Medina Mora y Cárdenas Batel violentaron derechos en Sicartsa: CNDH

sábado, 14 de octubre de 2006
México, D F, 13 de octubre (apro)- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó que el operativo policiaco-militar desplegado el 20 de abril pasado contra los mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, fue aplicado, coordinado y dirigido por la Policía Federal Preventiva (PFP) La incursión de la fuerza pública en la siderúrgica dejó un saldo de 2 muertos y 54 heridos, los más por arma de fuego En su recomendación 37/2006, dirigida al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y al gobernador Lázaro Cárdenas Batel, la CNDH sostiene que las autoridades federales y locales involucradas vulneraron los derechos fundamentales relativos a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica previstos en el marco legal mexicano, en contra de personas identificadas como trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas Más aún, documentó conductas que dan cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la autoridad, en que se advierte que servidores públicos de la Policía Federal Preventiva (PFP) portaban armas de fuego en los hechos del 20 de abril de 2006 Así mismo, se acreditó que fue ese cuerpo policial el que encabezó el operativo, tal y como consta en los documentos "Plan de acción operativo para restablecer el orden en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán", suscrito por el personal de la PFP, y en la "Orden general de operaciones", elaborada por el director de Seguridad Pública y Tránsito de Michoacán, lo cual también consta en los testimonios recibidos de las personas agraviadas y de los elementos policiacos del gobierno estatal Entre las evidencias reunidas durante la investigación --iniciada de oficio--, se cuenta con material de video y fotografías digitalizadas, aportados por la Procuraduría local, que contienen imágenes captadas el 20 de abril de 2006 durante el operativo en Lázaro Cárdenas Quedó establecido que servidores públicos de la PFP, así como los del gobierno del estado, que participaron en los hechos del 20 de abril de 2006, no actuaron con apego a los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de su cargo que los obliga a cumplir con la máxima diligencia el servicio que les fue encomendado, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o de incumplir cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público

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