Retroceso legislativo

domingo, 21 de enero de 2007 · 01:00
Contra la propuesta de los diputados de contemplar los delitos de honor en el Código Civil y no en el Penal, dado el uso represivo que se suele hacer de la figura jurídica, sobre todo contra periodistas, los senadores dictaminaron que deben endurecerse las sanciones para quien "comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona de un hecho cierto o falso que pueda causarle deshonra" Lo cual contradice la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y el sentido común Los diputados de la anterior Legislatura aprobaron, el 18 de abril del año pasado, la petición de organizaciones de periodistas y medios de comunicación para que los delitos en contra del honor ?injurias, difamación y calumnia? se eliminen del Código Penal y pasen al Código Civil En aquella jornada legislativa se impulsaron varias modificaciones para que la reparación de daños se dirimiera en el ámbito de lo civil Las medidas fueron bien recibidas, incluso en el extranjero Ignacio Álvarez, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) expuso en un comunicado que los cambios "representarán un avance sustantivo para la protección de la libertad de expresión en México y un ejemplo para el hemisferio" Pero esos avances pueden revertirse si el Senado rechaza esas modificaciones y persiste en su intento por endurecer los castigos en el Código Civil Y es que los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado dictaminaron, antes de salir de vacaciones, que no procede la propuesta de sus pares de San Lázaro Los senadores aducen en su dictamen que aceptar la propuesta constituye una claudicación de los derechos ciudadanos; quien difama, insisten, debe ir a la cárcel "Un buen prestigio es algo muy valioso para cualquier persona en términos de posibilidades económicas o sociales, que puede tardar muchos años incluso en ser formado ?dicen Por el contrario, un mal prestigio puede producir el rechazo social de diversas maneras, como es el caso de una persona con fama de no pagar sus deudas adecuadamente y está condenada a no recibir ningún tipo de crédito bancario; alguien sobre quien públicamente pesa sospecha de violento, tendrá muchas dificultades para ser contratado en cualquier trabajo" Actualmente, la difamación está tipificada como delito penal, por lo que si algún periodista o ciudadano comete un delito de ese tipo puede ir a la cárcel desde el inicio del juicio, lo que no ocurriría si el delito fuese civil, ámbito en el que la sanción se aplica a partir de que el juez dicta la sentencia y por lo general no lleva al inculpado a la cárcel "De borrar del Código Penal dicha reglamentación ?continúan los senadores?, las personas podrían desobedecer la resolución del juez de lo Civil sin que exista pena por su incumplimiento" Señalan también que la cárcel puede ser aleccionadora para quien difame porque esa medida tiene un impacto disuasivo, y quien pretenda difamar, injuriar o calumniar "lo pensará dos veces antes de decir falsedades" Por eso, insisten: "el sistema penal actual resulta conveniente porque manifiesta que todos los bienes forman parte de la personalidad, por lo que el ataque a cualquier bien sería un delito contra las personas" Acallar la crítica En su dictamen, los senadores sostienen: "No se pierde de vista que en ocasiones los denominados delitos contra el honor pueden parecer contrarios a la libertad de expresión, pero lo cierto es que la Constitución sí prevé que el ejercicio de la misma esté limitado por el derecho penal, y en ese sentido el legislador no puede renunciar a tipificar aquellas conductas que considere lesivas a la adecuada convivencia social" E insisten en que las sanciones penales deben aplicarse independientemente de quién sea el culpable porque, dicen, los delitos contra el honor son un duro golpe para la víctima No obstante, según el relator Ignacio Álvarez, en México los delitos contra el honor se utilizan con frecuencia de forma mañosa para perseguir e intimidar a quienes ejercen la crítica "La protección al honor, en abstracto, puede considerarse como un fin legítimo Sin embargo, cuando el aparato represivo del Estado se dirige, por medio de una sanción penal, contra las expresiones sobre asuntos de interés público, la legitimidad de la sanción penal se diluye, ya sea porque no existe un interés social imperativo que la justifique o porque se convierte en una respuesta desproporcionada o, incluso, en una restricción indirecta", sostiene la CIDH en su documento alusivo al tema Además, en el artículo 10 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, la CIDH destaca: "La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas" Y en el artículo siguiente profundiza: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ?leyes de desacato? atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información" Sin embargo, estos argumentos de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión de la CIDH no fueron tomados en cuenta por los senadores Despropósitos De aprobarse el dictamen del Senado tal como está, en adelante cometerá un delito civil quien "comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien" Así, por ejemplo, si un comunicador descubre que algún funcionario obtuvo un crédito bancario de manera ilegal, o bien que fue víctima de violación en su infancia o padece una enfermedad incurable, podría ser sancionado si publica la información respectiva Además, en las propuestas de sanciones mediante el Código Civil se menciona que será sancionado quien impute un delito a una persona inocente Así mismo, determinan que la ofensa al honor, a la vida privada y a la imagen propia de una persona también será considerado un delito Por lo que concierne a la reparación moral, los senadores pretenden modificar el Código Civil, en el que precisan que es obligada la rectificación pública en el medio donde haya sido publicada la información original, desplegada en un espacio similar Además, los integrantes de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado consideran que los excesos en materia de libertad de expresión sean castigados con multas En la Gaceta del Senado del 19 de diciembre pasado se folió el dictamen con el número 42, y se le clasificó como "de primera lectura", pero al día siguiente se le renombró con el número 43 y se volvió a publicar como "dictamen a discusión" Sin embargo, dicho documento quedó finalmente con el número 42, bajo el rubro "dictámenes de primera lectura" Todavía falta la segunda lectura ante el pleno del Senado, así como la votación, aunque parece lejano echar atrás la decisión La Comisión de Estudios Legislativos está integrada por los panistas Andrés Galván Rivas y José Alejandro Zapata Perogordo, quien es el presidente; el priista Ricardo Pacheco Rodríguez, el perredista Pablo Gómez y el verde ecologista Manuel Velasco Coello La de Justicia la conforman seis panistas, entre ellos Alejandro González Alcocer, quien la preside, así como cuatro priistas y tres perredistas Proceso buscó infructuosamente al panista Alejandro Zapata Perogordo y al secretario de la Comisión de Justicia, el perredista Leonel Godoy Rangel El PRD fue el partido promotor de la despenalización del delito de difamación en la Cámara de Diputados ?

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