* Así lo afirma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra * Demandan la libertad incondicional de todos los detenidos México, D F, 4 de mayo (apro)- Tras acusar a los tres niveles de gobierno "de la artera agresión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco", miembros de esta organización denunciaron que el gobierno del presidente Vicente Fox busca cobrarse la afrenta que representó la no construcción del aeropuerto alterno de esta ciudad, tras la "férrea resistencia de hombres y mujeres por defender lo único que tenían, haciendo añicos un decreto presidencial" "A nosotros --subrayan en un comunicado--, nos queda claro que todo esto no es un hecho aislado de toda la represión que el Estado desata cuando ´La otra campaña´, que significa organización y solidaridad entre los de abajo, pasa literalmente por los pueblos de México" Añaden que tampoco les sorprende que "el miedo que el sistema político tiene, otra vez se refleje con su represión encarcelando a nuestros compañeros" Señalan que lo que sí está claro es que "todo esto responde a una provocación premeditada para encarcelar a los mismos compañeros que dignamente han ganado una presencia no sólo entre las comunidades de la región, sino a nivel nacional, tras la lucha en defensa de la tierra de 2001" Sostienen que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra "demostró que sí se puede derrotar a las imposiciones de un ´puñadito´ de gobiernos prepotentes "La burda maniobra de provocación pretende, por un lado, justificar la violencia contra quienes se levantan y alzan la voz en cualquier rincón del país y, por otro, aniquilar la organización que logró detener el arrebato de nuestras tierras "Lo que el Estado está buscando es cobrarse la afrenta que representó la férrea resistencia de hombres y mujeres por defender lo único que tenían, haciendo añicos un decreto presidencial", señala el comunicado Por ello, demandan a los gobiernos federal y estatal la libertad absoluta e incondicional de todos los detenidos y el retiro inmediato de los cuerpos policíacos, como condiciones mínimas para establecer un diálogo directo con los responsables: los gobiernos estatal y federal