México, D F, 9 de octubre (apro)- A escasas cinco semanas de las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos, y ante la eventualidad de que los demócratas pudieran recuperar la mayoría en una o ambas Cámaras, la administración Bush y los congresistas republicanos adelantaron la aprobación de dos iniciativas de ley que permiten, por lo menos en el corto plazo, continuar con las medidas de excepción contra las que conciben como amenazas externas a su seguridad nacional Esta vez tocó el turno a la "Ley de Comisiones Militares 2006", una normativa redactada en forma ambigua que, pretendiendo reglamentar el trato a los llamados "combatientes enemigos", deja todos los huecos legales posibles para garantizar la impunidad de sus captores estadunidenses; y la autorización para la construcción de un muro de 1,200 kilómetros en la frontera con México que, en lugar de una reforma migratoria, deberá impedir no sólo el flujo indocumentado de los mexicanos, sino de todos los que llegan por vía terrestre del sur Ambas iniciativas, como puede suponerse, desataron la crítica no sólo de los opositores demócratas, sino de organizaciones de derechos civiles y humanos, nacionales e internacionales; de académicos y medios de prensa liberales; de grupos de migrantes en general y, particularmente, de la comunidad hispana, y hasta del propio gobierno de México, que vio en esta última pretensión un gesto más que poco amistoso Aunque muchos creen que las dos iniciativas tienen ante todo tintes electoreros para mandar un mensaje de "firmeza" a los sectores más conservadores y temerosos de la sociedad estadunidense, lo cierto es que, desde que declaró su guerra contra el terrorismo, la pinza del republicanismo duro instalada en la Casa Blanca y el Congreso no ha reparado en leyes propias o ajenas, o en roces diplomáticos, para imponer su criterio Pero este enfoque de cómo enfrentar las amenazas externas ?o internas? a su seguridad, va mucho más allá de una coyuntura electoral, y ha creado en Estados Unidos un debate no sólo político, sino académico- jurídico, sobre la forma en que debería manejarse un fenómeno de riesgo que promete ser indefinido, sin mantener la legalidad del país, y a sus ciudadanos, en un estado de excepción permanente En un ensayo publicado por The New York Review en julio pasado, por ejemplo, David Cole, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown y autor de dos libros sobre la guerra contra el terrorismo y las libertades constitucionales, reflexiona que "la amenaza de ataques terroristas puede ser algo con lo que tenemos que aprender a vivir" Esta perspectiva, dice, sólo hace más importante que se encuentren medios para enfrentarla, "que concuerden con nuestros principios más arraigados" No se trata de un fenómeno de corto plazo que requiera de sacrificios temporales, con la promesa de un eventual retorno a la normalidad, sino de una condición de largo plazo, continúa Cole, y cita al vicepresidente Dick Cheney, uno de los principales artífices de la guerra antiterrorista, quien la definió como "la nueva normalidad" El hecho, dice el profesor, es que la improbabilidad de que esta amenaza terrorista ceda pronto ?o alguna vez? hace de la "guerra contra el terror" una guerra como ninguna otra Nunca es posible preveer cuando terminará una guerra, pero ésta puede no terminar nunca Y cita al presidente Bush, quien dijo que "no terminará hasta que todo grupo terrorista de alcance global haya sido encontrado, detenido y derrotado" Ese día, asegura Cole, nunca llegará Y eso no sólo se refiere al fundamentalismo islámico, sino que "el desarrollo de armas de destrucción masiva, ha hecho que sea cada vez más fácil para grupos pequeños o, inclusive, para individuos que actuan solos, provocar daños devastadores" Es decir, que cualquiera que desee atacar a Estados Unidos y tenga acceso a este tipo de armas, en algún momento podría hacerlo Los comentarios de Cole se dan dentro de una polémica con otro profesor de derecho, Bruce Ackerman, de la Universidad de Yale, quien recientemente publicó un libro titulado Antes del próximo ataque: preservando las libertades civiles en una época de terrorismo, en el que propone una "Constitución de emergencia" A su juicio, ataques terroristas como los de Al Qaeda no deberían verse ni como actos de guerra, como los ha manejado la administración Bush, ni como simples actos criminales, como pretenden algunos defensores de los derechos civiles, sino como algo intermedio: ataques armados que crean una "emergencia" política Este tipo de ataques, explica, no plantean una "amenaza existencial" a la nación; no existe el riesgo de que Al Qaeda asuma el poder gubernamental Sin embargo, significan un desafío para su "soberanía efectiva", al poner en duda la capacidad del gobierno para proteger a su propio pueblo Consecuentemente, ni un modelo de guerra ni el habitual sistema de justicia parecen adecuados Más bien, dice el catedrático de Yale, se requeriría la creación de autoridades de emergencia temporales, para asegurar a una ciudadanía presa del pánico que el Estado podrá restaurar rápidamente el orden y mantener el control De otra manera, advierte, inevitablemente el gobierno sobrerreaccionará, empleando una retórica de guerra para justificar medidas extraordinarias que socavan las libertades