Madrid, 19 de junio (apro) - Hasta el anuncio de la Ejecutiva del Partido Socialista (PSE), de su intención de mantener contactos preparatorios con dirigentes de la ilegalizada formación abertzale Batasuna, el derechista Partido Popular (PP) había dado, a regañadientes, un tímido apoyo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su empeño de apertura de un proceso de negociación con ETA para conseguir la pacificación definitiva del País Vasco De hecho, en el debate anual sobre el estado de la nación, que tuvo lugar los días 30 y 31 de mayo, los oradores pasaban de puntillas sobre el escabroso asunto de las negociaciones, y lucían su esgrima verbal en otros asuntos, como la educación, inseguridad ciudadana, reforma del Código Civil o política exterior Precisamente por no haber utilizado la cuestión contra el gobierno, la mayoría de los medios de comunicación de tendencia conservadora atacaron al día siguiente con dureza al líder de la oposición, Mariano Rajoy, llegando a calificar el duelo parlamentario de tongo (trampa) Pero cuando en los primeros días de junio, Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, anunciaba su disposición a mantener un encuentro con dirigentes del ilegalizado partido abertzale Batasuna, la tormenta se desataba en la sede del PP, que se desligaba de su compromiso de apoyo al proceso de paz dado al gobierno el 22 de marzo, bajo el pretexto de que dicha reunión con una formación ilegalizada por la aplicación de la Ley de Partidos ?creada ad hoc, precisamente para hostigar a la izquierda abertzale e ilegalizar a Batasuna como medio de presión contra ETA-- constituía una "concesión política", que el Ejecutivo de Zapatero se había comprometido a no ofrecer en ningún momento El 6 de junio, en la sesión parlamentaria de Resoluciones, posterior al Debate sobre el estado de la nación, el PP desplegaba toda su artillería como nunca lo había hecho en este periodo de Legislatura El presidente del PP, en un tono agrio y hostil, anunciaba sentirse "liberado" de su compromiso de apoyo al gobierno, para más adelante sorprender a toda la Cámara, al declarar que su partido rompía "toda relación con el gobierno" Exigía que la reunión entre el PSE y Batasuna no se produjese, y la calificaba de "negociación política con ETA", al tiempo que acusaba al Ejecutivo socialista de forzar a la Fiscalía General del Estado a actuar como "abogado de los terroristas" Tras esta singularmente dura intervención, Rodríguez Zapatero solicitaba la palabra en el Congreso para pedir al PP rectificase y se sumase, junto al resto de todos los demás partidos, al consenso en torno a esta cuestión Recordó que cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, en 1998, apoyó sin fisuras al gobierno del PP en su intento de conversaciones de paz con ETA, durante la tregua que declaró la organización independentista, y que duró algo más de un año De nada sirvieron sus apelaciones La sesión parlamentaria concluía con el consenso roto, pero la crispación no había hecho más que comenzar Al día siguiente, el secretario general del PP ?habitualmente mucho más virulento que Rajoy-- aseguraba en conferencia de prensa que "la estrategia de Zapatero es la estrategia de ETA" Pese a todo, a comienzos de la pasada semana se producía una "rectificación" por parte del PP, ante las constantes llamadas al diálogo efectuadas desde todos los ámbitos del Partido Socialista Mariano Rajoy afirmaba su "disposición" a volver a hablar con el presidente del gobierno, si éste le hacía una llamada telefónica La respuesta desde el Ejecutivo no se hacía esperar, y desde la sede de la Presidencia, en el Palacio de la Moncloa, se anunciaba que no sólo se produciría esa llamada, sino se informaría "diariamente" al líder de la oposición de cualquier cambio o progreso en la gestión Sin embargo, poco duraba la reconciliación Ante el anuncio efectuado por ETA, el pasado 14 de junio, sobre su compromiso de "llevar hasta el final" una solución al conflicto "mediante el diálogo y la negociación", el gobierno de Zapatero reaccionaba en positivo, al afirmar que la situación actual es la "antesala de la paz", y considerando esta declaración de la organización separatista como un "espaldarazo" al proceso de paz Esto animaba a José Luis Rodríguez Zapatero a anunciar que se iniciarían los contactos con ETA este verano La reacción desde el PP era automática Se exigía al gobierno que "aclare hoy mismo que no procede diálogo alguno con los terroristas", ya que el Estado debe evitar "cualquier movimiento hasta la verificación final del terror, incluida, especialmente, la anunciada negociación política con ETA-Batasuna" Nueva vuelta atrás Aunque no sólo la bancada parlamentaria de la derecha se opone al proceso de paz En las propias filas socialistas existen disensiones llamativas La eurodiputada Rosa Díez lleva meses haciendo públicas declaraciones, cada vez más duras, contra la política en este terreno de su propio partido, y oponiéndose a una posible y futura reinserción de los presos de ETA que ahora se encuentran en las cárceles españolas Más recientemente, la concejal socialista Gotzone Mora, que fue víctima de un intento de atentado hace varios años, fue expulsada de la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados por sus continuas increpaciones y gritos dirigidos contra el presidente del gobierno, durante la celebración de la mencionada sesión de Resoluciones del 6 de junio Otro frente contrario a las negociaciones es el abierto por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presidida por el polémico José Francisco Alcaraz, hombre muy próximo a las tesis más radicales del PP, que en los últimos tiempos ha conducido a este colectivo a una creciente politización, lo que provocó el año pasado que sus secciones de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana se escindieran de la organización, al no considerarse representados por ella Signos franquistas Esta asociación, que nada tiene que ver con la surgida a raíz de los terribles