Censuran los cambios constitucionales que afectan el patrimonio cultural

lunes, 19 de junio de 2006
* Autoridades y trabajadores del INAH México, D F, 19 de junio (apro)- Pocas veces en la historia del país las instituciones gubernamentales se han enfrentado al gobierno o han manifestado oposición a sus proyectos Aún se recuerda como un hecho sin precedentes cuando, en 1983, trabajadores y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se unieron para oponerse a que la línea 8 del Metro, que originalmente iría de La Villa a Apantaco, pasara por un costado de la Catedral, afectándola La división entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es ahora más clara que entonces Pero no deja de sorprender que hace unos meses, directivos del Instituto Mexicano de la Radio se expresaran públicamente en contra de la Ley Federal de Radio y Televisión, conocida como "Ley Televisa" Igual sucede con las reformas a los artículos 27, fracción XXV del 73, y 124 de la Constitución que la Cámara de Senadores aprobó el pasado 27 de abril, en un momento considerado por la comunidad opositora como "cuarto para las 12", por haber sido la última sesión del último periodo ordinario de la LIX Legislatura Las reformas --según especialistas del patrimonio cultural y la legislación de la materia-- alteran las facultades que hasta hoy detenta de manera exclusiva la federación en las áreas de conservación y protección de restos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, creando confusión sobre la participación en estos asuntos de los gobiernos estatales y municipales Así que, contrario a la posición de silencio que largamente mantuvieron con respecto de la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, propuesta por el Ejecutivo y conocida como "Ley Bermúdez", las autoridades del INAH se han manifestado oficialmente en contra de estas reformas En un oficio fechado el pasado 9 de mayo, el director general del instituto, Luciano Cedillo, expresó su oposición a las reformas, pues --dijo-- atentan "contra el patrimonio cultural de interés nacional y general, el cual debe continuar siendo competencia de la federación, que históricamente ha llevado a cabo las acciones necesarias para su salvaguarda, así como para su investigación y difusión, garantizando su preservación para las futuras generaciones" Ayer, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, organizó la mesa "Las reformas constitucionales en materia de patrimonio cultural de interés nacional" Participaron académicos, legisladores y especialistas en derecho constitucional, entre ellos la antropóloga Lourdes Arizpe; la senadora Dulce María Sauri Riancho; los diputados Arturo Nahle García e Inti Muñoz; la arqueóloga Aldir González Morelos; el historiador Guillermo Tovar de Teresa, y el antropólogo y jurista Bolfy Cottom Según información de los organizadores, se invitó al foro al secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, pero "no se lo consideraron en su exhaustiva agenda y no nombraron representante" Igualmente a Saúl Juárez, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien "comunicó por escrito que no podía asistir, sin mayor explicación" A diferencia del INAH y pese a que Bellas Artes es responsable de la preservación del artístico del siglo XX y que las aprobación de las reformas en la Cámara de Diputados obligarían a un cambio en la Ley Orgánica del instituto, su director no se ha pronunciado al respecto Se invitó también al restaurador Luciano Cedillo, quien "agradeció la invitación y explicó que estará en el extranjero" Y ciertamente no asistió, aunque en el auditorio estuvieron algunos funcionarios del INAH Los participantes en el foro expresaron su rechazo a las reformas constitucionales, pues con ellas se otorgarían facultades sobre el patrimonio cultural que hoy corresponden al gobierno federal y a los estados Advierten que podrían con ello abrirse la puerta a la privatización de los monumentos históricos y arqueológicos, se fomentaría el saqueo, y podrían perderse el sentido de las zonas arqueológicas como espacios de educación y cultura, en aras de concesionarlas a la iniciativa privada

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