civiles Todas las Constituciones del mundo, incluyendo la estadunidense, observa Ackerman, adolecen de una normativa adecuada para enfrentar este tipo de emergencias políticas, por lo que propone, nada menos, un cambio al sistema constitucional Desafortunadamente, polemiza Cole, si bien se trata de un diagnóstico incisivo del problema, dicha propuesta no haría nada para resolverlo Y continúa: "Despojada de su propia retórica, la solución que Ackerman ofrece a un vacío constitucional, resulta ser poco más que una fallida ley de detención En lugar de resolver la sobrerreacción frente a amenazas terroristas, su propuesta probablemente la exacerbaría, al dejar manos libres a funcionarios de gobierno para detener a miles de ?sospechosos de terrorismo?, sin tener que responder a ninguna Corte sobre la base factual de estas detenciones Y su plan no haría nada para frenar a funcionarios de gobierno de ejercer poderes extraordinarios y socavar las libertades fundamentales" Medidas de excepción Mientras en los círculos jurídicos se desarrolla este tipo de debates, en los hechos el gobierno ha procedido ya a tomar medidas de excepción, basadas efectivamente en una retórica de guerra que justifica el menoscabo de las libertades individuales: reorganizó la burocracia federal de seguridad; incrementó la seguridad fronteriza y aeroportuaria; redujo las barreras para el intercambio de información entre agentes policiales y de inteligencia; prohibió el financiamiento de organizaciones terroristas; amplió las prohibiciones al lavado de dinero; envió informantes encubiertos a las mezquitas; realizó escuchas telefónicas secretas; detuvo sin juicio a "combatientes enemigos" en bases de Guantánamo, Afganistán e Irak; realizó asesinatos selectivos de presuntos miembros de Al Qaeda; creó una red secreta de centros de detención en el mundo donde "desapareció" a sus líderes; empleó tácticas coercitivas de interrogación, incluyendo la tortura, y entregó a sospechosos a terceros países para que fueran torturados ahí Si bien en los últimos años Estados Unidos ha tenido sus propios terroristas locales y la principal preocupación sobre la violación a las libertades civiles concierne a los ciudadanos norteamericanos, lo cierto es que el paquete de medidas de excepción creado por la administración Bush después del 11 de septiembre, se orienta muy claramente hacia personas o grupos de origen extranjero y, en particular, aquellos de filiación árabe o musulmana Y a esos casos se refiere fundamentalmente la Ley de Comisiones Militares 2006, que contraviene el fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Hamdan vs Rumsfeld, el cual se opone al deseo del gobierno de juzgar a ciudadanos extranjeros detenidos en Guantánamo (y otras bases) ante tribunales militares La Corte determinó que estas comisiones, constituidas conforme a una orden militar dictada por el Presidente en noviembre de 2001, eran ilegales, ya que no habían sido expresamente autorizadas por el Congreso y violaban el derecho internacional y la legislación militar de Estados Unidos Con su aprobación, este argumento queda por lo menos parcial y momentáneamente superado, aunque se espera todavía una larga batalla legal, ya que organizaciones defensoras de los derechos humanos esperan que esta ley sea promulgada para buscar que la Suprema Corte la declare inconstitucional Para Amnistía Internacional, no hay duda: en la práctica, la ley aprobada "da el visto bueno a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Washington en su guerra contra el terror, lo coloca al margen de la legislación internacional y promueve una mala legislación nacional" Entre otras cosas, la iniciativa dispone que, aparte de la restringida revisión judicial prevista en la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005, "ningún tribunal ni juez tendrá competencia para ver ni examinar ninguna demanda, ni siquiera una petición de habeas corpus, pendiente o presentada tras la fecha de promulgación de esta ley, contra Estados Unidos o sus agentes, interpuesta por un extranjero detenido en calidad de combatiente enemigo ilegal o en su nombre, en relación con algún aspecto de la detención, traslado, trato o condiciones de reclusión del extranjero" Al ser aprobada, dicha iniciativa reformaría la Ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos, dado que contiene una lista de "violaciones graves" al Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, que se refieren a "los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes" El gobierno, por su parte, afirma que el objetivo es dar "claridad y certeza" a esta ley, "en bien del personal estadunidense que se ocupa de las personas detenidas en el contexto de la guerra contra el terror" Sin esta claridad, continúa, su aplicación podría "verse influida por interpretaciones variables de tribunales y gobiernos ajenos a Estados Unidos" Tanto en el caso de la aprobación de la Ley de Comisiones Militares 2006 como en la de la construcción de un muro fronterizo para frenar la inmigración ilegal, se trata, por lo tanto, de dar base legal a una situación de excepción no sólo ante las propias leyes, sino ante la normativa internacional, para actuar contra ciudadanos de terceros países O sea, para Estados Unidos, el ejercicio absoluto del poder y la impunidad total