Una muerte lenta

domingo, 17 de diciembre de 2006
Aunque en el principio del fin de su poder Augusto Pinochet gozó de una coraza institucional fabricada para protegerlo, el exdictador padeció el repudio popular y, poco a poco, también embates jurídicos desde tribunales internacionales A su muerte, Chile continúa desmontando, en un proceso gradual pero hasta ahora sostenido, la estructura política del autoritarismo VALPARAÍSO, CHILE- Otrora poderoso como un rey, la muerte lo encontró temeroso, oculto y solitario Vivía en la paradoja de tener que parecer loco para seguir libre Si aparecía sano, hubiera acelerado su condena Todo le estaba vedado Hasta sus característicos chistes podrían perjudicarle: habrían sido muestra de lucidez En sus últimos meses sus ojos se evidenciaban cansados y perdidos Parlanchín como era, el silencio le provocaba sufrimiento Cosas del destino que se construyó: La muerte le llegó justo cuando Lucía, su mujer, celebraba sus 84 años Murió en el Día Internacional de los Derechos Humanos, medio país celebró su fin y no tuvo los honores que imaginó para sus restos el capitán general del ejército, el "padre del nuevo Chile" Es el sino de los grandes, dicen los suyos Es el justo final de un traidor, piensan los de la otra vereda Vivía encerrado, ya sea en su casa de Santiago o en rancho de Los Boldos, cerca de Valparaíso No podía moverse libremente A donde quiera que fuera recibía insultos En junio de 2003 viajó a la norteña y costera ciudad de Iquique para escapar del frío invierno santiaguino, pero no pudo disfrutar su estadía: sus muertos lo perseguían El 25 de aquel mes y mientras realizaba una actividad social de la fundación CEMA Chile, presidida por su esposa, se le acercó Dolores Cautivo Ahumada, quien le gritó a menos de un metro insultos de gran calado Ella es hermana de Salvador Cautivo, estudiante universitario que durante una protesta en 1988 fue muerto a balazos por carabineros "Si Pinochet hubiese sido juzgado y preso ?dijo esa mañana la hermana de Salvador? jamás hubiese yo ido a su lugar de reclusión a humillarlo o a hacer lo que hice, porque estaría pagando su crimen Pero se viene a pasear a Iquique como si fuera un turista más ¡No es posible! Si no hay justicia, hay que tomarla con nuestras propias manos" Al Hospital Militar, donde llegó el domingo 3 de diciembre tras sufrir un infarto al miocardio, Pinochet ingresó en calidad de detenido tras ser procesado por el ministro Víctor Montiglio debido a su participación culposa en el asesinato de dos guardias personales del expresidente Salvador Allende: Wagner Salinas y Francisco Lara, perpetrados en el contexto de la Caravana de la Muerte en Curicó, el 30 de septiembre de 1973 Pero al día siguiente la Corte de Apela-ciones de Santiago lo dejó en libertad bajo fianza, influida por la parafernalia comunicacional en la que derivó su infarto Sin embargo, un día antes de su deceso se conoció el fallo del mismo tribunal, que lo desaforaba en la causa que se le seguía por el secuestro y desaparición del sacerdote español Antoni Llidó en octubre de 1973 De él había dicho Pinochet en 1974, en respuesta a un cuestionamiento de los obispos Helmut Frenz y Fernando Ariztía: "Ese no es un cura, es un marxista" Y Remató: "Ustedes como son sacerdotes pueden ser misericordiosos pero yo que tengo la responsabilidad de todo el poder político, sé que es necesario torturar para obtener información" El otoño del dictador El año 1998 comenzó el declive de Pino-chet El 12 de enero de aquel año se presentaba la primera de las de más de 300 querellas que llegó a acumular en Chile La acción judicial la realizó la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, quien buscaba esclarecer el asesinato de la plana mayor del Partido Comunista en 1976, en el que fue conocido como el "caso de la calle Conferencia" En ese momento, dado el poder de Pinochet, nadie creyó que la acción rendiría frutos Más tarde, al desmontarse el aparato de lealtades que lo protegía, se demostraría la importancia de esta acción El 10 de marzo de ese año, Pinochet abandonó la comandancia suprema del