* El caso de Inmobiliaria Coco Beach SA, similar a triquiñuelas que padeció la periodista Lydia Cacho Mérida, Yuc , 3 de febrero (apro)- Un grupo de accionistas de una inmobiliaria de Playa del Carmen denunciaron las maniobras de Jorge Carlos Montalvo Ferráez --un empresario radicado en Yucatán sobre quien pesan acusaciones de fraude en Quintana Roo--, quien con la supuesta complicidad de funcionarios de la Procuraduría y una juez yucatecos, pretende despojar a sus socios de su patrimomio Según litigantes quintanarroenses, la mecánica es similar a la que se aplicó en el proceso que le armaron a la periodista Lydia Cacho, a la que, mediante triquiñuelas, se detuvo en Cancún y se le llevó a Puebla para enjuiciarla El litigio, de carácter meramente mercantil, comenzó por la disputa del control y operación de Inmobiliaria Coco Beach SA, que opera el hotel Coco Beach, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo Esta empresa fue conformada por Jorge Carlos Montalvo Ferráez, Jorge Arturo Contreras Castillo, Luis Antonio Contreras Castillo y Mario Pasos Moguel, sin embargo, los tres últimos deciden --como socios poseedores de la mayoría de las acciones-- destituir a Montalvo Ferráez, y remover a la directiva del hotel, en una asamblea de accionistas efectuada el 14 de junio del 2005 Las razones, según denunciaron, es que luego de la revisión de estados contables, bitácoras de contratos con operadores mayoristas y, en general, de la compulsa de estados financieros y reportes hacendarios, detectaron graves irregularidades atribuibles a Montalvo Ferráez Según los documentos, se trata de duplicación de contabilidad hacendaria con mermas en detrimento de esa autoridad; firma unilateral de contratos, eludiendo mandatos del consejo de administración, e incluso otorgamiento de concesiones y subarriendos a individuos o empresas directamente relacionadas con Montalvo Ferráez En un intento por revertir la medida, el socio impugnado promovió una denuncia penal por presuntos delitos del fuero común, pero ante la Procuraduría de Yucatán, donde tiene arraigo y residencia La Procuraduría yucateca aplicó fast track a la averiguación previa 1865/A1/2005, y el 15 de enero la consignó al Juzgado Séptimo de lo Penal, a cargo de Rubí Guadalupe González Alpuche, a quien solicitó iniciara el proceso penal respectivo y, en su caso, decretar las órdenes de aprehensión correspondientes El juzgado cuenta con 30 días hábiles a partir de la recepción de esa demanda para determinar lo conducente Es así que Montalvo Ferráez compareció, el 19 de septiembre anterior, ante la Agencia Primera del Ministerio Público en Yucatán, ostentándose como apoderado legal de Muebles e Inmuebles Corporativos SA De acuerdo con el texto de su demanda, mediante una asamblea "ilegal celebrada el 14 de junio de 2005, la minoría del consejo de administración de Inmobiliaria Coco Beach SA, del cual formaría parte la empresa que representa, determinó despojarle de sus acciones de manera por demás arbitraria" La parte acusada reside en Playa del Carmen, y así lo confirma el propio Montalvo Ferráez Según el abogado de los accionistas demandados, Antonio Corrales, es notorio que, sin que medie un razonamiento válido para aceptar esta querella, que tiene su origen en Quintana Roo y debiera resolverse en dicha entidad, la Procuraduría yucateca dio curso a la averiguación previa 1865/A1/2005 En ello coincidió el procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, quien criticó el desempeño de su similar de Yucatán, Armando Villarreal Guerra: "Antes de dar curso a la averiguación previa, motivada de la denuncia de Montalvo Ferráez, el procurador de Yucatán debió darse cuenta que se trataba de un asunto de índole civil y mercantil, que se origina, se motiva y se fundamenta en Quintana Roo? es decir, fuera del ámbito de su competencia, por lo que estaba obligado a declararse incompetente, desde el primer momento, para conocer de los hechos que se imputan, y con la misma debió turnarlos al MP de Quintana Roo" Una postura similar expresó, el mismo 29 de enero, Raúl Labastida Mendoza, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho AC en Chetumal, Quintana Roo: "Cuando sucede una cosa así, nosotros nos declaramos incompetentes para conocer del asunto, y se turna al estado que corresponda Si ellos (el grupo representado por Montalvo Ferráez) interpusieron una denuncia allá (en Yucatán), y la Procuraduría vio que se trataba de hechos cometidos en otro estado, debió haberse declarado incompetente, y turnar la averiguación iniciada a Quintana Roo, para que sea la Procuraduría local la que determinara si existían elementos para radicarla en un juzgado" El expresidente del Tribunal Superior de Justicia y también exprocurador de Quintana Roo, Joaquín González Castro, censuró que la Procuraduría yucateca, al margen de su competencia y con base en "factores distintos a lo judicial, a lo estrictamente jurídico, pretenda que un litigio mercantil, como es el caso de Inmobiliaria Coco Beach SA, se resuelva a través de un juzgado penal en la vecina entidad, pasando por encima del principio elemental de soberanía que existe en este país" Tanto Rodríguez Carrillo como Labastida Mendoza y González Castro coincidieron en señalar las similitudes existentes entre este caso y el de la periodista Lydia Cacho