Guatemala: Violencia después de la guerra

lunes, 28 de agosto de 2006
Ciudad de Guatemala, 28 de agosto (apro) - Diez años después de finalizada la guerra civil, las muertes violentas siguen siendo un fenómeno cotidiano en este país La cuota de sangre que cobró la guerra interna en sus períodos más cruentos es equiparable a las muertes que ahora cobra la violencia Sólo de 2000 a 2005, más de 23 mil guatemaltecos murieron violentamente, refieren organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Myrna Mack Las cifras más conservadores hablan de 5 mil a 6 mil muertes por año en un país de 12 millones de habitantes Y 2006 se perfila como uno de los más violentos: 3 mil hombres, 417 mujeres y 430 niños y niñas han sido asesinados en lo que va del año La situación es tan grave que ameritó la presencia en Guatemala, la semana pasada, del relator de ejecuciones judiciales, sumarias y arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, Phillip Alston Durante su visita, Alston sostuvo encuentros con el presidente Oscar Berger; el ministro de Gobernación, Carlos Vielman; el jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido, así como con jueces, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y víctimas El pasado jueves, Alston entregó sus conclusiones preliminares a la prensa Advirtió que actualmente en Guatemala hay más asesinatos diarios que durante el conflicto armado, y los hechos de violencia han creado un clima de inseguridad "Los cálculos oficiales hablan de 5 mil ejecuciones extrajudiciales al año y creemos que es un número debajo de la cifra real", sostuvo el relator Desde la perspectiva del relator, las 5 mil muertes violentas que como mínimo se registran en Guatemala cada año, entran en la categoría de ejecuciones extrajudiciales por cuanto "todo asesinato que tiene lugar en una sociedad, que no se investigue o condene, da pié a responsabilidades del Estado" El relator apuntó a altos niveles de impunidad y a la falta de información y estadísticas viables en torno al fenómeno de la violencia Atribuir la violencia a las maras o a la delincuencia organizada podría restar importancia a la complejidad del fenómeno, sentenció Denunció que, entre las opciones que se presentan al país para enfrentar los asesinatos y la violencia cotidiana, la que parece gozar de un apoyo considerable es utilizar la mano dura para acabar con los elementos indeseables, con medidas más radicales de las autoridades "Quienes piden mano dura no explican que significa eso En términos de derechos humanos, el término sólo puede significar técnicas ilegales La retórica de la mano dura lastimosamente se parece a lo que se denominó doctrina de seguridad nacional aplicada en Latinoamérica en los 70 y 80, en la que, sin excepción, las consecuencias fueron desastrosas", planteó Alston estimó que la segunda opinión, la que reflejan los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, que prevé el desarrollo de un sistema de justicia para garantizar el estado de derecho, se debilita "¿De qué debe constar un sistema que funcione? De una policía que funcione; un sistema de investigaciones efectivo; un sistema de tribunales no corrupto que tramite con eficiencia los casos que se presenten, y un sistema gobernante que apoye La verdad es que todos estos componentes no funcionan o funcionan mal", acusó el relator Sostuvo que en el actual estado de cosas en Guatemala, "el Congreso tiene una enorme responsabilidad La sociedad civil tiene que ser más contundente, lo mismo el ejecutivo que desempeña una función importante y debería estar preocupado por los graves riesgos que corre actualmente el país" Bajo sospecha En un informe entregado al relator, la Fundación Myrna Mack denunció que en el país hay una restauración del poder militar como supuesta solución a los problemas de seguridad ciudadana, una pérdida de espacio de la Policía Nacional Civil, y una exposición pública de las dimensiones de podredumbre, corrupción e incidencia criminal de la policía Prevalecen, además, estructuras clandestinas que generan violencia con impacto político, accionando contra autoridades que impulsan leyes y políticas públicas orientadas a combatir focos de criminalidad, corrupción y violencia, y que también actúan contra dirigentes políticos y sociales que, con sus demandas, afectan intereses de grupos de poder económico En Guatemala, denunció