Ejér- cito, que había sido su coraza por casi un cuarto de siglo Un día después asumía el puesto de senador vitalicio de la República, sitial sólo reservado a él Afuera del Con-greso Nacional, ubicado en Valparaíso, miles de personas protestaron y 500 de ellas fueron detenidas tras violentos incidentes En el hemiciclo del Senado, los legisladores de la oficialista Concertación por la Democracia rechazaron su presencia con fotos de detenidos desaparecidos, mientras Pinochet sonreía con sorna entre los parlamentarios derechistas que hacían las veces de guardaespaldas La sociedad chilena pudo entonces constatar con meridiana claridad el éxito del entramado construido por el dictador y lo endeble de las instituciones democráticas chilenas que surgieron al amparo de la Constitución Política de 1980 Era Chile una seudodemocracia o "democracia protegida", como la bautizó Pinochet al promulgar la carta fundamental Y de no haber sido por el viaje de Pinochet a Londres en octubre de 1998, es muy probable que el viejo orden hubiera demorado décadas en desarmarse El 16 de octubre de aquel año, por orden del juez Nicholas Evans, quien actuaba impelido por el juez español Baltazar Garzón, Pinochet era detenido en la London Clinic Garzón solicitaba su extradición para procesarlo por el homicidio de ciudadanos españoles En Inglaterra estuvo 503 días detenido y, aunque fingiéndose enfermo e inhabilitado consiguió volver a Chile el 3 de marzo de 2000, su imagen de invulnerable estaba muy deteriorada El gobierno de Chile, encabezado por Eduardo Frei, hizo todo lo posible por traerlo de vuelta con el compromiso de que sería juzgado en su país Y los tribunales tomaron la palabra Ape- nas llegado, debió enfrentar la justicia La primera semana de enero de 2001, Pinochet se declaró en rebeldía y señaló que no iba a presentarse al interrogatorio al que lo citó Juan Guzmán, juez instructor de la causa Caravana de la Muerte Entonces el jefe del ejército, Ricardo Izurieta, acompañado por el entonces jefe del Estado Mayor de la propia institución, Juan Emilio Cheyre, fue en un helicóptero Superpuma hasta la parcela de Pinochet en Los Boldos El mensaje fue claro: si su intención era desconocer el estado de derecho, el Ejército no lo respaldaría Debió someterse El mismo día, el Ejército reconoció que en los primeros años del golpe militar había arrojado aproximadamente 200 cuerpos al mar Estaba claro, Pinochet había perdido su poder Y aunque la Corte Suprema lo absolvió por razones de salud mental, el 1 de julio de 2002, en la causa Caravana de la Muerte, por la que estuvo 40 días en detención domiciliaria, no pasaría mucho tiempo para que fuera desaforado, procesado o detenido en otras causas: Colombo, Operación Cóndor, Villa Grimaldí, otros casos de Caravana de la Muerte, Riggs, Caso Berrios Su situación se agravó cuando un informe del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos, del 15 de julio de 2004, denunció que el general, bajo seudónimos, había hecho depósitos clandestinos de dinero en el Riggs Bank Y como si su vida estuviera marcada por este tipo de cruces, el origen de esta investigación se origina en el "otro 11 de septiembre" En efecto, los atentados de 2001 activaron investigaciones que permitieron descubrir las citadas cuentas, aun cuando su objetivo era determinar si el citado banco participó en la cadena de lavado de dinero utilizada para financiar las actividades terroristas que acabaron con las torres gemelas de Nueva York Después de esto, nadie quiso que lo relacionaran con él: No daba réditos Joaquín Lavín, dos veces candidato presidencial de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), basó sus campañas en el alejamiento de su figura Llegó a decir que, como todo chileno que ha cometido delitos, "Pinochet debe ser juzgado" Y es que para este sector político, que no gana una elección desde que el 4 de septiembre de 1958, cuando Jorge Alessandri le ganó a Salvador Allende por 30 mil votos, la única posibilidad de recuperar por las urnas el poder es acercándose al centro político Y este sector forma parte del 70% de los chilenos que