La variedad de ataques contra Andrés Manuel López Obrador desbordó con mucho el marco legal del proceso electoral, a decir de la coalición que lo postuló La intervención partidista de actores sociales como la Iglesia y las cúpulas empresariales, la guerra sucia de partidos y gobierno federal, así como el rebase de topes de campaña por parte de Felipe Calderón, son algunas de las manchas que ya se habían observado, pero que la coalición tendrá que acreditar ante el Tribunal Electoral Convencido de que se enfrentó al aparato de Estado, en recientes declaraciones Andrés Manuel López Obrador llamó al presidente Vicente Fox traidor de la democracia y lo acusó de actuar como mapache electoral Sus señalamientos también se han dirigido al Instituto Federal Electoral: llamó delincuentes a los funcionarios del órgano electoral; recordó el origen del actual Consejo General del IFE, destacando la intervención de Elba Esther Gordillo como responsable del nombramiento de Ugalde; calificó de cochinero todo el proceso, que contiene elementos de sobra para ser anulado porque no hubo legalidad, equidad ni independencia En el recurso de inconformidad firmado por el representante de la coalición Por el Bien de Todos ante el IFE, Horacio Duarte Olivares, se pone especial énfasis en la intervención del presidente y de su gabinete, así como en la disposición de recursos públicos para favorecer a Felipe Calderón Hinojosa El texto destaca que donde el resultado electoral fue adverso para López Obrador -en la mitad del país, de acuerdo a los cómputos distritales- fue resultado de la indebida injerencia del gobierno federal y del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Vicente Fox, en la contienda electoral; así como del impacto de la 'guerra sucia' y campañas negativas promovidas y pagadas por terceros ajenos a la contienda electoral Éstos habrían actuado ante la complacencia y permisividad de la autoridad electoral, lo que a decir del candidato desinformó a la ciudadanía y alentó el voto de miedo Tal escenario, se señala en la impugnación, fue determinante en el cerrado resultado De ahí que la coalición solicite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrir los paquetes electorales y contabilizar todos los sufragios La coalición también denuncia el impacto de la guerra sucia, reflejada en la difusión de al menos 36 promocionales distintos diarios contra López Obrador: Una vez que se comenzó a difundir la campaña negra por el Partido Acción Nacional, comenzó a reducirse la diferencia en las preferencias electorales, que al principio de la campaña favorecían por lo menos con ocho puntos porcentuales al candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos en prácticamente todas las encuestas realizadas en el país, dice el documento Como responsables de dicha campaña negativa se incluyen, además de la Alianza por México (PRI-PVEM), el Consejo Coordinador Empresarial y dos asociaciones civiles Se habría sumado a dicha campaña de odio y mentiras aquella realizada por el Poder Ejecutivo Federal en promocionales difundidos en medios de comunicación masiva, en los que se utilizaron los programas de gobierno para llamar a la continuidad en su gobierno y a denostar a la opción política que representa el candidato Andrés Manuel López Obrador Programas politizados También se presentó como prueba el presunto desvío de recursos públicos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social -de la que fue titular la coordinadora de campaña de Calderón, Josefina Vázquez Mota-, en colaboración con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Salud, que se coordinaron con el PAN a fin de que fondos del erario se utilizaran para catapultar la candidatura de Felipe Calderón a la Presidencial de la República, constituyendo en principio un financiamiento paralelo para dicha campaña De esta manera, la coalición afirma en su recurso que se triangularon operaciones con los recursos del Programa de Vivienda Rural, Seguro Popular, Apoyo a Adultos Mayores, Oportunidades, con recursos de la Infraestructura Social Municipal, y se manipuló, además, para ello, el Padrón Electoral, del que sólo puede conocer el Instituto Federal Electoral y para efectos únicamente de revisión los partidos políticos, con fines de inducción al voto y proselitismo para apoyar los actos de campaña y propaganda de Calderón Uno de los casos más escandalosos presentado como prueba es el referente al Programa de Vivienda Rural (Proceso 1540 y 1541) En el documento de la impugnación se indica que el 15 de febrero de 2006 la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Dirección de Opciones Productivas, desviaron el destino de 541 millones de pesos comprometidos como devengados no pagados a favor de la Federación