El seguro del miedo

domingo, 8 de enero de 2006
Ya sea por cargo de conciencia o por simple sentido de previsión, centenares de funcionarios de primer nivel de la actual administración federal están muy preocupados por su futuro dentro de la burocracia foxista Este miedo, que cobra fuerza ante la posibilidad de que el gobierno del cambio sea desplazado en las próximas elecciones presidenciales, los ha llevado a contratar un peculiar seguro Se trata de un servicio que ofrece protegerlos de eventuales procesos administrativos o penales relacionados con su gestión pública En la medida en que se acerca el fin del gobierno de Vicente Fox y se incrementa la efervescencia política rumbo a 2006, cada vez más funcionarios federales de primer nivel están contratando el llamado Seguro de Responsabilidades y Gastos de Defensa Legal para Funcionarios Públicos, a fin de protegerse en caso de enfrentar procesos de responsabilidad administrativa o penal como consecuencia del ejercicio de su gestión Así lo confirma Jorge R Bellot, presidente del Grupo Cardinal, la empresa privada que desarrolla el seguro La demanda ha crecido en parte por esta preocupación de que cada día que pasa es un día más cerca del precipicio, dice el empresario Si cambia el partido en el poder, el próximo gobierno va a poner más cuidado en revisar las decisiones tomadas durante el actual sexenio, pronostica el presidente de dicha aseguradora La preocupación principal es que sólo queda un poco más de un año de esta administración y la mayor parte de los funcionarios de nivel alto tendrá que entregar su puesto Algunos consideran que están asumiendo riesgos personales muy importantes por trabajar en el sector público Además, les preocupa quedarse sin ingresos en casos de enfrentar un proceso de responsabilidad administrativa, añade Bellot Por esta razón, más de 350 funcionarios de primer nivel del actual gobierno han comprado el referido seguro Pero la demanda ha ido en aumento conforme se acerca el final de la administración panista En la actualidad estamos recibiendo cerca de 50 solicitudes por semana, y va aumentando el número de manera continua, precisa Bellot El seguro salió a la luz pública a principios de octubre, precisamente cuando se conoció que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, lo utilizó para enfrentar un procedimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) La dependencia multó al canciller con 30 mil pesos por una irregularidad en la que se vio involucrada su antecesora, la actual secretaria general del PRI, Rosario Green: la promoción de un funcionario que no cumplía con la normatividad del servicio profesional de carrera En ese caso, el seguro cubrió a Derbez el monto de esa multa Antecedente La Fundación Nacional de Servidores Públicos, AC (Funser) asumió un papel activo en la difusión del seguro Creada en este sexenio, cuenta con casi 700 miembros, funcionarios de casi todas las secretarías de Estado y organismos descentralizados La mayoría de sus directivos se identifica con el Partido Acción Nacional, pero hay afiliados que simpatizan con todas las organizaciones políticas, y tiene presencia en delegaciones federales de 10 estados de la República Su directiva está conformada por 40 funcionarios públicos, de los cuales 14 son subsecretarios de Estado; entre sus integrantes también se encuentran los secretarios de Economía, Sergio García de Alba, y el de Trabajo y Previsión Social, Francisco Salazar Sáenz Uno de los asegurados, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente de Funser y subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), señala que el propósito es que en los próximos meses -antes de que concluya la administración- la totalidad de los afiliados cuente con dicho seguro Entre los miembros de la mesa directiva de Funser -muchos de los cuales ya estarían asegurados- se encuentran los subsecretarios Antonio Ruiz García y Francisco López Tostado, ambos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Rolando Ocampo Alcanzar, de la Secretaría de la Reforma Agraria Así mismo, forman parte de la directiva Jorge Fernández Varela, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; María Guadalupe Chequer y Roberto Anaya Moreno, de la SFP; Enrique Ruelas Barajas, de la Secretaría de Salud; Fernando Tudela Abad, de la Secretaría del Medio Ambiente, y Felipe González González, subsecretario de la Secretaría de Gobernación Además, estarían integrados Juan Carlos Murillo Flores, asesor de la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República; Ramón Zamanillo Pérez, director general de Diconsa; José Luis Luege, secretario de Medio Ambiente; Jorge Ocejo