Presenta el PRD demanda de juicio político en contra de Marín

viernes, 17 de febrero de 2006 · 01:00
* El PRI pide investigar al Cisen y al gobernador de Chiapas México, D F, 16 de febrero (apro)- La fracción parlamentaria del PRD interpuso ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador de Puebla por violaciones a la Constitución y leyes federales La posición de este partido fue respaldada por la diputada del PAN, Myriam Arabian Couttolenc: "No podemos ser cómplices de esto porque viola el pacto federal La responsabilidad del gobernador es vigilar que se cumpla la Constitución y se respeten las garantían individuales No es posible que siga gobernando si ya perdió la credibilidad de sus gobernados", expuso la panista Durante la sesión donde se aprobó exhortar al gobernador Mario Marín que se separe de su cargo mientras se realizan las investigaciones sobre el caso de la periodista Lydia Cacho y la presunta intervención del mandatario en una confabulación con el empresario Kamel Nacif, los priistas intentaron defender a su correligionario El diputado poblano José Alarcón rechazó que la periodista haya sido secuestrada; se le haya agredido, perseguido o fabricado delitos o que haya contado con un amparo al momento de ser detenida "Nosotros los priistas no violamos los amparos y es falso que no se haya ajustado todo el procedimiento a lo que establece la ley, tampoco es verdad que se le haya recluido en un lugar especifico en el Centro de Rehabilitación Social o que se atentara contra su dignidad humana", señaló En un intento por bajarle a la intensidad del escándalo, Alarcón pidió que se investigue la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacona (Cisen) y la relación entre el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía con el empresario Kamel Nacif Otro priista, el nuevoleonés y abogado Héctor Gutiérrez de la Garza, consideró que "sólo se pretende hacer de esto un asunto de escarnio político" Luego agregó: "Que quede claro que los priistas no venimos a tapar a nadie y tan es así que aquí está el acuerdo correspondiente" En la discusión, el perredista Pablo Gómez dijo que en este caso se confabularon gobernantes, autoridades y empresarios Pero también demandó que el mandatario chiapaneco Pablo Salazar explique los nexos que tiene con el llamado "rey de la mezclilla" y demandó al PRI que no sea "tapadera" de Mario Marín El PRI, dijo Pablo Gómez, debe pedir a Marín, que "por decoro partidista", se separe del cargo "Esto sería algo nuevo, inusitado y aplaudible", consideró El diputado del PT, Joel Padilla, dijo que el gobernador tiene que ser sujeto de un proceso penal por violaciones a lo artículos 1, 6, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución "Sus declaraciones no convencen, por el contrario, confirman que sí actuó de manera facciosa", expresó Consideró que no se puede permitir que desde el poder público se fabriquen pruebas en contra de persona alguna y que la asociación delictuosa de gobernantes y empresarios no puede quedar sin sanción, "hubo parcialidad y complicidad del Ejecutivo estatal y la Legislatura estatal" De parte de Convergencia, Jesús González Schamll pidió al Senado de la República intervenir y decidir si se rompió el orden constitucional y el principio de división de poderes, de ser así, añadió, se debe restituir a partir de una nueva elección de autoridad Sin embargo en el Senado de la República, el PRI reventó la sesión y ocho de los senadores priistas, entre ellos el coordinador, Enrique Jackson no votaron un punto de acuerdo para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenir en el caso En la Cámara de Diputados, la diputada Beatriz Mojica Morgan, pidió que el caso de Lydia Cacho sea el primero que atienda la Fiscalía Especial de Atención a Agresiones contra Periodistas Después de abordarse el tema de la periodista, la Cámara de Diputados avaló también un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que exhorta al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, a aplicar medidas disciplinarias, administrativas y penales, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los responsables del montaje del rescate de personas secuestradas que realizó la Agencia Federal de Investigación (AFI), el 9 de diciembre de 2005, en un rancho ubicado en la carretera federal México-Cuernavaca

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