* Organizaciones civiles presentarán denuncias ante la CIDH Guanajuato, Gto , 8 de marzo (apro)- Organizaciones civiles defensoras de los derechos sexuales de las mujeres integran un paquete de denuncias contra autoridades del gobierno del estado, por su negativa a proporcionar acceso legal al aborto a mujeres y adolescentes víctimas de una violación Las denuncias serán presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Las organizaciones señalan directamente a las procuradurías de Justicia y de los Derechos Humanos, así como a la Secretaría de Salud y, en cierta medida, al DIF guanajuatense En principio, las quejas parten del conocimiento público del caso de Sandra, una mujer vecina de Irapuato con discapacidad mental, a la que no se le permitió ni se asistió para la práctica de un aborto, después de que fue violada por su patrón en la casa donde ayudaba como empleada doméstica, hace poco más de dos años Al presentar el informe de Human Rights Watch, titulado "Obstrucciones al aborto legal por violación en México", la representante de ese organismo internacional, Marianne Mollmann exhortó al gobierno del estado a sancionar a los funcionarios que han violado los derechos de las mujeres, al obstruir, desinformar o, simplemente, negarse a proporcionar la ayuda legal o médica para someterse a un aborto, después de ser víctimas de una violación Será el centro "Las libres de información en salud sexual, AC", la organización que presente las denuncias ante la CIDH, dijo en el foro su directora, Verónica Cruz Sánchez Mollman calificó de "insólito" y "grave" el caso de Guanajuato donde "como en ningún otro estado", las autoridades sencillamente negaron la existencia del problema, e informaron oficialmente que no hay registro de casos en que una víctima de violación, que resultó embarazada, hubiera solicitado ayuda para someterse a un aborto Dijo que ni siquiera admitieron el caso de Sandra, a pesar de que fue ampliamente difundido por los medios locales y nacionales, luego de la denuncia pública hecha por la madre de la víctima Al elaborar el estudio en la entidad, la investigadora de HRW señaló que se encontró con la respuesta oficial, por parte del procurador de Justicia, Daniel Chowell Arenas, en el sentido de que, en la revisión del archivo de la dependencia correspondiente a los últimos cinco años, no se encontró que "expresamente alguna mujer haya pedido autorización para interrumpir su embarazo producto de una violación" Sin embargo, tanto Human Rights, como ese centro afirmaron que documentaron al menos 10 casos de mujeres víctimas de violación, que solicitaron ayuda expresamente en los cinco años de administración de Juan Carlos Romero Hicks "El procurador negó que a alguna de las víctimas de violaciones le hubieran negado el derecho a abortar, pero esa negación va en contra de cúmulo de información y evidencia que indica lo contrario", expuso Marianne Mollman "Los abusos más graves ocurren en los estados que no tienen lineamientos administrativos", como es el caso de Guanajuato, agregó "Aquí, la ausencia de guías?reglamento- parece aterrorizar y paralizar a los funcionarios públicos, permitiendo que las autoridades de justicia y salud se declaren incompetentes para facilitar el acceso al aborto legal" Afirmó que la falta de lineamientos o de un reglamento ?lo que está pendiente de instrumentar en el Congreso del estado--, no debería ser un pretexto para que los funcionarios se desentiendan de estos casos "Aunque vemos que en México sí no existen estos lineamientos, se complican más las cosas" Por ello, la investigadora apeló a las obligaciones internacionales a las que México se ha comprometido voluntariamente, para exhortar al gobierno federal y, en este caso, al de Guanajuato, a sancionar los abusos u omisiones en que han incurrido los funcionarios de esas dependencias Dice uno de los testimonios en el reporte: "Al referirse al caso de una mujer discapacitada mental, que había sido violada por su vecino, y cuya madre había solicitado la realización de un aborto legal en Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga, procurador de los Derechos Humanos en ese estado, refirió a Human Rights Watch: `La mamá se asesoró por una organización de mujeres Allí salió que tenía que abortar, porque se lo dijo la organización esa" En el reporte también se menciona la respuesta que el exsecretario de Salud de Guanajuato, Ector Jaime Ramírez Barba --hoy candidato a diputado por el PAN-- dio a la investigadora: "Ramírez Barba sostuvo que las autoridades públicas habitualmente envían a las víctimas de violación a VIFAC (Vida y Familia, AC), una organización que brinda asistencia a las mujeres embarazadas, con la condición de que no intenten realizarse un aborto" Mollmann manifestó su preocupación por el contenido del Código Penal del estado en materia de abusos infantiles "Nos preocupa mucho la definición del incesto como una relación sexual consensuada entre pares e hijos, o hermanos: nos preocupa por la edad tan baja en la cual se presume que la niña es capaz de consentir una relación sexual --a los 12 años-- Esto no es compatible con la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, ni con en sentido común" No obstante, la representante del organismo internacional de derechos humanos admitió los avances que, sobre el tema, se registraron durante el levantamiento del reporte en Baja California Sur y el Distrito Federal Profunda desconfianza A más de dos años de que su hija, discapacitada mental, fue violada y debió terminar su embarazo, Marta Macías, madre de Sandra, contó en este foro cómo les cambió la vida a ambas, a partir de esa tragedia familiar "Nuestra vida ya no es la misma Al menos mi hija tiene un poquito de temor, porque con tan poquitos años que le dieron al violador, ahora que salga, qué va a pasar Yo no tengo miedo, pero ella sí Nos chingó la vida" Dijo que de las autoridades estatales le proporcionaron un ayuda mínima durante el embarazo de su hija --la Secretaría de Salud le dio atención médica en el parto--, pero luego "no hemos recibido ayuda, ni reproches" Añadió: "Estamos alejadas de la gente, de las autoridades Es desgastante ir a ver a las autoridades, a ver qué pasa?" A pesar de todo, doña Marta no se arrepiente de haber denunciado el caso de su hija, y la negativa de las autoridades a asistirla para un aborto legal, a pesar de su petición: "Espero que de algo les haya servido el caso de mi hija: que no se queden calladas las mujeres; que se animen a denunciar Nos tienen qué hacer caso; tenemos que encontrar la justicia", afirmó El informe de HRW fue presentado por el centro "Las libres de información en salud sexual" A pesar de que al evento fueron invitados los procuradores de Justicia, Daniel Chowell, y de los Derechos Humanos, Manuel Vidaurri Aréchiga, y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Luis Rodríguez Orozco, ninguno de ellos se presentó, argumentando otros compromisos Ese centro es una organización civil creada en la entidad en 2000, cuando el Congreso local pretendió eliminar el aborto, por causa de una violación, del Código Penal, a iniciativa de diputados del PAN, encabezados por el actual secretario de Gobierno, Ricardo Torres Origel "Existe una profunda desconfianza de las mujeres guanajuatenses en la procuración de la justicia, más cuando las víctimas son niñas violadas en sus familias, en sus casas La procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de la Mujer, deberían estar trabajando en saber cuál es exactamente la dimensión del problema, porque no lo sabemos", afirmó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres "Nosotras, como organización, demandamos que desaparezcan esos institutos porque no sirven para nada, ni siquiera para lo que fueron creados, para que la perspectiva de género estuviera por lo menos en la administración Ni el Instituto de la Mujer ni la procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato han atendido los derechos de las mujeres Han hecho muy bien sus campañas, sus carteles y sus volantes, pero no se han metido en ninguno de los temas graves de la problemática de las mujeres en Guanajuato", añadió