En la cárcel, los primeros acusados de genocidio en Guatemala

lunes, 13 de noviembre de 2006
Ciudad de Guatemala, 13 de noviembre (apro) - Ángel Aníbal Guevara, coronel y exministro de la Defensa durante el sangriento gobierno militar de Romeo Lucas García ?de 1978 a 1982--, y el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional durante el mismo periodo, se convirtieron en los primeros militares guatemaltecos --acusados por la audiencia española de crímenes de guerra-- en ser tocados por la justicia Desde el martes 7, Guevara, de 81 años, guarda prisión en un Centro Preventivo de Guatemala: lo capturaron después que se presentó voluntariamente al Tribunal Quinto de Sentencia Chupina, de 82 años, fue sacado en silla de ruedas de su casa, y se refugió en un hospital cercano en donde permanece desde el martes detenido Son las primeras dos aprehensiones de cuatro que deberá ejecutar la policía guatemalteca, respondiendo a las órdenes de captura emitidas el lunes 6 de noviembre por el Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala, contra Guevara, Chupina, Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el gobierno de Lucas García, y Oscar Mejía Víctores, gobernante golpista de agosto de 1983 a enero de 1986 Las primeras detenciones de los militares guatemaltecos se dieron más de cuatro meses después que el juez español Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, emitiera, en julio de 2006, una orden de captura internacional contra ocho militares y civiles guatemaltecos acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales, y casi siete años después que Rigoberta Menchú, acompañada por familiares de víctimas de la guerra, presentaran ?en diciembre de 1999-- la denuncia por genocidio ante la Audiencia Nacional de España Pedraz realizó, a finales de junio de 2006, una visita a Guatemala en la que esperaba tomar la declaración a los militares y civiles acusados Las audiencias, que se celebrarían entre el 26 y el 4 de julio, fueron frenadas mediante recursos interpuestos por la defensa de los exjefes policiales, militares y expresidentes guatemaltecos El militar de más alta jerarquía perseguido por el fallo judicial, el exmandatario de facto Oscar Humberto Mejía Víctores, se libró de ser aprehendido en su casa gracias a errores en la gestión de la orden de allanamiento a su vivienda, en una zona residencial de la ciudad de Guatemala, que debió cumplirse el martes 7 Fue hasta el jueves 9 por la tarde que la policía logró entrar al apartamento del general, pero no lo encontraron ahí El otro perseguido por la orden de captura, Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, uno de los más temidos cuerpos de represión, logró escapar a tiempo Tres allanamientos que la policía realizó en viviendas de su propiedad, en el municipio de Santa Rosa, departamento de Escuintla, no lograron ubicar a Arredondo, quien fue, hasta principios de la década, un alto cuadro del Frente Republicano Guatemalteco, postulado por ese partido a la alcaldía de Nueva Santa Rosa, en el departamento de Escuintla, al sur de la ciudad de Guatemala Para los promotores de la persecución judicial y miembros de organizaciones de derechos humanos que la respaldaban, la resolución del tribunal guatemalteco se quedó corta, al haber excluido a uno de los principales acusados, el exgobernante golpista Efraín Ríos Montt, dirigente de uno de los tres principales partidos políticos de Guatemala, el Frente Republicano Guatemalteco, con presencia importante en el Congreso Tampoco se emitieron órdenes de captura contra Benedicto Lucas García, quien durante la gestión de su hermano Romeo fue jefe del estado mayor del Ejército y uno de los principales planificadores de la contrainsurgencia, ni contra Donaldo Álvarez, exministro de Gobernación y uno de los primeros implicados contra los que la Audiencia Española emitió orden de captura, detectado en México y prófugo de la justicia desde diciembre de 2004 Fernando Romeo Lucas García, quien murió el 27 de mayo, en Venezuela, ya no fue alcanzado por la acción judicial Los integrantes del Tribunal Quinto de Sentencia que emitieron las órdenes de captura, basaron su decisión de excluir a Ríos Montt en el hecho de que las autoridades españolas no aportaron información sobre la implicación del militar en dos de los hechos destacados en la orden de captura: el violento asalto policial a la Embajada de España y los asesinatos de ciudadanos españoles, perpetrados en un período en el que Ríos no llegaba aún al poder Los juzgadores "exoneraron al único de los acusados que tiene un pacto con el gobierno", cuestionó en un editorial, el 8 de noviembre, el diario La Hora, refiriéndose a los acercamientos sostenidos en los últimos años entre el presidente Oscar Berger y Ríos Montt, cabeza visible de la fracción legislativa del Frente Republicano Guatemalteco, aliada coyuntural de la bancada oficial La premio Nobel guatemalteca, y principal promotora de la demanda contra los exjefes civiles y militares contrainsurgentes, Rigoberta Menchú, sostuvo que la única razón para no haber pedido la captura de Ríos Montt "es política", y anunció que insistirán en la captura de éste, sobre la base de que las pruebas son similares para todos los sindicados Vocero de la Fundación Rigoberta Menchú, Eduardo de León dijo a Apro que la