San Salvador, 29 de mayo (apro) - El Salvador, el más pequeño de los países centroamericanos, agobiado hace 15 años por una cruenta guerra civil, está sentado hoy en el banquillo de los acusados: la Comisión y la Corte de Derechos Humanos lo condenaron por no impartir justicia a las víctimas de hechos relacionados con la guerra civil (1980-1992), así como por hechos recientes De hecho, aumentan los demandantes en contra el Estado salvadoreño, cuyo prestigio como país democrático se torna cada vez más cuestionado Casos como el magnicidio del Arzobispo de San Salvador, Oscar Romero (1980), o masacres campesinas como la de "El Mozote" (1981) o el múltiple asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989), son procesados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado Salvadoreño ha tendido que presentar alegados para defenderse de antiguas y recientes acusaciones Otros de los muchos procesos que se ventilan en la CIDH tienen que ver con reclamos de hechos recientes: personas portadoras del VIH-sida; uno referido a despedidos arbitrarios de una institución gubernamental, así como el caso del exmagistrado Eduardo Colindres, a quien el Parlamento destituyó de su cargo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "Todo esta situación lo que demuestra es que, en El Salvador, no se respetan los derechos humanos No se imparte por igual la justicia, mucho menos cuando hay intereses de grupos de poder", asegura la abogada Guadalupe Espinoza, querellante en un caso interpuesto ante la CIDH, el tribunal regional, y que se refiere al asesinato de un joven empresario "Hasta ahora, el Estado salvadoreño no ha sido serio en dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH En el caso de una reciente sentencia condenatoria sobre la desaparición de dos niñas durante la guerra civil, las hermanas Serrano Cruz, tampoco se ha cumplido apegado al texto de la Corte "El gobierno debe saber que las consecuencias morales son graves, además de que El Salvador podría ser sujeto de sanciones económicas, por ejemplo, de países de la Unión Europea (UE), que promueve los derechos humanos", advierte Espinoza Impunidad La impunidad prevaleciente en El Salvador tiene un nombre en el que todos coinciden, impulsadores y opositores: la Ley de Amnistía General de 1993, promulgada por el entonces presidente Alfredo Cristiani, quien un año antes había firmado la paz con la guerrilla y había logrado acallar los fusiles Sin embargo, gracias a la amnistía, ninguno de los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad ha sido procesado en El Salvador "Las víctimas han tenido que recurrir al sistema interamericano o a otros tribunales, como en Estados Unidos o Francia, para reclamar la justicia negada en El Salvador", asegura la abogada Espinoza, también integrante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), una experta litigante a nivel internacional "Actualmente existen alrededor de 40 casos que están siendo tramitados en la CIDH, la mayoría, quizá, del pasado conflicto, así como también casos del presente que tienen que ver con procuración de justicia, pero referidos a la guerra civil Están como hechos principales de la guerra el caso de monseñor Oscar Romero; la masacre de El Mozote --en la que asesinaron a unos mil campesinos, especialmente menores y mujeres-- y el `Caso Jesuita`` ", explica Espinoza Aclara: "El `Caso Jesuita` fue sometido a la CIDH por el asesinato de los seis sacerdotes y de sus dos colaboradoras Ya se logró un Informe final, en el que se recomienda al Estado salvadoreño investigar, procesar y sancionar a los victimarios También, que se repare a los familiares de las víctimas y que se derogue la Amnistía de 1993 Pero también está el `Caso Jesuita` en la CIDH como un hecho reciente: los familiares quieren que se investigue a los autores intelectuales de la masacre, que podría involucrar al Alto Mando militar de entonces (1989)" Espinoza asegura que, en la actualidad, hay más esperanzas en la posibilidades de demandar justicia en el sistema interamericano porque ya ha habido una condena al Estado por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz, pero además organizaciones como IDHUCA, Pro-Búsqueda, Tutela Legal del Arzobispado, la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), junto con el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, ya tienen estrategias de litigios en el sistema regional Justicia vs regresión Durante el período que gobernó Francisco Flores (1999-2004), la CIDH dio a conocer varios Informes de fondo sobre casos que habían sido admitidos y en los que no se logró que las partes conciliaran amistosamente Flores, asumiendo que tales informes emitían "recomendaciones", dijo en varias ocasiones que las tomaría como tal: como recomendaciones, ya que consideraba que no eran vinculantes "Hay una equivocación en los gobernantes: las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento Por desoír las recomendaciones en el caso de las hermanitas Serrano Cruz, éste fue llevado a la CIDH, el cual emite sentencias que también son de obligatorio cumplimiento", señala Espinoza, quien agrega que "muchos de los casos que están en la CIDH en la actualidad podrían ser también llevados finalmente a Corte" Los gobernantes salvadoreños se vanaglorian a la menor oportunidad al decir que El Salvador avanza en su "democracia", pero la abogada panameña Gisela de León, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), afirma lo contrario "La posibilidad y la necesidad de recurrir a demandas en contra de Estados ante organismos internacionales, surge de la falta de respuesta de los organismos internos frente a las violaciones de los derechos humanos" Añade: "El Salvador es de los pocos países que persiste en mantener la vigencia de mecanismos como la amnistía que garantizan