* El cargo: delincuencia organizada * Fueron detenidos en el 2004; trabajaban bajo las órdenes de "El Azul" México, D F, 13 de abril (apro)- Tras dos años de escarceos legales, un tribunal federal resolvió declarar formalmente presos a ocho presuntos integrantes del cartel de Juárez, quienes fueron detenidos desde el año 2004, cuando pretendían liberar a un narcotraficante, para ejecutarlo por órdenes del capo Juan José Esparragoza Moreno, alias "El Azul" En un comunicado oficial, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la resolución de los magistrados del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que encontraron evidencias suficientes para procesar penalmente a los inculpados del delito de delincuencia organizada, de acuerdo con el expediente 198/2005 Los presuntos asesinos a sueldo fueron detenidos el 13 de abril de 2004, cuando se hicieron pasar como personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y pretendieron liberar al narcotraficante Pablo Tostado Félix, en el momento en que el reo era trasladado del Centro de Readaptación Social en San José el Alto, Querétaro, al penal de Irapuato, Guanajuato No obstante, los presuntos sicarios del cartel de Juárez fueron detenidos y ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) declararon que recibieron al orden de liberar a Tostado Félix, para ejecutarlo posteriormente como un acto de venganza, ya que presuntamente estuvo vinculado en el secuestro de un familiar de "El Azul", uno de los líderes de la organización criminal Como resultado de las pesquisas, la PGR consignó penalmente a los hermanos Miguel Ángel Beltrán Olguín, alias "El Comandante", y a su hermano Ramón; así como a Carlos Chávez Favela; Rafael Rocha Ibarra; Florencio Beltrán Olguín; Gilberto Cepeda Urbano; Miguel Ángel Arellanes Beltrán y Jorge Buelna Quintero, acusados de delincuencia organizada No obstante, aunque el juez sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó la formal prisión en su contra, la defensa de los presuntos sicarios interpuso un recurso de apelación, y es hasta dos años después de su aprehensión, cuando un tribunal federal ordenó el inicio del proceso penal