mayor demanda de la organización, una vez liberadas las órdenes de captura, es "que se actúe con prontitud, porque a estas alturas damos por prófugos de la justicia a Oscar Mejía Víctores y a Pedro García Arredondo, debido a deficiencias del Ministerio Público" También demandó "que la actuación de los tribunales guatemaltecos se haga con apego a derecho, de manera independiente y correctamente Lo que los tribunales guatemaltecos tienen que hacer respecto de las órdenes de captura del juez español, es sólo velar la forma y no conocer el fondo, porque eso es un asunto que compete a la Audiencia Nacional de España" De León planteó que errores en la solicitud de la Audiencia Nacional de España a las autoridades guatemaltecas sirvieron para no ejecutar la orden de captura contra Ríos Montt "Ahora estamos pidiendo que las órdenes se ejecuten en su totalidad contra todos los acusados", dijo Más allá de la denuncia por la masacre en la Embajada de España, perpetrada el 31 de enero de 1980, tras una violenta acción policial que buscaba desalojar a campesinos que protestaban dentro de la sede diplomática, y que culminó con la quema del edificio y la muerte de campesinos guatemaltecos y ciudadanos españoles, "nuestro planteamiento es que se juzgue a los acusados por genocidio, es el principal delito que se les imputa a estas personas, además de tortura desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, explicó de León" Planteó que si bien la exclusión de algunos acusados de genocidio les generó frustración, "creemos que el sistema de justicia guatemalteco ha dado un paso importante Se está dando validez al principio de la jurisdicción universal, algo que Guatemala no debe dejar de reconocer "Tenemos la convicción de que Audiencia Nacional de España va a subsanar los errores y a reiterar las órdenes de captura contra los que hacen falta Si ya esperamos siete años después de abierto el proceso, podemos esperar unos días" De León destacó que los promotores de la persecución contra los militares y civiles guatemaltecos acusados de genocidio, "estamos satisfechos, porque por primera vez los autores de actos de barbarie en nuestro país están a punto de rendir cuentas ante los tribunales, una petición de décadas de parte de las víctimas, sobrevivientes, familiares, y de la propia sociedad guatemalteca Ahora lo que viene es armar el expediente de extradición" De León desmintió que la exclusión de Ríos Montt y Donaldo Álvarez tenga que ver con que no hubieran estado involucrados en asesinatos de españoles y el asalto a la Embajada de España "No queremos hacer esa lectura, porque las órdenes de captura están fundamentadas en la resolución de la Corte que, el 25 de septiembre del 2000, ordenó a la Audiencia Nacional retomara la causa como estaba planteada, porque España tenía competencia para perseguir y juzgar delitos de lesa humanidad, no sólo contra víctimas españolas, sino de otros países" Originalmente, la justicia española había resuelto que tenía competencia para juzgar sólo los hechos que generaron víctimas de nacionalidad española Las órdenes de captura recientemente emitidas, derivan de una petición entregada a las autoridades guatemaltecas por el juez Santiago Pedraz, el 13 de julio de 2006, en la que se señala que entre enero de 1980 y septiembre de 1981, durante la gestión de Fernando Romeo Lucas García como presidente; Guevara como ministro de Defensa; Benedicto Lucas como jefe del estado mayor; Germán Chupina como director de la policía; Donaldo Álvarez, ministro de Gobernación, y en otro periodo más amplio, "desde la citada estructura gubernamental se entretejió un plan destinado a exterminar a la etnia maya, provocando desplazamientos forzados Ésta violencia se materializó en asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, haciendo del terror un modus vivendi No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban auxilio a los campesinos tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido" En esa resolución, Pedraz libró la orden de detención y entrega contra los cinco mencionados, además de José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores El 27 de octubre, la Cancillería de Guatemala envió a la Corte Suprema de Justicia la petición de orden de captura emitida por las autoridades españolas contra los implicados en los crímenes de guerra en Guatemala La Corte asignó la solicitud, el 31 de octubre, al Tribunal Quinto de Sentencia, el que emitió las primeras órdenes de captura seis días después Estas motivaron marchas y protestas de miembros de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, desaparecidos y asesinados, durante los años de guerra El miércoles y el viernes 10 salieron con pancartas a las calles Frente a la Corte Suprema de Justicia, el viernes, sobrevivientes, familiares de victimas de genocidio y de desaparecidos, indígenas provenientes de comunidades del interior del país y dirigentes de organizaciones de derechos humanos --como la Fundación Rigoberta Menchú, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y el Grupo de Apoyo Mutuo, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, así como miembros de organizaciones de víctimas de los departamentos de Rabinal, Comalapa, Quiché-- demandaron una vez más justicia, pero ahora ya con los primeros militares en la cárcel

Comentarios