la organización, proliferan empresas privadas de seguridad y de inteligencia y venta de armas que se manejan arbitrariamente, sin controles que frenen las formas de ilegalidad y criminalidad que brotan en éste ámbito Hay 28 mil agentes de seguridad privada con autorización oficial, pero otros 60 mil hombres armados operan irregularmente y sin control alguno "Si bien el número actual de muertes violentas es comparable con los que hubo en los momentos más sangrientos del conflicto, los perfiles de la agresión y la criminalidad han cambiado, así como sus motivaciones y manifestaciones Resalta la delincuencia común que padece la población en sus zonas residenciales, en autobuses y zonas comerciales Otro fenómeno que se desbordó en la última década es el de pandillas juveniles, algunas de las que han establecido relaciones con el crimen organizado y desarrollado una capacidad impresionante para infundir terror entre la ciudadanía", observó la organización En cuanto al crimen organizado, expone el análisis, su impacto en la violencia en general es significativo, pero preocupa además la capacidad que han desarrollado para penetrar instituciones, partidos políticos y gobiernos locales La violencia política también persiste, reflejada en amenazas, ataques y asesinatos que afectan a opositores políticos, operadores de justicia, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, líderes indígenas y campesinos "Su fin es impedir procesos que busquen esclarecer la violencia política del pasado, resarcir a las víctimas, reparar la memoria de los muertos y sancionar a los responsables Es una violencia ejecutada por estructuras que funcionan en la clandestinidad y cuentan con poder económico que les da capacidad armada, servicios de inteligencia e influencias políticas que garantizan impunidad", expone el informe Y señala otro fenómeno creciente en el país: los crímenes de odio contra personas o grupos "indeseables": homosexuales, travestis, prostitutas, niños de la calle, delincuentes comunes o presuntos delincuentes y mujeres, perpetrados por aparatos clandestinos vinculados al Estado, grupos de vecinos que se organizan para afrontar con violencia la inseguridad y masas violentas que linchan, así como sicarios "El hecho es que los sospechosos de ser delincuentes comunes, pandilleros, miembros de bandas del crimen organizado, ladrones en diversa escala, suelen ser víctimas de la acción de ciudadanos o de aparatos organizados con la anuencia de autoridades", acusa la Fundación Mack Para enfrentar el problema, la organización propuso impulsar esfuerzos institucionales para la prevención del delito, agilizar reformas a la agenda de seguridad y justicia para el control de armas y municiones; regular empresas de seguridad privada, el sistema penitenciario, el sistema nacional de inteligencia; crear un Sistema Nacional de Seguridad; fortalecer al Ministerio Público; fortalecer y depurar a la policía, y retomar la propuesta de crear una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) "Creemos que no existe una política sistemática de Estado dedicada a cometer ejecuciones extrajudiciales pero, en la practica, cuando el Estado no tiene capacidad para combatir este tipo de fenómenos, incurre en incumplimiento de deberes constitucionales y en complicidad Aunque si creemos que hay actores del Estado que están deliberadamente apoyando hechos de esta naturaleza", describió Carmen Aída Ibarra, coordinadora del área política de la Fundación Myrna Mack Después de la visita del relator, planteó: "La expectativa es que se pudiera abrir a debate la existencia de un tipo de violencia que puede responder o no a una acción estatal, que puede ser una acción mixta de grupos privados, de grupos de ciudadanos o de agentes del Estado y a partir de la discusión se tomen algunas decisiones De la visita del relator, podríamos esperar tal vez un renovado apoyo a la iniciativa para crear la CICIACS" Igual que antes Otro de los informes recibidos por el relator fue preparado por las organizaciones Casa Alianza; el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos(CALDH); la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC); el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MDNH); la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Plataforma Agraria, y la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA (OASIS) El