La Paz, 19 de junio (apro) - Santiago Orocondo Arevillca era un joven policía de 22 años de edad que, cuando se encontraba fuera de servicio, apoyaba a un grupo de mineros que ocuparon tierras del departamento de Oruro para apropiarse de ellas Una fuerza combinada de policías y militares desalojaron a los mineros en circunstancias aún no esclarecidas Santiago recibió un impacto de bala y murió instantes después Juan Carlos Calderón, párroco de la Iglesia de Copacabana, un santuario del departamento de La Paz, donde se venera a una virgen del mismo nombre, declara a todos los periodistas que lo visitan que un grupo de campesinos ocupó una propiedad de la parroquia, con el argumento de que era una antigua propiedad comunal, sin que nadie ?hasta hoy-- pueda retirarlos de allí Luis Fernando del Río, un próspero hacendado del departamento de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, sufrió la ocupación de una de sus propiedades por unas 60 familias de campesinos sin tierra, quienes días después fueron desalojados a golpes y palos por otros campesinos contratados por el empresario, mientras la policía se encontraba a kilómetros del lugar Y aunque las historias de Santiago, Juan Carlos y Luis Fernando se registran en tres lugares separados por cientos de kilómetros, comparten algo en común: surgieron después del pasado 31 de mayo, cuando el gobierno del presidente Evo Morales anunció la denominada "Revolución Agraria" y desató una preocupación cargada de amenazas en los empresarios agropecuarios, contrapuesta por la sed de tierra de campesinos que, en los casos más radicales, se lanzaron a ocupar predios sin cumplir ningún trámite de titulación Según el gobierno, la medida está orientada a devolver "la soberanía y la dignidad a la incuestionable mayoría nacional: pueblos indígenas y comunidades indígenas, campesinas y originarias", mientras, para la oposición, se trata de una decisión "apresurada e irreflexiva", que se suma a la otra gran reforma anunciada apenas 30 días antes: la nacionalización del gas y el petróleo En cualquier caso, hoy, la problemática de la justa distribución de la tierra, irresuelta 53 años después de la primera Reforma Agraria dictada por una revolución en la que también se nacionalizó las minas de estaño y se instauró el voto universal, floreció abruptamente en el país para cosechar nuevas tempestades "La revolución agraria" Bolivia tiene una superficie total de 106 7 millones de hectáreas El 95 por ciento de las tierras distribuidas por la Reforma Agraria entre 1953 y 1992 fue destinada al sector agropecuario empresarial, mientras el restante cinco por ciento, a comunidades indígenas y campesinas Según la "Revolución Agraria, el otro nombre del cambio", documento con el que el gobierno de Evo Morales anunció, el 31 de mayo, su segunda gran reforma estructural, en los próximos cinco años se pretende redistribuir 20 millones de hectáreas de tierras a pueblos y comunidades indígenas y campesinas La superficie titulada llega a 92 millones de hectáreas y las áreas protegidas a 20 millones de hectáreas Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a marzo de 2006 existen poco más de 40 millones de hectáreas por titular y en proceso de saneamiento Es la mitad de estas 40 millones de hectáreas la que el gobierno pretende distribuir en media década "Revertir al dominio del Estado aquellas grandes superficies de tierra negadas a la producción y al trabajo y reservadas a la especulación y a los negocios bancarios, para entregárselas a quienes sí las necesitan: pueblos indígenas y comunidades indígenas, campesinas y originarias Dicho de forma más breve aún: abolir y suprimir el latifundio de la realidad nacional, tal el primer paso de la Revolución Agraria", explica el documento Tras el anuncio de su "Revolución agraria", el gobierno convocó a los empresarios agropecuarios a una reunión que se realizó el pasado 2 de junio, con el fin de acordar "en consenso" la aplicación de la reforma Sin embargo, el mismo día del encuentro ambos sectores rompieron el diálogo y abandonaron la reunión con mutuas acusaciones de intolerancia El ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Hugo Salvatierra, declaró que la distribución de tierras fiscales en el país "es atribución y competencia absoluta del gobierno nacional Este es el punto de disidencia que ha impedido que lleguemos ahora a una concertación definitiva", mientras que, para el empresario Mauricio Roca, "no hubo forma de diálogo