Insípida su campaña de contacto con los ciudadanos y con la apuesta total en la televisión, a la que se entregó con su aval a la "Ley Televisa", así como incitador de los odios contra Andrés Manuel López Obrador, guarecido por el aparato de gobierno de Vicente Fox y las cúpulas empresariales, Felipe Calderón concluye su búsqueda de la Presidencia de la República con un estigma que deslavó su propaganda de "manos limpias": El tráfico de influencias, expone la edición 1547 de Proceso Además del escándalo de su cuñado Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, quien no ha cumplido su compromiso de exhibir la presunta cesión de acciones de su hermana y socia Margarita en la empresa que lleva su segundo nombre, se acumulan más evidencias del tráfico de influencias de los miembros de su campaña y del Partido Acción Nacional (PAN) Si en el arranque de la campaña formal, el 19 de enero, lo persiguió el escándalo de los hijos de Marta Sahagún --de quienes jamás se deslindó y esquivó con promesas de aplicación pareja de la ley--, en la recta final lo han alcanzado otros casos de uso del poder político para negocios personales, como el de Juan Bueno Torio, candidato a senador por Veracruz, y el de su amigo y vocero del PAN, César Nava, exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Ahora, Proceso obtuvo documentos que sustentan la adjudicación de contratos del gobierno de Vicente Fox y de gobiernos panistas a la empresa Electronic Publishing, SA de CV, propiedad de Enrique Madero Muñoz, diputado federal con licencia y candidato a senador por Chihuahua, quien hasta abril era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Uno de los contratos, por 4 millones 600 mil pesos, se lo otorgó la Secretaría de Energía cuando Calderón estaba al frente, contraviniendo presuntamente la Ley de Adquisiciones que ordena, en el artículo 50, que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que se precisan En la fracción II de la ley se indica a un conjunto de éstas: "Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte?", explica Proceso en su edición en circulación a partir de este domingo 25 de junio