la impunidad de personas responsables de violaciones a los derechos humanos" Desde 1989, los gobiernos salvadoreños han pertenecido a un solo partido, el Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuyo fundador fue el ya fallecido Roberto D´Aubuisson, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Oscar Romero "No vamos a abrir heridas del pasado", han manifestado desde Cristiani hasta el actual presidente Antonio Saca, al afirmar que no están dispuestos en abolir la amnistía Gisela de León, no obstante, expresa que "la lucha contra la impunidad es una herramienta para garantizar que graves violaciones, como las que se dieron durante la guerra civil en El Salvador, no se repitan En la medida que los responsables de esas violaciones sean debidamente identificados y sancionados, y la verdad conocida por los familiares de las víctimas, es posible que hechos violentos como aquellos no se repitan" Escuadrones de la muerte El asesinato de Ramón Mauricio, de 32 años de edad, les "cambió la vida totalmente" Dos ancianos acostumbrados al bienvivir y a las tradiciones de una clase privilegiada, tuvieron que cambiar sus dotes de abuelos para introducirse a los entretelones "oscuros" del poder Gloria Giralt y Mauricio García Prieto, dolidos por el crimen contra su hijo, un emprendedor empresario y arquitecto, hoy saben más de reclamar justicia que cualquier abogado que antes estuvo a sus servicios Ramón Mauricio fue asesinado el 10 de junio de 1994 delante de su esposa y mientras cargaba en sus brazos a su único hijo, de 6 meses de edad Había estacionado su vehículo frente a su casa cuando un "sicario" lo baleó a quemaropa Sus padres no aceptaron aquella hipótesis de que su hijo había sido víctima de un "simple acto delincuencial" Desde un inicio advirtieron malos procedimientos policiales, negligencia e involucramiento de agentes ajenos a la investigación No obstante, continuaron acudiendo a las instancias pertinentes: policía y fiscalía locales, donde sólo encontraron evasivas Un homicidio aparentemente común, es en la actualidad una "espina política" para el gobierno y sectores poderosos, que se resisten a mantener la impunidad "Nos tocó descubrir la realidad de la posguerra Nuestro caso es importante porque descubrimos que nada de esa violencia del pasado, de las estructuras de los escuadrones de la muerte dentro del Estado, había cambiado", dice doña Gloria, quien junto con su marido ha sido víctima también de amenazas directas, intimidación telefónica y persecución La señora está convencida de que su hijo fue víctima de un "plan de asesinatos de personalidades connotadas" para crear un ambiente que forzara al regreso de los antiguos cuerpos militarizados de seguridad, como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, desaparecidos tras la guerra civil, precisamente por graves violaciones a los derechos humanos, pero también sospecha de la autoría intelectual de un exalto oficial del ejército La falta de respuesta del Estado llevó a los García Prieto a acudir al sistema de justicia interamericano El 9 de marzo de 1999, la CIDH "emitió su informe de admisibilidad número 27/99" del caso García Prieto Seis años más tarde, dio a conocer su Informe de fondo, en el que expresa que "el Estado salvadoreño era responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantía judiciales y a la protección judicial (), en prejuicio de Ramón Mauricio García Prieto" El gobierno continuó renuente, por lo que el caso pasó, en marzo pasado, a manos del la CIDH, donde podría ser motivo de juicio Niñas desaparecidas Durante una "operación limpieza" que desarrolló el ejército el 2 de junio de 1982 en el norteño departamento o provincia de Chalatenango, aldeas campesinas fueron diezmadas y varios de sus habitantes asesinados, al ser acusados de ser colaboradores de la guerrilla Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años de edad, respectivamente, fueron raptadas por soldados que participaron en el operativo Testigos vieron que fueron subidas a un helicóptero y desde entonces no se supo de ellas Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la familia Serrano Cruz emprendió su búsqueda incesante Por años acudieron a las autoridades para que les proporcionaran información, pero todo fue en vano El ejército negó el hecho Los Serrano Cruz no cedieron, y en 1999 sometieron el proceso ante la CIDH, con el apoyo de ProBúsqueda y CEJIL En 2003, la CIDH presentó un Informe de fondo, en el que señaló "que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia () y los derechos del niño, por daños cometidos contra Erlinda y Ernestina y a su familia", aunque los abogados del Estado trataron de imponer el criterio de la inexistencia de las menores y un supuesto afán de lucro de la madre de las niñas Ante la negativa del Estado a cumplir, la CIDH presentó el caso ante la Corte, la que, en marzo de 2005, emitió finalmente la primera e histórica condena contra el Estado salvadoreño La sentencia debe cumplirse en plazos, desde indemnizar a la familia Serrano Cruz, emprender su búsqueda, sancionar a los responsables, hasta un desagravio de parte del Estado Recientemente, el canciller Francisco Laínez encabezó un acto público en la ciudad de Chalatenango, en la entrada principal de la Iglesia, pero en vez de pedir perdón a los Serrano Cruz, sólo se lamentó de los hechos ocurridos durante la guerra civil Suyapa y Fernando Serrano Cruz --hermanos de las desaparecidas-- estaban furiosos Dijeron sentirse "burlados" por el Estado "Hemos considerado como incumplidas todas las medidas de reparación, cuyos plazos ya vencieron, con excepción de la atención médica que consideramos que ha sido cumplida, aunque de manera insatisfactoria para la familia doliente", aseguró Zaira Navas, abogada litigante de Pro-Búsqueda ante la Corte