* Pedirá ampliar el plazo para presentar pruebas en el caso del 68
* Espera el Comité 68 que incrimine a los involucrados
México, D F, 4 de julio (apro)- El expresidente Luis Echeverría Álvarez rendirá mañana, a las cuatro de la tarde, su declaración preparatoria, en la que argumentará la prescripción del delito de genocidio que se le imputa por la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco
Además, pedirá una prórroga de 72 horas para aportar pruebas de descargo
Para los exdirigentes del movimiento estudiantil, agrupados en el Comité 68, esas pruebas deben traducirse en que Echeverría incrimine a los involucrados en la represión que oficialmente dejó sólo 21 muertos
La audiencia tendrá lugar en el domicilio de Echeverría, donde se encuentra bajo arresto desde el viernes 30 de junio por decisión del magistrado José Ángel Mattar Oliva, titular del Segundo Tribunal Unitario, quien la semana pasada resolvió que existen elementos para procesar por genocidio a Echeverría
El Comité 68 ha pedido que esa diligencia sea pública, como lo establece el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales Federales
Sin embargo, el abogado del expresidente, Juan Velásquez, informo que la diligencia será privada y en la casa de quien es señalado como responsable de haber organizado y ordenado la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas
"Es un beneficio acordado con el juez y al que tiene derecho el procesado, de acuerdo con el artículo 55 del Código Penal", que permite que los mayores de 70 años sean procesados y aun cumplan condena en su domicilio, dijo el abogado
Un secretario del juez Ranulfo Castillo Mendoza, titular del juzgado Décimo Quinto de Procesos Penales Federales, radicado en el Reclusorio Sur, se trasladará al domicilio de Echeverría, en la colonia San Jerónimo, al sur de la ciudad de México
Echeverría, de 84 años de edad, pedirá que el juez prorrogue hasta por 72 horas su resolución para que pueda aportar y desahogar pruebas que desacrediten las acusaciones que le fincó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto
Echeverría pedirá al juez que le dicte un auto de libertad, debido a que, a su juicio, no existe "ninguna prueba de que, con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, se hubiesen perpetrado por cualquier medio, delitos contra la vida de sus miembros"
En caso de existir el delito, no hay ninguna prueba de que haya participado en los hechos, dirá también Echeverría, quien gobernó al país entre 1970 y 1976 y fue secretario de Gobernación entre 1964 y 1969
Otro alegato, de acuerdo con el abogado, será la prescripción del delito, pues en caso de que se configure el genocidio, éste habría prescrito el 2 de octubre de 1998 Y en el caso de Echeverría, que gozó de inmunidad más de siete años después de los hechos, el delito ?según Velásquez? habría prescrito en noviembre de 2005
Sin embargo, para Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y Víctor Guerra, integrantes del Comité 68, el delito prescribiría en diciembre de este año, 30 años después de que Echeverría salió de la presidencia de la República y perdió el fuero constitucional
Aseguraron que el juez Castillo Mendoza no tiene más opción que decretar la formal prisión de Echeverría
"Si se opera con apego a la legalidad y a los elementos incluidos en el expediente de consignación, no cabe la menor duda de que el juez debe resolver en el sentido de la formal prisión", pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que se debe tomar en cuenta la inmunidad de que gozó el expresidente, y el magistrado Mattar consideró que sí hay elementos del delito de genocidio, dijeron
Para evitar su enjuiciamiento penal, agregaron, "sólo resta la posibilidad de que Echeverría aporte pruebas exculpatorias de sí mismo y/o incriminatorias de terceros, de tal contundencia que sean en sí misas incontrovertibles"
Hasta ahora, Echeverría no ha aportado ninguna prueba, pues en la etapa de averiguación previa de los hechos, se acogió en 2002 a su derecho a no declarar, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución
Pero sólo con pruebas "milagrosas", añadieron, deslindará su responsabilidad de los hechos, ocurridos cuando era secretario de Gobernación y que se le atribuyen haber organizado con el jefe del Estado Mayor de la Presidencia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el general Luis Gutiérrez Oropeza
Los exdirigentes estudiantiles reiteraron que, en caso de que se le dicte auto de libertad al expresidente, recurrirán a las instancias internacionales, como lo han hecho en el caso de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, y de la que ya se le exculpó en definitiva por la justicia mexicana