Saltillo, Coah , 8 de noviembre (apro)- La iniciativa para reglamentar sociedades de convivencia entre parejas heterosexuales o de un mismo sexo, presentada ayer en el Congreso local, ha generado una polémica entre actores políticos, religiosos y sociales, a favor y en contra de la propuesta Fue la diputada local priísta, Julieta López Fuentes, quien presentó la iniciativa ante el pleno del Congreso local, lo que le generó críticas en su propio partido, por incluir normas que garantizan las relaciones homosexuales en materia de derecho familiar y hereditario Con base en el balance del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en 2003, López Fuentes establece que la comunidad homosexual representa el cinco por ciento de la población del país; considera la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que define la discriminación "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas" Con esos y otros argumentos sobre el incremento en el número de parejas en unión libre, López Fuentes presentó la iniciativa con el fin de que se incluya en el Código Civil de la entidad una figura denominada "Pacto civil de solidaridad", basada en una legislación francesa "Es importante dejar clara la idea de que la solidaridad busca un lazo estrecho con la tolerancia en la lucha contra la exclusión social, que a través de la historia hemos conocido, y seguimos siendo espectadores o, en algunos casos, partícipes en discriminar a las personas por motivos religiosos, de raza, ideología, preferencias sexuales, estatus económicos, por citar algunos ejemplos", explicó La propuesta contempla el reconocimiento de relaciones "extramatrimoniales" entre personas de diferente o un mismo sexo; para tutelar indemnizaciones, pensiones alimenticias, sucesiones, entre otros derechos, excluida la adopción que, según el Código Civil del estado, es posible para cualquier persona, en tanto la seguridad social queda fuera de alcance, debido a su regulación federal Las primeras reacciones se dieron en la clase política y la Iglesia Los alcaldes priístas de Saltillo, Fernando de las Fuentes, y Monclova, Pablo González, se pronunciaron en contra de la iniciativa, así como el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, además del obispo de Torreón, José Guadalupe Galván Galindo y el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, quienes convocaron a una conferencia de prensa para fijar su postura En tanto, el gobernador Humberto Moreira, estuvo a favor, al igual que el obispo Raúl Vera López, quien aclaró que la tutela a los derechos de los marginados es impostergable, siempre y cuando no se considere la figura de matrimonio, planteando un argumento semántico