de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, Asociación Civil, para transferirlos a una organización denominada Huehutepec Comunitaria, AC, representada por Josefina Plata Dueñas y los empleados del Partido Acción Nacional Carlos Alonso Vázquez, David López Gómez, Eric Vidal Montiel y José Benjamín Chacón Castillo (diputado federal suplente) Se trataba de fondos aprobados en el presupuesto de 2005, pero liberados a cinco meses de la contienda electoral Las transferencias a esta agrupación pro panista se realizaron a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, con cargo al Programa de Adquisición de Suelo y Mejoramiento En el documento se indica que en la operación también intervinieron los diputados panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Isabel Trejo Reyes y Javier Castelo Parada La coalición presenta en su escrito una lista de los destinatarios y montos finales de al menos 321 millones de pesos, correspondientes al Programa de Vivienda Rural 2005: a) Tres millones fueron entregados al director corporativo de Comercial Mexicana SA, Lic Alfonso Barragán Galindo, operador del PAN en el norte de Veracruz b) Tres millones y medio, al secretario de Vinculación Ciudadana del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Hidalgo, Lic Arturo Barraza Santillán c) Dos millones 800 mil pesos al regidor, consejero estatal y presidente del Comité Municipal del PAN en Tuxtepec, Oaxaca, Ing Fernando Guerra Beltrán d) Un millón de pesos al presidente del Comité Municipal del PAN en Tlalchapa, Guerrero, Ignacio Galindo Sánchez e) Un millón y medio al diputado federal Humberto Aldaz Hernández, coordinador de campaña del candidato presidencial Felipe Calderón en el estado de Oaxaca f) Siete millones a la diputada federal Rocío Guzmán de la Paz, coordinadora de campaña del candidato presidencial Felipe Calderón en el norte de Veracruz g) Cinco millones al diputado José Erandi Bermúdez, candidato a la Presidencia Municipal de Pénjamo, Guanajuato h) Cinco millones al diputado federal Alfonso Moreno Morán, candidato a presidente municipal en Guanajuato i) Un millón 300 mil pesos a la candidata a diputada federal por el PAN, Edith Galindo Santos, en el municipio de Xicotepec, Puebla j) Un millón y medio al secretario de Acción Gubernamental del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Michoacán, Lic Luis Zatarain k) Y medio millón al diputado Diego Palmero Andrade, coordinador de campaña presidencial en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, Veracruz Aparato estatal La impugnación de la coalición Por el Bien de Todos da cuenta de las declaraciones hechas por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, el 17 de abril pasado, en el sentido de que al menos 44 millones de beneficiarios sociales son susceptibles de manipulación electoral Este semanario reveló un documento interno del PAN en el que se asegura que se utilizarían los padrones de Oportunidades y el Seguro Popular para obtener una ventaja y recuperar terreno en los estados en donde el PAN no es gobierno En el DF se hará uso de los padrones del Seguro Popular para contrarrestar al PRD Con esto se pretende obtener un piso de 8 millones de votos (Proceso 1538) Respecto del Programa de Adultos Mayores, se indica que en julio de 2005 el subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, Javier Castelo Parada, recibió de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, el padrón de Programa de Adultos Mayores, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano Con la información de 175 mil ancianos que recibían un apoyo de 2 mil 100 pesos cada uno -indica el documento de la coalición-, el coordinador general del PAN en la Cámara de Diputados, José González Morfín, instruyó a cada uno de los 150 diputados federales de ese partido para que promovieran una campaña a favor del PAN en cada uno de los estados; invitando a los beneficiarios del programa a que acudieran a Telecom a recoger sus apoyos Por estos casos y otros más, documentados con notas periodísticas, la coalición califica de impresionante cómo se puso en marcha todo el aparato gubernamental del Ejecutivo Federal para colocar en el puntero de las preferencias electorales al candidato de Acción Nacional En la argumentación jurídica de la impugnación participaron Arturo Núñez, Ricardo Monreal y Horacio Duarte En la parte técnica colaboraron Claudia Sheinbaum, Octavio Romero, Luis Mandoki y Manuel Camacho Solís, a decir del exgobernador de Zacatecas Suma de agravios El texto aborda más elementos, como la presunta intervención de la Iglesia católica en la campaña contra López Obrador, la manipulación del Padrón Electoral a través de la empresa Hildebrando, de Diego Zavala; las precampañas de los aspirantes del PRI, PVEM y PAN a candidatos presidenciales, las