Un juez texano determinó indemnizar a dos inmigrantes salvadoreños capturados ilegalmente por un grupo de "vigilantes" de la frontera, quienes los sometieron a vejaciones y maltratos La sentencia establece un singular precedente, pues la reparación del daño consiste nada menos que en adjudicar a las víctimas la propiedad del rancho donde los mantuvieron secuestrados, dice Proceso en su edición de este domingo 5 de febrero Esta es la historia de un triunfo y también un claro ejemplo de "justicia poética", frase acuñada en Estados Unidos para describir cómo a veces los "buenos" pueden ganarle a "los malos" Fátima del Socorro Leiva Medina y Edwin Alfredo Mancía González decidieron cruzar la frontera por Hebbronville, Texas, el 18 de marzo de 2003, después de un largo viaje desde El Salvador y en compañía de un grupo de inmigrantes Al internarse en tierras áridas fueron interceptados por cazainmigrantes vestidos como paramilitares quienes los persiguieron a punta de pistola Después de una carrera angustiosa lograron capturar a la pareja de salvadoreños; los maltrataron durante varias horas, para luego dejarlos ir En vez de regresar a su país de origen, Fátima y Edwin decidieron aceptar el ofrecimiento de varias organizaciones de derechos humanos que se enteraron de su caso a través del consulado de El Salvador, para interponer una demanda contra los "vigilantes" que los detuvieron ilegalmente; éstos pertenecen al grupo denominado Ranch Rescue Después de casi tres años de litigio el juez Alex Galbert, del condado de Jim Hogg, en Texas, ha decidido el pasado 25 de enero indemnizarlos con el rancho denominado Camp Thunderbird, que era propiedad de sus captores y "cuartel general" del grupo paramilitar; este rancho está valorado en poco más de 120 mil dólares La pareja de inmigrantes salvadoreños recibió como compensación los documentos que acreditan la propiedad de la finca que consta de 70 acres (18 hectáreas) ubicada en el condado de Cochise, Arizona Casey Nethercott, su antiguo propietario, cumple condena de cinco años por posesión ilegal de armas, aunque fue exonerado del delito de asalto y agresión, relata Proceso en su edición que circula a partir de este domingo 5 de febrero