atentados del islamismo radical, el 11 de marzo de 2004, en Madrid ("11-M, Asociación de Afectados de Terrorismo"), convocaba para el 10 de junio pasado a la cuarta manifestación consecutiva contra la política antiterrorista del gobierno, a la que acudieron cerca de 200 mil personas, y en la que pudo observarse la reaparición de signos y banderas del franquismo que ya se creían desaparecidas, así como la asistencia de conocidos líderes de formaciones fascistas y de la extrema derecha En este caso, además, se pronunciaban abiertamente contra cualquier clase de negociación o ulterior adopción de medidas de gracia a favor de presos de ETA En su lema, incluso volvían a cuestionar la autoría de los atentados del 11-M, sugiriendo la participación de ETA en los mismos Por si fuera poco, otras cargas de profundidad contra las negociaciones provienen del campo judicial, tradicionalmente uno de los estamentos más conservadores de la sociedad española Ya avisaba el presidente Zapatero, tras el anuncio por parte de ETA de un alto el fuego permanente, que el camino hacia la pacificación definitiva sería largo y difícil Con una gran cantidad de procesos judiciales abiertos contra miembros de la organización independentista y contra dirigentes de la ilegalizada Batasuna en curso, el papel de los magistrados cobra una fundamental relevancia en el devenir del proceso de paz En la tensa situación actual, unos togados están teniendo más en cuenta que otros las circunstancias concurrentes, casi siempre en función de filias y fobias ideológicas, en una actuación general del Poder Judicial, calificada de "muy politizada" desde diversos ámbitos A nadie se escapa que las actuaciones judiciales se han convertido en un elemento de importancia vital para el desarrollo del proceso, en un horizonte en el que el futuro de los presos de ETA o la posible vuelta a la legalidad de Batasuna están en el horizonte inmediato de las conversaciones Pero en las actuales circunstancias, algunas actuaciones judiciales han sido interpretadas en el entorno del gobierno como el lanzamiento de un torpedo a la línea de flotación de un proceso tan delicado Uno de los más claros ejemplos se producía en febrero de este año, cuando el Tribunal Supremo respaldaba una resolución adoptada por la Audiencia Nacional ?dependencia judicial que en España es la encargada de interesarse por los casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y delincuencia financiera--, por la que se modificaba el sistema de aplicación de "redenciones de condena" El caso Henri Parot En contra de toda su jurisprudencia anterior, el alto tribunal decidía que los beneficios penitenciarios que contempla la ley española, y las redenciones de pena, para el caso del preso de ETA Henri Parot ?que estaba a punto de salir de prisión tras cumplir 18 años en presidio--, se aplicarían sobre el cómputo total de sus condenas (en este caso, de varios miles de años), y no sobre el tiempo máximo que la ley permite la estancia en la cárcel a una persona (30 años), como venía haciéndose hasta ese momento Esta decisión, muy criticada, y calificada de "ingeniería jurídica" por la asociación de tinte progresista Jueces para la Democracia, ha sido interpretada como un intento deliberado de obstaculizar el proceso de paz Otros jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, como María Teresa Palacios o Javier Gómez Bermúdez, también están dando muestras de su disposición a tratar con dureza a los `procesados del entorno de la izquierda abertzale, a pesar del nuevo clima político y del proceso en curso, con una Batasuna que habla abiertamente del error que supuso "no tener en cuenta el dolor de otros", y que se ha posicionado con nitidez en los planteamientos de la vía política como única y exclusiva para defender sus propuestas Con todo, y en ausencia del juez Baltasar Garzón, que se encuentra en excedencia y no regresará a la actividad jurídica hasta octubre de este año, el nuevo magistrado "estrella" es Fernando Grande-Marlaska De conocidas ideas conservadoras, su presencia en la primera línea informativa es constante de un tiempo a esta parte La semana anterior impedía una rueda de prensa de antiguos dirigentes de Batasuna y de representantes del sindicato abertzale (no ilegalizado) LAB Pero también, desde la apertura del proceso de paz, ha enviado a prisión al antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi ?por "apología del terrorismo", y siempre en referencia a su participación en actos de homenaje a fallecidos de ETA, hace más de dos años--, en dos ocasiones, solicitando altísimas fianzas para su puesta en libertad ?la última, de 650 mil euros Ante la expectativa creada por el retorno en otoño de Baltasar Garzón, cuyo peso y reconocimiento podrían influir a la hora de inclinar la balanza en uno u otro sentido en los criterios a aplicar por los jueces de la Audiencia Nacional, en los casos que tengan relación con ETA o con el entorno de la izquierda abertzale, de momento, y antes de terminar su excedencia, el magistrado ya se ha pronunciado en el sentido del respeto de la ley, aunque teniendo en cuenta las circunstancias actuales Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado española parece haber emprendido pasos hacia esa "mayor comprensión de la coyuntura", y ha designado al expresidente de la Unión Progresista de Fiscales, Juan Antonio García Jabaloy, para que se haga cargo de parte del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, al que se incorporará Garzón en octubre, y que instruye la mayor parte de los sumarios contra miembros de ETA y personas del entorno de la izquierda independentista vasca El papel de la judicatura se antoja determinante para que la estrategia del gobierno español pueda dar sus frutos Descartado por Zapatero el diálogo político con ETA, la situación de sus presos y los paulatinos procesos de reinserción y de integración, los posibles beneficios penitenciarios y los indultos, serán el elemento fundamental, el objeto mismo de la negociación