documento entregado a Alston, recuerda que, durante el conflicto armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró 23 mil 371 víctimas de ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado Las principales victimas son campesinos, líderes religiosos, miembros de partidos políticos, cooperativistas, sindicalistas, estudiantes, profesores universitarios, retornados y desplazados internos El documento de las organizaciones civiles guatemaltecas destaca que, durante los últimos años, se han incrementado las muertes violentas "La desigualdad social, la pobreza, la impunidad prevaleciente, el crimen organizado y secuelas del conflicto armado interno, son factores que facilitan esta situación", expone En contraparte, afirma, las políticas para enfrentar la violencia siguen teniendo un abordaje tradicional, principalmente a través de una combinación de fuerzas civiles y militares sin resultados positivos, con una creciente inseguridad ciudadana y desconfianza en el sistema de justicia "Una de las preocupaciones más sentidas es el incremento en los últimos años de los asesinatos de mujeres, niños y jóvenes, y las formas extremadamente violentas en que se cometen", plantea El documento alude a reportes de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, los que muestran que, de 2000 a la fecha, se cometieron 64 asesinatos contra defensores de derechos humanos: "Los autores materiales de los asesinatos rara vez son identificados y las investigaciones se tornan muy difíciles y no están exentas de nuevos actos de intimidación" El documento apunta a una política de desalojos violentos de campesinos y criminalización de los conflictos agrarios, que se traduce en 72 desalojos de fincas desde 2004 a la fecha "Son conflictos por el acceso a la tierra, por reclamos laborales, búsqueda de justicia por desapariciones y muertes extrajudiciales, frente a los que el Estado no ha tenido la capacidad de negociar soluciones Junto a los desalojos, se ha venido consolidando una política de criminalización de las demandas campesinas, procesándose penalmente a sus dirigentes, pero también hostigándolos con agresiones directas: amenazas, vigilancia, persecución, secuestro y allanamiento de sedes", explica el documento Otro tema destacado ante el relator, fue el de los asesinatos de mujeres, que se ha convertido, a decir de activistas, en una de las situaciones más graves de violencia en los últimos cinco años: 2 mil 775 mujeres fueron asesinadas violentamente desde 2000 a la fecha La violencia también alcanza a adolescentes y niños de la calle "A los jóvenes se les detiene en zonas rojas por el hecho de estar tatuados y reunidos en las esquinas en las afueras de sus casas Se les acusa de posesión de drogas" Se estima que 8 mil niñas y niños viven en la calle y 35 mil forman parte de pandillas, aunque reportes oficiales sitúan la cifra en más de 100 mil Las organizaciones se pronunciaron por implementar el CICIACS, depurar las fuerzas de seguridad; esclarecer muertes violentas donde se presume la intervención de agentes del Estado; aprobar una nueva ley del sistema penitenciario; implementar programas de reinserción social de adolescentes y jóvenes, y desarticular los patrullajes conjuntos de la policía nacional civil y el ejército Edda Gaviola, directora de CALDH, dijo a la corresponsal que los temas destacados fueron los asesinatos de mujeres y los ajusticiamientos de jóvenes acusados de pertenecer a pandillas, producto de operaciones de limpieza social, que han involucrado ejecuciones extrajudiciales contra adolescentes y jóvenes privados de libertad "Lo importante en este tema son las características de los asesinatos Muchas de las víctimas aparecen estrangulados, con mensajes en sus cuerpos, tiros de gracia, señales de tortura En casos muy concretos se han detectado grupos paralelos que están cometiendo asesinatos de jóvenes" Concluyó: "Al relator se le pidió el cese de los patrullajes combinados entre militares y policías, porque creemos que muchos de los atropellos tienen que ver con un proceso de re-militarización Otro aspecto fundamental es la creación de la Ciciacs Nos interesa que exista una presión para que se investiguen cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad como los que actúan dentro de las estructuras de seguridad del Estado"

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