Moreno, coordinador de asesores del director general de Pemex, y Rosendo Villarreal Dávila, director general de Administración de Pemex, entre muchos otros Por razones de confidencialidad, Bellot se reserva los nombres de sus clientes -aunque lamenta que el presidente Fox no ha comprado su seguro y sería un halago anunciarlo como uno de nuestros clientes-, pero confirma que varios de los asegurados son secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores de algunas dependencias, directores generales y directores de área La mayoría de los contratantes labora en la Secretaría de Energía, Hacienda, Sedesol y Medio Ambiente Por su perfil, están excluidas las dependencias vinculadas con la seguridad, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas Hasta el momento, dice el asegurador, su empresa ha atendido procesos de responsabilidades de aproximadamente 10% de sus clientes Muchos funcionarios solucionaron las responsabilidades que les fincaron con información y aclaración de las dudas, aunque otros han requerido asesoría legal o pago El subsecretario Sánchez Díaz de Rivera indica que el propósito de su fundación es contribuir a la eficiencia del gobierno, pero la promoción del seguro entre sus agremiados ha sido una de las demandas más importantes desde que surgió, hace aproximadamente año y medio Considera que asegurarse es una necesidad Es por si las dudas, por si se requiere, indica el funcionario, quien no cree que la razón fundamental sea el temor a venganzas políticas del próximo gobierno Aunque no desconocemos que en algunas personas eso puede activar la demanda por el seguro, que el entorno está de tal magnitud que pudiera haber venganzas de los partidos o gente en lo particular, reconoce También se queja de que en aras de la fiscalización se llega al extremo de imponer sanciones absurdas, y que al arranque del gobierno llegaron a aplicarse mecanismos que provocaron cierta parálisis en la toma de decisiones, aunque considera que eso ha tendido a normalizarse De acuerdo con información de la SFP, de diciembre de 2001 a octubre pasado, a 24 mil 361 funcionarios se han aplicado 31 mil 159 sanciones De ellas, 2 mil 918 han sido apercibimientos, 8 mil 250 amonestaciones, 5 mil 755 suspensiones, 2 mil 307 destituciones, 4 mil 866 sanciones económicas y 7 mil 63 inhabilitaciones Incluso, la dependencia ha llevado 79 casos ante las autoridades judiciales, los cuales involucraban a 366 servidores públicos y a 56 particulares En una respuesta por escrito, una fuente de la SFP advirtió que el referido seguro no es ilegal A la SFP no le compete ser juez y parte en este tema Entre otras responsabilidades, la SFP tiene la obligación de fiscalizar que haya un sano ejercicio de los recursos públicos y de sancionar a aquellos funcionarios que incurran en irregularidades La defensa que cada uno de ellos haga de sus casos es un derecho constitucional, y corresponde también decidir la forma o los mecanismos legales a cada uno de los que hayan incurrido La misma fuente aludió a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para asegurar que no se tienen datos de si los funcionarios cuentan o no con este tipo de seguros, y señala que tampoco se les puede pedir esa información, aun cuando algunas de las reuniones con la aseguradora se realizan en las instalaciones de las dependencias y en horas de oficina Como Proceso logró documentar, así sucedió en la SRE, donde una reunión entre la aseguradora y clientes potenciales se llevó a cabo el martes 18 de octubre, a las 10:00 horas, en el auditorio Adolfo García Robles de la cancillería La invitación fue enviada a mandos medios y superiores de la secretaría por Alberto del Castillo, director general de Servicio Exterior y Personal Nueva clase política En lo que se refiere a la filiación partidista de sus clientes, Bellot advierte que los hay de todos los partidos políticos, pero la gran mayoría, dice, corresponde a funcionarios que iniciaron su experiencia en el servicio público durante el gobierno foxista Los servidores públicos que vienen de gobiernos anteriores casi no adquieren el seguro; si tienen 20 años en el servicio público no quieren, porque creen conocer todo sobre el servicio público, asegura En opinión del presidente del Grupo Cardinal, es recomendable que los actuales funcionarios contraten el seguro cuando aún se encuentren en activo Considera que el cambio de gobierno podría afectarles cuando ya no estén en su cargo, no porque hayan hecho cosas indebidas, sino porque lo que hicieron correctamente puede implicar una responsabilidad si no siguieron un simple procedimiento El empresario expone que no es un seguro diseñado para