sincero y claro; el gobierno se niega revisar las normas que busca aplicar en el tema tierras, porque además no nos consultaron e involucraron para concertar un tema en común" Dos días después el presidente Morales inició la "Revolución agraria" con la promulgación de siete decretos supremos y la entrega de títulos de 31 millones de hectáreas de tierras fiscales (estatales) a comunidades indígenas y campesinas del departamento de Santa Cruz, generando una dura reacción de las organizaciones empresariales y agropecuarias de esta región, donde precisamente se encuentran los latifundios y unidades productivas más extensas, lo mismo que los terrenos más demandados Los agropecuarios de Bolivia, agrupados en la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), rechazaron la política agraria del gobierno, crear "Comités de defensa de la tierra para preservar el patrimonio productivo" y responsabilizar al gobierno "ante previsibles enfrentamientos entre bolivianos" Ante este panorama de visiones contrapuestas, Miguel Urioste, investigador y experto del área, dice a Apro: "La nación no puede subsidiar a un grupo de privilegiados que tienen tierras en Santa Cruz en cantidades abusivas y que acumulan centenares de miles de hectáreas, de las cuales solamente trabajan mil o máximo cinco mil, porque trabajar 100 mil hectáreas para una empresa es absolutamente imposible en Bolivia" Por su parte, Mauricio Roca, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señala: "El gobierno está cayendo en la tentación de politizar el tema, de hacer política con la tierra y, lejos de brindar una solución real, esto más bien sensibiliza a los actores y ocasiona que la solución se aleje de lo racional Nosotros queremos que se encuentre una solución a un problema que viene de muchos años, coadyuvando y ampliando la producción y, al mismo tiempo, generando un clima de estabilidad social" Alfredo Rada, viceministro de Movimientos Sociales, afirma a su vez: "Lo que vemos es que los sectores especulativos, al interactuar conjuntamente con los productivos dentro de las mismas organizaciones, están logrando que estas organizaciones se pronuncien exigiendo seguridad jurídica y garantías para todos, no sólo para los productores, sino también para los especuladores" Lucha fratricida El debate por la tierra en Bolivia, lo mismo que las consecuencias que ha generado la "Revolución agraria", apenas ha comenzado, pero ya tiene en su corta vida afirmaciones beligerantes y drásticas medidas de fuerza a través de tomas violentas de tierras, desalojo policial-militar, heridos y un muerto Los dos primeros pasos del gobierno (anuncio de su política y distribución de 31 millones de tierras fiscales) aún no han llegado ?con hechos-- al tema que los analistas consideran más sensible; es decir, la reversión de los latifundios improductivos o de aquellos que no cumplan una función económica social Para este tercer paso, el gobierno necesita la aprobación de un proyecto modificatorio de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con el fin de acelerar el proceso de saneamiento y revertir las tierras ociosas La cómoda mayoría en el parlamento del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), hace prever que este trámite se cumpla sin grandes sobresaltos Según el director nacional de Tierras, Juan Carlos Rojas, el proyecto será enviado al Parlamento "lo más pronto posible" En las tierras mismas, el escenario puede ser diferente, tanto que el único cardenal boliviano y Arzobispo de Santa Cruz, monseñor Julio Terrazas pidió en su última homilía "evitar la lucha fratricida entre bolivianos, (evitar) que se tenga que llegar a la muerte para conseguir un pedazo de tierra en el país" A ello debe sumarse la reciente declaración del presidente Evo Morales sobre el tema Dijo que "las tierras ociosas que no son trabajadas y son de terratenientes, vamos a revertir (esta situación) sin ningún miedo, porque hay gente que acapara tierra para negociar y no para trabajar Legalmente, con decretos, con leyes, vamos a revertir" Para la empresaria Amelia Dimitri, la invocación de la Iglesia y la "firmeza" de Morales son referencias válidas, aunque no duda en afirmar que "aquí no solamente los hombres van a defender las tierras; las mujeres también lo vamos a hacer Nosotros queremos paz y tranquilidad en esta tierra, pero (el gobierno) está provocando que nos levantemos en armas, porque están avalando los avasallamientos y nosotros no lo vamos a permitir"