* Las irregularidades son maltrato y sometimiento forzoso a internos Pachuca, Hgo , 9 de marzo (apro)? Maltrato a los internos, cobro indebido por el uso de áreas de visita íntima y sometimiento forzoso para el mantenimiento del penal fueron las irregularidades detectadas por visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad de Tulancingo A partir de la denuncia del interno Celso Islas Gutiérrez, quien acusó que el director del penal, Juan Santander Téllez, de permitir y fomentar prácticas violatorias contra los internos, la dependencia realizó una investigación y emitió su recomendación 1/2006 En la queja, que quedó asentada en el expediente CDHEH/II/106/04, el organismo destaca que la investigación realizada el Cereso de Tulancingo se constató la violación de los derechos de los internos, quienes deben pagar más de 100 pesos par que se les permita la utilización de las áreas conyugales El titular de la Comisión, Alejandro Straffon Ortiz, apunta que también quedó asentado en la investigación que los internos eran obligados a reparar las bombas de agua y gas del penal Por lo tanto, el organismo envió una recomendación, la primera de este año, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Manuel Souberville González, a fin de que se lleve a cabo una investigación en este penal Debe destacarse que en esa prisión existen otras irregularidades en el trato a los internos por parte del coordinador de internos, por lo que se recomienda a la autoridad iniciar procedimiento para determinar el grado de responsabilidad en que ha incurrido Santander Téllez Straffon Ortiz precisó que se emitieron cinco recomendaciones más, giradas al procurador general de Justicia del estado, Alberto Rodríguez Calderón, toda vez que los agentes del ministerio público Manuel García Guzmán, Irineo Cid Mendoza, Alejandro Vargas y Leslie Martínez Urquieta, además del comandante de la policía ministerial Víctor Peña Pérez fueron encontrados responsables de haber violentado las garantías de los ciudadanos Por estas razones se iniciaron los expedientes 2/2006, 3/2006,4/2006, 5/2006,6/2006, en las que se señala que los funcionarios públicos incurrieron en violaciones al derecho de libertad personal, denegación de justicia al no aceptar la denuncia de violación a una mujer y negativa a asistencia a víctimas de delito, en este caso se señala a Irineo Cid Mendoza