cometer actos ilícitos: Los delitos dolosos, como robo, fraude o cohecho, están excluidos del seguro Da ejemplos de cómo opera: El director del proyecto Cantarell de Pemex recibió la información, del Centro de Huracanes de Miami, de que un huracán de peligrosidad 4 iba justamente en la dirección de la zona de producción petrolera en el Golfo de México Él reunió a todos los responsables de las plataformas petroleras en Ciudad del Carmen y les pidió que protegieran al personal y las instalaciones Cada uno regresó a su plataforma y contrató lo necesario para la emergencia Antes de llegar, el huracán se desvió y no causó daño en las plataformas petroleras A los funcionarios de Pemex les fincaron responsabilidades por tres razones: una, porque licitaron la contratación de embarcaciones para desalojar las plataformas; dos, porque gastaron dinero que no había sido necesario gastar, puesto que el huracán nunca llegó, y tres, porque pararon la producción y causaron un daño patrimonial a Pemex Después de un proceso que duró alrededor de ocho meses, durante el cual estuvieron inhabilitados -continúa Bellot-, la conclusión fue que dichos funcionarios actuaron correctamente Sin embargo, habían contratado abogados cuyo costo nadie les reembolsó, y no recibieron sueldo durante ocho meses Por su parte, Sánchez Díaz de Rivera narra el caso de un director general a quien se le fincaron responsabilidades y fue sancionado antes de haberse asegurado Al final él ganó, pero no sin antes gastar 300 mil o 500 mil pesos en su defensa, y pues con eso tiene uno para que no sea suficiente la disculpa de 'perdone usted' Otro caso, comenta, es el de un funcionario de Sedesol en un estado, que por razones de trabajo viaja con frecuencia a la Ciudad de México Como tiene casa en la capital del país, prefiere hospedarse en su casa; incluso ello implica un ahorro para el erario, pero la SFP sospechó que el funcionario había incumplido en la comprobación de sus gastos de hospedaje y le inició un proceso; incluso tuvo que justificar que tiene casa en México Igual sucedió con un funcionario que ante el surgimiento de los huracanes recientes decidió sacar dinero para que su personal comiera, pero como no cumplió con el procedimiento para pedir autorización o le faltó la factura, le fincaron responsabilidades, y ahorita ya lleva gastados 200 mil pesos en defenderse, dice el subsecretario Blindaje al primer nivel El presidente de Funser advierte que, en la actual administración, la Secretaría de la Contraloría -denominada ahora Secretaría de la Función Pública- puso en marcha mecanismos de fiscalización más rigurosos ante la desconfianza en las estructuras del gobierno, lo cual en cierto momento provocó parálisis en la actuación pública, pues nadie quería tomar decisiones; sin embargo, eso también implicaba incurrir en responsabilidades por omisión Hasta la administración anterior, la Secodam (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) era una dependencia que tenía el expediente de los servidores públicos perfectamente identificados y lo usaba cuando era conveniente Hoy está revisando verdaderamente y profundizando en las revisiones, pero hasta el extremo de establecer responsabilidades absurdas, afirma Al respecto, Bellot dice que el problema es el temor que tienen muchos funcionarios a tomar decisiones, y por eso muchas cosas en el país se paralizan La idea es que puedan actuar sin la preocupación de que tomar las decisiones los va a meter en problemas El seguro cubre los gastos de defensa legal que requiera el funcionario sobre el cual se inició un proceso administrativo, las fianzas o cauciones, así como las multas para resarcir un daño al Estado y las que pudieran surgir en el desempeño de sus funciones por daños a terceros en sus bienes o en personas También ofrece una compensación por inhabilitación por un período de tres meses, y el Grupo Cardinal aporta sus abogados en el caso de que el asegurado lo solicite Sólo mandos altos y medios del gobierno pueden tener acceso a este servicio, de jefes de departamento a secretarios de Estado Su precio varía de acuerdo con la suma asegurada: El costo más alto de la dependencia más cara es de aproximadamente 45 mil pesos al año El más barato es de 4 mil 500 pesos al año, dice Bellot La tasa que debe pagar cada funcionario no sólo depende de su cargo, sino del grado de responsabilidad o del impacto en las decisiones que tiene la dependencia Por ejemplo, no es igual el riesgo que enfrenta un subsecretario de Hacienda a uno de Reforma Agraria, que son justamente los extremos en la tasa de coste La póliza de mayor costo tiene una cobertura límite de 50 millones de dólares l