México, D F, 24 de octubre (apro)- Un reciente estudio de más de cien cuartillas elaborado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y especialistas del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) sobre la calidad de transparencia de las instituciones conocidas como "otros sujetos obligados" (OSO) se ha convertido en un tanque de oxígeno para el cuestionado Consejo General del IFE, encabezado por Luis Carlos Ugalde Montado en la promoción de este estudio ?que ubica al IFE como la institución "más transparente" entre 16 organismos autónomos, las dos cámaras del Congreso de la Unión, universidades y tribunales especializados--, Ugalde tuvo el desatino de afirmar que las boletas emitidas durante esa jornada deberán ser destruidas "por ley", a pesar de estar pendiente una resolución de la Suprema Corte sobre la solicitud de acceso de cerca de 800 organismos civiles, de la revista Proceso, y de que el propio candidato ganador de la contienda, Felipe Calderón, le envió una carta al IFE solicitándole que se emitiera un acuerdo para que no se destruyeran las boletas Para Ugalde la discusión del "conteo ciudadano" de las boletas se resuelve con el "estricto apego" a la ley y, en particular, con lo que determina el artículo 254 del Cofipe No importa que existan vacíos y contradicciones jurídicas en esta materia No importan las críticas recibidas por especialistas en materia de acceso a la información frente a la respuesta del IFE a Proceso, del pasado 6 de septiembre, en la que el instituto determina que las boletas "no se ajustan a la definición legal de documento" Quizá para Ugalde y algunos integrantes del Consejo General del IFE las boletas deben ser una especie de telegramas privados que los ciudadanos depositan en una urna, y no un documento que confirma la condición del voto como el acto más importante de ejercicio de la soberanía popular Tampoco le ha importado a Ugalde que exista una fuerte corriente de opinión pública que demanda el recuento ciudadano para conocer la "verdad histórica" del proceso del 2 de julio, aun cuando el Tribunal Electoral haya dado su "verdad jurídica" Al realizar estas declaraciones, Ugalde adelantó su posición frente a la resolución que deberá tomar "en las próximas semanas" el Comité de Transparencia del IFE ?formado por los propios integrantes del Consejo General-- frente al debate del recuento ciudadano Ugalde también aprovechó la ocasión para desestimar las versiones que piden la remoción de los nueve integrantes del Consejo General por su pobre y cuestionada participación durante la crisis postelectoral del 2 de julio Y lanzó otra desafortunada declaración: "Los consejeros electorales, por Constitución (sic), son permanentes en su cargo" Lo único transparente en estos posicionamientos es la defensa a ultranza de Ugalde de su cargo, su desdén frente a las solicitudes ciudadanas del recuento de las boletas, el síndrome del 88 que él mismo quiere revivir con la destrucción de las boletas y un nada velado oportunismo para utilizar el estudio del IFAI y del CIDE ?institución a la que, por cierto, él perteneció-- como maquillaje para inducir el debate no sobre la "transparencia del IFE", sino sobre el derecho de los ciudadanos a conocer, más allá de los procedimientos legales, cuál es la verdad histórica de la contienda presidencial más reñida en la historia del país Hay algunas consideraciones que realizar sobre este estudio y la pretensión de Ugalde de utilizarlo como escudo protector: El estudio no es sobre la "transparencia del proceso electoral", sino sobre 136 variables relacionadas con la formalidad y no con el fondo en materia de acceso a la información: la calidad de las instituciones en materia de transparencia; impacto de los principios de publicidad y transparencia en el diseño institucional; integración formal de los principios de publicidad y transparencia; impacto normativo; calidad de acceso a la información; y congruencia entre el marco normativo y "acción organizacional" (sic) dirigida a la atención de los usuarios El estudio no problematiza ni analiza el proceso electoral porque tampoco era su intención un balance en esta materia Estudia a las instituciones en el cumplimiento de un marco normativo previamente dado El estudio no se pronuncia sobre la solicitud del recuento ciudadano de las boletas electorales En este tema, la última palabra no está dicha Existe una clara contradicción entre lo que se señala en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, posterior al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ¿Cuál es la prisa de Ugalde para adelantar una posición al respecto? ¿Por qué no esperar a que la Suprema Corte establezca un criterio jurídico más claro? Tampoco el estudio se pronuncia sobre la permanencia o remoción de los consejeros electorales del IFE Este es un asunto que, en última instancia, lo decidirán las mismas fuerzas partidistas que son corresponsables en la integración sesgada del Consejo General, en octubre de 2003 Por último, es claro para distintas organizaciones ciudadanas y observadores extranjeros ?como son los casos de Global Exchange y el Comité Conciudadano-- que los indicios de fraude en los comicios del 2 de julio no se relacionan con "el alto grado de transparencia del IFE", sino en prácticas políticas mucho más profundas y opacas que, al parecer, fueron compartidas por algunos de los integrantes del Consejo General: la incapacidad de frenar prácticas como la compra y coacción del voto; la mercantilización de las campañas a través de la compra de tiempo en los medios electrónicos, que derivó no sólo en dispendio sino en la conformación de la publicidad negativa como principal inductor del odio entre seguidores de uno y otro partido; el activismo del presidente de la República a favor del candidato del PAN ?reconocido por los propios magistrados del Tribunal Electoral-- y la insuficiente capacitación de los ciudadanos responsables de las mesas de casilla, así como la falta de cobertura de los propios partidos Comentarios: jenarovi@yahoocommx