tiene una mala impresión de Pinochet y su legado La familia Pinochet-Hiriart se ha visto gravemente afectada por el deterioro de la situación procesal del general Su esposa y tres de sus hijos están encausados en el proceso sustanciado por el ministro Carlos Cerda, quien investiga el enriquecimiento ilícito de Pinochet y su entorno Aunque al exdictador se le sobreseerá por fallecimiento, su familia heredará las deudas al erario público que deja Pinochet y las causas judiciales en las que sus miembros aparecen relacionados Su esposa, Lucía Hiriart, está procesada desde enero de este año como cómplice en la evasión tributaria de su marido Tres de sus hijos (Marco Antonio, Verónica e Inés Lucía) están sometidos a proceso por evasión tributaria Marco Antonio, además está acusado de usar pasaportes falsos Inés Lucía, para evitar ser detenida, viajó el pasado 25 de enero a Estados Unidos, donde pidió asilo político Allá fue arrestada y trasladada al Centro de Detención de Arlington, Virginia, donde permaneció dos días y recibió tratamiento de rea común Al desistir de su solicitud de asilo, la mayor de los hijos del matrimonio Pinochet-Hiriart fue regresada a Santiago, donde permaneció un fin de semana tras las rejas Esto da cuenta de la fragilidad y aislamiento en la que se encuentra la otrora familia más poderosa de Chile El hundimiento Paralelamente a la caída de los Pinochet, se ha desmontado de forma lenta pero sostenida el andamiaje institucional que sostenía al pinochetismo El más grande daño infligido a la herencia de éste es la derogación tácita que ha sufrido la Ley de Amnistía, dados los fallos de tribunales de Justicia que desde 1998 vienen desconociendo su aplicación, en la misma medida que reconocen el derecho internacional humanitario El decreto ley 2191 de amnistía, que fue promulgado el 19 de abril de 1978, es una ley de autoperdón, toda vez que sus principales beneficiarios son los oficiales involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos en la primera etapa del gobierno militar Esta ley fue aplicada sin cuestionamiento por los tribunales militares durante todo el período dictatorial (1973-1990) Con la transición a la democracia, la situación no varió mucho En un fallo del 24 de agosto de 1990, el pleno de la Corte Suprema ratificó la vigencia de la amnistía, cuando tuvo que tratar la presentación de un recurso de inaplicabilidad en una causa sobre 70 personas que fueron desaparecidas entre 1973 y 1977 Los familiares de aquellos desaparecidos señalaron en su presentación que, entre otros puntos, la amnistía desconocía convenios internacionales ratificados por Chile, como la Convención de Ginebra Al justificar su decisión de validar el decreto ley de amnistía, la Corte Suprema señalaba que los convenios de Ginebra, que son ley en Chile desde abril de 1951, cuando fueron publicados en el Diario Oficial, no son aplicables en los casos reclamados puesto que en Chile no habría existido un conflicto armado definible como guerra interna, requisito indispensable, según la corte, para darle aplicabilidad a lo acordado en Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial Este fallo originó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó el 15 de octubre de 1996: "El acto de poder mediante el cual el régimen militar que se instaló en Chile, dictó en 1978 el denominado Decreto-Ley 2191 de autoamnistía, es incompatible con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por ese Estado el 21 de Agosto de 1990" Y agregó que las decisiones del máximo tribunal chileno "agravan la situación de impunidad" y "violan el derecho a la justicia que les asiste a los familiares de las víctimas de identificar a sus autores y de que se establezcan sus responsabilidades sanciones correspondientes, y obtener reparación judicial por parte de éstos" Junto con esto, la CIDH recomendó a Chile adaptar su legislación con el objetivo que violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar puedan ser investigadas, y sus responsables castigados La situación de impunidad tendió a cambiar en 1998, cuando se registró el primer fallo