Chiapas: Presentan periodistas propuesta sobre secreto profesional

jueves, 16 de marzo de 2006
Tuxtla Gutiérrez, Chis , 15 de marzo (apro)- Periodistas chiapanecos entregaron hoy al Congreso del estado una propuesta de iniciativa para legislar en materia de secreto profesional que protege la reserva de las fuentes de información en casos excepcionales, no sólo de los trabajadores de los medios de comunicación, sino de abogados, médicos, ministros de culto y hasta servidores públicos Una comisión de trabajadores de medios impresos electrónicos --reporteros, corresponsales, periodistas, editores y columnistas-- llegaron hoy al recinto legislativo para hacer entrega también de otra propuesta para despenalizar los delitos contra el honor ?difamación y calumnia-- que hasta hoy se sancionan con nueve años de prisión Tiene como objetivo adecuar la ley a los lineamientos internacionales de libertad de expresión para que la protección al honor sólo pueda ser atendida por la vía civil Los periodistas entregaron sus propuestas al diputado priista Hugo Mauricio Pérez Anzueto, presidente de la Mesa Directiva, y al perredista Rafael Guillén Domínguez, presidente de la Junta de Coordinación Política El segundo documento fue la propuesta de iniciativa para legislar sobre el secreto profesional, no sólo de los periodistas, sino de otros sectores a los cuales les asiste el derecho La semana pasada, Salazar presentó su propuesta de reforma al artículo 195 del Código de Procedimientos Penales de Chiapas al cual le fue agregado un párrafo que señala: "Los integrantes de los medios de comunicación impresos o electrónicos, no serán obligados a declarar con el propósito de que revelen sus fuentes de información, sin embargo si tuvieren conocimiento de la comisión de algún hecho que se presuma delictivo, deberá dar aviso de ello a la autoridad competente" A diferencia de la propuesta de Salazar que sólo reconoce el derecho al secreto profesional a los periodistas, la propuesta presentada hoy es más amplia, precisa y detallada para no dar margen a la mala interpretación, dijeron los comunicadores En su texto, los periodistas proponen adiciones al artículo 195 del Código de Procedimientos Penales de Chiapas Refieren que no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión La iniciativa garantiza también este derecho a los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten; a los reporteros, periodistas, corresponsales y demás trabajadores de los medios electrónicos o impresos, respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado También abarca a las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional Respecto a las sanciones, la propuesta plantea que al servidor público que viole lo dispuesto en dicho artículo, se le apliquen las penas a que se refiere el artículo 424 del Código Penal de Chiapas; "pero si el delito es cometido contra la procuración administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 425 y 426 del mismo ordenamiento" Entre enero de 2002 y julio 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó varios casos de violaciones al derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores por parte de agentes del Ministerio Público, quienes les exigieron revelar la identidad de sus fuentes de información Con ese motivo y al haberse documentado otros actos indebidos de intimidación, la CNDH dio a conocer en agosto del 2004 una Recomendación General (número 07), dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, para que se respete el derecho constitucional a la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores

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