorio total de esta última entidad, de 5 mil 455 kilómetros cuadrados En la década de los 60, en tiempos del exgobernador Francisco Velasco Curiel, el conflicto limítrofe fue más declarativo Ambos estados se acusaban, pero no recurrieron a las vías legales Durante décadas, el conflicto vivió varias etapas que no rebasaron el ámbito de las declaraciones políticas de las dos partes A principios de los noventa, sin embargo, en el contexto de una de las crisis más graves, los gobiernos de ambos estados formaron comisiones integradas por abogados e historiadores para buscar solución al diferendo, pero éstas se disolvieron después de algunos encuentros Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, en octubre de 1997 e Jalisco solicitó oficialmente a Colima la restitución del terreno en disputa por la "vía amistosa" La negativa del gobierno colimense provocó que las autoridades jaliscienses promovieran una controversia constitucional ante la SCJN, que fue admitida el 9 de enero siguiente bajo el expediente 1/98 No obstante, se desistieron de ésta y posteriormente interpusieron otra que quedó registrada en el expediente 3/98 En los límites del municipio colimense de Minatitlán y el jalisciense de Cuautitlán, se encuentra la mitad de los terrenos en disputa, que albergan uno de los yacimientos de hierro más ricos del país, cuya explotación realiza el consorcio "Benito Juárez Peña Colorada" y la empresa "Minera de Monterrey" El gobierno de Jalisco pide la restitución de 40 mil 646 hectáreas de terreno, ubicadas en la cuenca del río Minatitlán ?donde se localiza el yacimiento ferroso?, así como en la costa y el Volcán de Fuego, donde hay grandes riquezas forestales y una importante infraestructura turística, incluido el aeropuerto internacional de Manzanillo y el megadesarrollo turístico Isla Navidad Más allá de las riquezas, en la zona hay ocho pequeñas comunidades, a cuyos habitantes les ha tocado padecer las presiones de ambos gobiernos y la incertidumbre de no saber a qué estado pertenecen, especialmente los de Las Pesadas, Platanar y Plan de Méndez, ubicados entre los municipios de Minatitlán y Cuautitlán Desde 1990, los habitantes de Las Pesadas denunciaron ante organismos de derechos humanos su situación: "En esta tierra de nadie, donde no se sabe si es de Jalisco o de Colima, hemos aprendido una cruda verdad: No siempre los que viven en tierra rica son los que mejor viven Al contrario, la riqueza de nuestras tierras ha sido la desgracia de nuestra historia Haber nacido aquí en Las Pesadas significa estar condenados a la miseria, la represión, el terror y el exterminio "Cuentan que los conquistadores vivían sedientos de oro y en su locura por adueñarse de todo, no les importaba matar o acabar con los pueblos Aquí la historia se repite, sólo que el oro no es el motivo, sino el hierro Hace apenas 20 años que llegó ese monstruo de ?Peña Colorada? que está despierto día y noche (Esta empresa minera) está derrumbando los cerros y en su enfermedad, entre más traga, más quiere "Los ingenieros dicen que lo mejor de la mina está aquí, abajo de nuestras casas Para la empresa minera ?Peña Colorada? y la ?Minera de Monterrey?, el futuro de Las Pesadas sólo será un montón de metal allá abajo en Manzanillo, listo para embarcarse" A raíz de esas denuncias, a principios de los 90, cuando Colima era gobernada por Carlos de la Madrid, ambas entidades decidieron crear una policía interestatal, la cual tenía facultades para actuar en la zona limítrofe en disputa Con el tiempo desapareció Con el apoyo de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos (AJDH), habitantes de Las Pesadas denunciaron desde 1990 ante la Comisión Nacional del ramo, la CNDH, el "hostigamiento" de la Policía Judicial de Colima y de las autoridades municipales de Minatitlán contra los jefes de familia de ese poblado, lo que provocó "constante zozobra ante las amenazas de desalojo" En su recomendación 122/95, dirigida a los gobernadores de Colima y Jalisco el 27 de septiembre de 1995, la CNDH consideró "de capital importancia" determinar "a la brevedad y de manera definitiva" los límites entre los dos estados, ya sea por vía de concertación entre ambos gobiernos, o mediante un procedimiento ante el Congreso de la Unión o la SCJN "Lo anterior es fundamental --precisó el organismo--, ya que los pobladores de Las Pesadas tienen todo el derecho de saber con precisión qué autoridades y qué tienen para poder cumplir debidamente sus obligaciones públicas; y conocer las instancias a las que deben acudir para la solución de distintos problemas, especialmente, en los aspectos de abastecimiento de agua potable, de seguridad pública, adecuada prestación de servicios médicos y de procuración de justicia" Así mismo, la comisión sugirió que en tanto se resolvía la controversia de límites, se establecieran acuerdos de coordinación sobre la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente de seguridad pública en el rancho Las Pesadas, que garanticen la integridad física y patrimonial de sus pobladores Más de dos años después de la recomendación, el gobierno de Jalisco interpuso ante la SCJN la controversia constitucional contra el de Colima, con el reclamo de una franja de más de 40 mil hectáreas Sin embargo, no se establecieron los acuerdos señalados a ambos gobiernos para la prestación de servicios, por lo que en este sentido la CNDH tiene catalogada hasta la fecha esa recomendación como de "cumplimiento insatisfactorio" De acuerdo con el organismo de derechos humanos, el gobierno colimense se negó a establecer los convenios sugeridos para la prestación de los servicios públicos A través de los oficios DGG-368/99 y DGG-375/00, del 20 de julio de 1999 y del 29 de junio de 2000, el entonces director general de Gobierno de Colima, José Gilberto García Nava, notificó a la CNDH que no sería posible suscribir los acuerdos de coordinación con las autoridades de Jalisco sobre la prestación de servicios públicos, en virtud de que se encuentra sustanciándose la controversia constitucional, de cuyo resultado el gobierno de Colima estará pendiente para determinar el cumplimiento de ese punto Debido a esto, la CNDH informó al gobierno de Colima mediante el oficio V2/026225 que por lo que a él respecta, la recomendación se considera de "cumplimiento insatisfactorio" En sus investigaciones, la comisión también acreditó que los habitantes de la zona de Ayotitlán, Jalisco, carecen de servicios médicos fijos; y que por los conflictos territoriales han perdido la vida alrededor de 25 personas, y "se han cometido distintos delitos, generados por la misma situación que se vive, y que por la indefinición de límites existen también problemas jurisdiccionales" En consecuencia, recomendó al gobernador de Jalisco iniciar las averiguaciones previas tendientes a esclarecer los presuntos homicidios señalados por los pobladores del ejido Ayotitlán, así como diversos delitos que manifestaron pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio; que se integren las indagatorias a la brevedad y, en su momento, se resuelvan conforme a derecho, además de continuar e intensificar la prestación de servicios médicos y de salubridad general en el ejido de Ayotitlán, así como en zonas aledañas al mismo, en donde el Gobierno de Jalisco ejerza jurisdicción También en este punto la Comisión consideró las acciones del gobierno jalisciense como "cumplimiento insatisfactorio" de la recomendación, pues no fue satisfecha en sus términos la integración de las averiguaciones previas a la brevedad y su resolución conforme a derecho, pese a los requerimientos formulados en diversos momentos por la CNDH