Improcedente, la extradición de Gómez Urrutia

sábado, 29 de julio de 2006
* El abogado Mariano Albor dice que se trata de un caso con tintes políticos México, D F, 28 de julio (apro)- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) acusó al gobierno federal de querer aprehender a Napoleón Gómez Urrutia para "imponer un títere dócil con quien puedan concretar la reforma Abascal" El abogado del sindicato minero Mariano Albor comentó que es improcedente la solicitud al gobierno canadiense, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la detención provisional de Gómez Urrutia La razón: el tratado de extradición entre México y Canadá contiene cláusulas específicas que impiden su detención "cuando se funda en delitos políticos o que tengan relación con hechos políticos" Y el caso del líder minero, dice Albor, se funda en las consecuencias del conflicto minero, como "la represión en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la que dos siderúrgicos perdieron la vida a causa del ataque de las fuerzas gubernamentales, federales y estatales, y 50 más resultaron lesionados", sin que a la fecha se haya informado acerca de ello a los familiares de las víctimas De igual manera, cita el abogado "las repercusiones de la negligencia del gobierno de la República que tuvieron como consecuencia los trágicos sucesos de Pasta de Conchos en que murieron más de 60 mineros mexicanos" el pasado 19 de febrero Por si esta tensa situación laboral por la que atraviesan los mineros no fuera suficiente, los sindicalistas se oponen tenazmente a las reformas al sistema laboral, mejor conocidas como "Ley Abascal", mediante la cual se pretende eliminar el derecho de huelga Esto es motivo "para dejar en la evidencia que Gómez Urrutia es un perseguido político y que se han aprovechado las instituciones penales para armar artificialmente acusaciones en su contra", destaca Albor Además, asegura, se debe tomar en cuenta el fracaso de la investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que determinó que "no existen elementos para demostrar que hubo fraude con los 55 millones de dólares que conforman el fideicomiso F/9645-2" Esto "no obstante que anticipó, una y otra vez, que tenía la intención de condenar públicamente, por razones el carácter político, al líder nacional de mineros no tuvo elementos objetivos" Por eso, el sindicato minero destaca que el gobierno federal utilizó a Francisco Salazar, secretario del Trabajo y Previsión Social para complacer a Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y a Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, de Grupo Villacero, para deshacerse de Gómez Urrutia