México, D F, 12 de diciembre (apro)- Comunidades indígenas del estado de Guerrero resienten acoso y hostigamiento de militares como una de las secuelas del combate del gobierno federal al movimiento social que encabeza la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como "una reacción de contrainsurgencia", denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández En entrevista, Barrera Hernández señaló que, a partir de octubre pasado, la militarización de por sí común en la entidad, se acrecentó en los municipios de Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán, donde persisten "organizaciones civiles indígenas independientes y donde hay una policía comunitaria de 500 elementos armados, que siempre han sido vistos con sospecha por las autoridades federales, por su fuerte identidad indígena y autonomía" El defensor de derechos humanos dijo que, de "forma coyuntural al movimiento social en Oaxaca, el Ejército empezó a ocupar varias comunidades mixtecas y tlapanecas, pensando que en esas comunidades el movimiento oaxaqueño tenía su ala radical; es decir grupos armados, y que se iban a expresar públicamente" En octubre, cuando el movimiento de la APPO estaba en pleno auge, Tlachinollan recibió denuncias de tres indígenas en Ayutla y uno más en San Luis Acatlán, por hostigamiento de militares, que les exigen información de "encapuchados", como se denomina a los guerrilleros Se trata de quejas presentadas por los ciudadanos Paulino Felipe Rafael, de 26 años; el comisario de Barranca de Guadalupe, Vicente Díaz Luciano, y Raúl Lucas Lucía, comisariado de Coapinola, los tres de Ayutla, en tanto que la comunidad de El Progreso y San Luis Acatlán se quejaron por la militarización Todos los casos, advirtió Barrera Hernández, fueron presentados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que corresponde atender estos casos, "pero hasta ahora no hay ninguna respuesta, y lo peor del caso es que dejan a los ciudadanos en estado de indefensión porque les exigen demostrar que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, y esas versiones las ponen a disposición de los militares, quienes, por supuesto, las desvirtúan, y la CNDH cree en ellos y no en las víctimas" De acuerdo con las denuncias recabadas, dijo, "presentan un esquema contrainsurgente, responde al modelo de guerra de desgaste entre los pueblos mixteco y tlapaneco que ya lo han sufrido después de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero que en esta ocasión no ha sido tan descarnada "El esquema que siguen los mandos castrenses es invadir las comunidades, instalándose sin permiso en huertas de indígenas, dañando la economía de los pobladores porque depredan el lugar donde se instalan; hostigan a las familias, los amenazan de llevárselos detenidos a Chilpancingo si no denuncian a los encapuchados o, en todo caso, a quienes siembran enervantes", afirmó Y señaló que los municipios donde se ha incrementado la militarización son en aquellos lugares donde persisten organizaciones, "lo que implica que se sigue el modelo de criminalizar los movimientos sociales, tendencia que seguramente la vamos a ver incrementada durante la administración de Felipe Calderón", Antropólogo de profesión, Barrera Hernández criticó la presencia militar en la Montaña porque, "a pesar de que se incrementa día a día con el pretexto del combate al narcotráfico, vemos que la región sigue ocupando el primer lugar en la producción de enervantes, pero esa presencia afecta a la población porque nadie se hace responsable de los daños que los militares dejan en las comunidades" Además, cuestionó el trabajo de la CNDH, la cual "no tiene ninguna presencia en la región ni mecanismos para documentar las violaciones de los derechos humanos cometidos por los elementos castrenses" Lamentó que, pese a las denuncias contra la milicia desde 1996 que apareció el EPR, "no hay un solo elemento del Ejército castigado por casos que van de hostigamientos a torturas o violaciones sexuales, y en ello la CNDH tiene responsabilidad" Señaló que, además de los anteriormente señalados, derivados del combate a la APPO, Tlachinollan registró otros tres casos contra militares en el último año de gobierno de Vicente Fox, sexenio en el que se registraron casos graves, como violaciones a mujeres indígenas y asesinato a campesinos, hechos ocurridos en 2002, y que están siendo analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)