Envía la CNDH recomendación a Peña Nieto

viernes, 3 de febrero de 2006
* Policías del estado de México invadieron territorio hidalguense México, D F, 2 de febrero (apro)- Debido a la invasión de policías ministeriales del estado de México en territorio hidalguense, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Enrique Peña Nieto Alejandro Straffon Ortiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), dijo que fueron los comuneros de San José Piedra Gorda, municipio de Tepeji del Río, quienes presentaron la primera queja hace dos años Recordó que, el 9 de agosto de 2004, los policías mexiquenses desalojaron violentamente a seis hidalguenses, quienes denunciaron que, en la acción, hubo detenciones arbitrarias, destrucción de sus casas y sembradíos El 29 de julio de 2004, la Procuraduría General de Justicia y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito mexiquense hicieron un operativo para restituir a un particular los derechos del predio "Santana", zona limítrofe entre ambas entidades Durante los trabajos, detuvieron ilegal y violentamente a cinco ciudadanos y a un menor de edad, por lo que la CNDH, en su recomendación 043/2005, pide a Enrique Peña Nieto iniciar procedimiento administrativo contra los policías ministeriales En rueda de prensa, Straffon Ortiz explicó que el procedimiento es también contra la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, cuyos elementos lesionaron a esas personas durante el operativo Además, en la recomendación se exhorta a Peña Nieta a girar instrucciones para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución, se indemnice a las personas agraviadas Straffon señaló que el predio en disputa continúa al margen de la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que fue puesta del conocimiento de la CDHEH para su continuidad Indicó que también piden un procedimiento administrativo de investigación contra los agentes del Ministerio Público del fuero común, por las irregularidades detectadas en la detención de los seis afectados