Otorgan amparo a indígena otomí del FDOEZ

miércoles, 22 de marzo de 2006
* Purgaba una condena desde hace nueve años en Perote Su expediente, plagado de inconsistencias, dice su defensa Jalapa, Ver , 21 de marzo (apro)? Después de purgar once años de prisión en la Fortaleza de Perote por cinco casos iniciados en su contra desde el gobierno de Patricio Chirinos, el indígena otomí Santos Soto Ramírez obtuvo su primer amparo de la justicia federal Su asesora legal, Ana María Vera Smith, de la Comisión para los Derechos Humanos, AC, explicó que "los expedientes están viciados de origen" Y es que, dice, desde que tomó el caso, en junio el año pasado, observó la serie de violaciones jurídicas y a los derechos humanos cometidas en el caso del indígena Soto Ramírez, quien fue encarcelado en 1995 Al integrante del Frente Democrático Oriental "Emiliano Zapata" (FDOEZ), organización que tiene presencia en las huastecas de Hidalgo y Veracruz, se le imputaron cinco homicidios, aunque este asunto no sólo esta muy ligado a la violación de los derechos humanos sino a la aplicación de la justicia cometida desde hace muchos años contra Santos Soto, dijo Vera Smith Por ejemplo, refirió, en la causa penal 266/95 le imputaron los homicidios de Ramón Hernández Maldonado y Julián Eleuterio Hernández Valdés; en la 56, el de Gladys de los Ángeles Avendaño; mientras que los expedientes acumulados 75, 73 y 94 mencionan los asesinatos en grado de tentativa de Jorge Zenil, Fernando Hernández y David Hernández No obstante, la defensora consideró que este asunto tiene origen en los hechos de violación a todos los derechos que enfrentan las comunidades indígenas de la huasteca veracruzana, caso del que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió, desde 1994, la primera recomendación sobre violación a derechos económicos, sociales y de desarrollo humano Los procesos penales iniciados contra Soto Ramírez, explicó, están relacionados con los crímenes cometidos ese año contra dos indígenas de Plan de Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero, quienes no sólo fueron torturados por elementos de seguridad pública estatal que se metieron a la comunidad, sino que fueron mutilados y asesinados con el tiro de gracia "Todo esto fue resultado del brutal despliegue policiaco en Plan de Encinal, donde atacaron a la comunidad y murieron estas personas; se hablaba de que habían sido mutiladas por las aves; sin embargo, hay fotografías que dicen lo contrario, pues cuando se rescató uno de los cadáveres lanzados al río, tenían amarrados los pies", explicó Vera Smith Al analizar los expedientes penales de Soto Ramírez, descubrió que "el caso de Plan de Encinal tiene íntima vinculación con este caso", ya que el procesado, siendo un luchador por los derechos de su pueblo, "presentó un documento en la Presidencia de la República donde señalaba que estas muertes no eran producto de un accidente, sino de la represión policíaca" Ahí se originó el encono de las autoridades estatales contra Santos Soto, ya que de todos los indígenas detenidos en esa época, fue a él a quien se le imputaron los delitos, incluso "lo hicieron firmar una declaración que es totalmente inverosímil, donde él mismo se está acusando de muchas cuestiones, dando detalles Lo curioso es que lo hacen acusarse como autor intelectual" Para la defensora del indígena otomí, esa es la única prueba que existe en su contra, aunque el inculpado le reveló que le dieron a firmar ese documento después de estar cinco días retenido de manera ilegal "No es una declaración hecha por él mismo, sino que firmó debido a las presiones a que fue sometido, dijo Vera Smith Ante la serie de vicios detectados en la integración de las averiguaciones previas, presentó los amparos correspondientes ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Boca del Río, "ganamos dos"; uno, "para efectos de que la sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, que dictó la sentencia, valorara en forma debida las pruebas" En este caso, mencionó, se supone que la construcción jurídica de un caso es un indicio y tendría que estar apoyado de otras pruebas, "pero no lo hicieron, ya que tomaron como base el supuesto relato de Santos durante su detención, nada más que él no estuvo presente en los hechos, por tanto no pudo haber descrito a detalle los presuntos asesinatos cometidos" Es decir, se están basando en una supuesta declaración firmada bajo presiones, pero hasta hoy no hay un solo testigo que señale directamente si él ordenó o participó en los asesinatos Lo inédito es que encontramos un expediente en el que ya fueron juzgadas otras personas por la muerte de Gladys de los Ángeles Avendaño, donde dan otros datos Los asesinos de esta mujer, esposa de uno de los caciques de Ilamatlán, al norte del estado, Luis Mendoza, donde en ese año se registró una balacera contra esa familia, en la que también murió un trabajador, es una "situación que concuerda con la declaración de la esposa del muerto, quien dijo que lo habían asesinado por equivocación" Los mismos responsables de estos hechos, refirió la abogada, "declararon que ellos pensaban matar al cacique Luis Mendoza, pero por equivocación mataron a otros, ya que habían recibido órdenes de quienes estaban al frente de su organización", que no era el FDOMEZ Ante estas inconsistencias, el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito emitió en noviembre pasado un fallo a favor de Soto Ramírez, al absolverlo totalmente de la causa penal 93/94 del delito de homicidio calificado en agravio de David Hernández, sin embargo, hay pendientes tres expedientes más Aunque un amparo le otorgó la libertad, en este momento está en revisión un segundo recurso, relacionado con las personas que declararon ser responsables de la balacera contra la familia de Luis Mendoza, quienes ya fueron sentenciadas "Presentamos un procedimiento poco usual pero contemplado en la ley, para que se declare su inocencia", dijo Vera Smith El caso de Soto Ramírez sólo es un ejemplo de las deficiencias de la impartición de justicia en el estado y en el país, Los mismos comisionados de la ONU que han revisado causas penales sobre diversos asuntos en México "han dicho que estamos bastante atrasados en esta materia y lo subrayan cuando hablamos de indígenas, porque ahí se concentran todo tipo de violaciones", declaró la asesora legal