declaraciones del expresidente español José María Aznar a favor del panista, así como la asesoría de Antonio Solá en su campaña; y la coacción a empleados de empresas privadas para votar por Calderón Se considera que otros factores dañaron de manera ilegal a López Obrador: la campaña de Víctor González Torres, el Doctor Simi; el rebase de topes de campaña de Calderón por más de 244 millones de pesos, de acuerdo a monitoreos del IFE; los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares y sus inconsistencias, así como la negativa de funcionarios de los comités distritales del IFE a abrir paquetes electorales durante el conteo oficial, pese a la existencia de un alto porcentaje de votos nulos Un apartado especial en el documento lo tiene el cuestionamiento a la labor del IFE y de la Fepade, a los que se acusa de omisión De la Fiscalía Especial Para Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se afirma que se le presentaron 12 denuncias que no fueron resueltas Además, la coalición presentó ante el Consejo General y los distritales 24 quejas por irregularidades cometidas por el presidente Vicente Fox, el PAN y organizaciones o personas afines, sin que la instancia electoral le haya dado respuesta Resalta en el documento de la coalición un señalamiento a Elba Esther Gordillo y presuntamente al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, referente a 14 mil funcionarios a su servicio que, supone la coalición, pertenecen al IFE: El 6 de julio de 2006 se informó a la representación de la coalición Por el Bien de Todos de una llamada efectuada el 2 de julio de 2006, cuyos autores fueron muy probablemente la C Mtra Elba Esther Gordillo Morales y presuntamente el actual gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez De la conversación efectuada entre los sujetos que se mencionan, se desprende que la C Elba Esther Gordillo Morales le informa al presunto gobernador de Coahuila que tienen 14 mil funcionarios que les están ayudando en todo el país, de los cuales más de 6 mil funcionarios son seguros; lo anterior y dada la falta de certeza, objetividad, legalidad y parcialidad que ha rodeado a esta elección federal, puede interpretarse que los funcionarios a los que se refiere la maestra Elba Esther Gordillo Morales pertenecen al Instituto Federal Electoral, ya sea como autoridades de la mesa directiva o como consejeros de dicho instituto en los consejos locales o distritales; se puede entender que ya se tienen aseguradas 6 mil de 14 mil actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas electorales Pero además, que como el Partido Revolucionario Institucional, con palabras de la propia persona, 'ya se cayó', entonces deben actuar, sugiriéndole la maestra Elba Esther Gordillo Morales al presunto gobernador de Coahuila que vendan 'lo que tengan', entendiéndose con ello los votos obtenidos en dichas actas de casilla al Partido Acción Nacional Dicha conversación se muestra más clara con el disco compacto que anexo como prueba y la siguiente transcripción de la misma El documento, sin embargo, no incluye la versión estenográfica Aun así se da cuenta de que se violentó la jornada electoral al evidenciarse acuerdos políticos de miembros del PRI -Gordillo lo fue hasta el 14 de julio- con el PAN, hechos que se agravan con la colusión de funcionarios que la coalición supone son del IFE Hasta ahora, la única conversación telefónica que ha dado a conocer López Obrador y en la que está involucrada la lideresa magisterial es con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y ha sido admitida por ambos Difundida en la primera asamblea informativa de López Obrador en el Zócalo, el pasado 8 de julio, la grabación revela los consejos de Elba Esther Gordillo para que el gobernador se comunique con Felipe Calderón y le confirme que en su estado el PRI ya se cayó Todos estos elementos sustentan la demanda fundamental de la impugnación, la de contar voto por voto, aunque en el caso de una elección presidencial ese principio no está establecido en la ley No hay una norma concreta, esa es la dificultad y precisamente lo inédito -dice a Proceso Ricardo Monreal- Los legisladores que elaboraron la ley nunca pensaron que iba a ocurrir una situación como la que estamos viviendo, una elección tan cerrada Entonces el Tribunal Electoral tiene la obligación de integrar norma Creo que los magistrados tienen que darnos la razón Para dar certidumbre y confianza podrían abrir los paquetes y así tendríamos un presidente democráticamente electo Además, ya hicimos el ejercicio y calculamos que el recuento podría hacerse facultando a funcionarios de los 300 distritos electorales, y se haría en un tiempo aproximado de 18 horas ¿Qué es un día? Es preferible un día que seis años de ilegitimidad, concluye l