del máximo tribunal que desconoce la aplicación de la amnistía con base en la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos respecto de la ley interna Fue en el caso de la desaparición de Pedro Poblete Córdova En esa ocasión, la sala penal del máximo tribunal ordenó reabrir el sumario de la causa que investigaba Desde entonces, tal posición se ha vuelto predominante en los tribunales chilenos, y tanto que ya hay tres causas en las que la Corte Suprema ha ratificado condenas en casos de detenidos desaparecidos: los secuestros calificados de Miguel Sandoval Rodríguez, Diana Aarón y Jorge Espinosa Méndez, casos en los cuales la Corte Suprema dictaminó que el delito se sigue cometiendo mientras no aparezca el afectado, lo que no da lugar ni a la amnistía ni a la prescripción Estos fallos prácticamente aseguran el castigo de los crímenes en los procesos por desaparición forzada Además, la amnistía acaba de recibir un golpe de muerte con el fallo de la Corte Suprema del reciente 14 de diciembre, en el que condena a los responsables del asesinato de dos estudiantes en Valdivia en diciembre de 1973 Cabe recordar que ya en octubre pasado Chile había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia en el caso del asesinato de Luis Almonacid Arellano La citada corte castigó el hecho de que la justicia chilena aplicara en 1998 la amnistía a los autores de su homicidio En su dictamen, ese tribunal señaló que Chile, en cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos en materia de derecho humanos, tiene la obligación de anular los efectos jurídicos de la ley de amnistía Y el pasado miércoles 13 de diciembre el gobierno de Chile despachó al Congreso un proyecto interpretativo de la ley de amnistía que busca anular sus efectos jurídicos Junto al desmoronamiento de la impunidad, se han producido importantes transformaciones en la institucionalidad política de Chile Por medio de las reformas constitucionales del 26 de agosto de 2005 se eliminó la figura de los senadores designados, que hasta marzo pasado eran casi 20% de los integrantes de ese órgano legislativo También se acortó el mandato presidencial de seis a sólo cuatro años; se restauró la tradicional atribución del presidente de la República de remover a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, y se modificó la composición del Consejo de Seguridad Nacional, reduciendo la presencia castrense en el mismo y limitando sus atribuciones Sin embargo, el enclave autoritario más importante del período dictatorial todavía no es reformado Se trata del sistema electoral binominal, que rige la elección de parlamentarios Consiste en que en cada distrito de diputados y circunscripción de senadores se elige a dos representantes Para que un partido obtenga ambos lugares, debe superar al menos por el doble a su rival más cercano Pero, por ejemplo, si un partido saca 30% y el otro 59%, cada uno elige a un representante, lo que entre otros efectos también deja a las organizaciones minoritarias fuera de toda representación Este sistema, unido al inmenso poder económico y comunicacional que tiene la derecha, ha permitido que con sólo poco más de un tercio de los votos a nivel nacional, la Alianza por Chile obtenga casi de la mitad de los cargos de elección La presidenta de Chile, Michelle Bache- let, insinuó el pasado 12 de agosto que si la derecha se opone a reformar el sistema como ha hecho hasta ahora, ella podría llamar a un plebiscito para decidir sobre el tema Los partidos de oposición rechazaron enfáticamente esta posibilidad Bachelet lanzó su advertencia después de que la Alianza por Chile desechara de plano la propuesta gubernamental en la materia, que se dio a conocer en junio y que consistía en ampliar de 120 a 150 las diputaciones y de 38 a 50 la cantidad de senadores También se consideraba el aumento del número de parlamentarios elegidos por distrito (entre dos y ocho, dependiendo del número de habitantes) y la derogación de las disposiciones que impiden a los dirigentes gremiales postularse a cargos de elección popular l

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