Después de que la Audiencia Nacional de España solicitó a Guatemala extraditar a siete militares a los que pretende juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, ya hay dos detenciones: la del general Ángel Aníbal Guevara y la del coronel Germán Chupina Una hija de Alaíde Foppa, poeta secuestrada y desaparecida en ese país en 1980, cuenta a Proceso que la batalla ha sido difícil Por fin, dice, se empieza a hacer justicia? CIUDAD DE GUATEMALA- El Hospital Militar de Guatemala acoge desde hace varias semanas a dos huéspedes renombrados: el general Ángel Aníbal Guevara, ministro de la Defensa durante el mandato de Romeo Lucas García, y el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional en el mismo gobierno Son los primeros militares de alto rango detenidos por crímenes cometidos durante la guerra civil de 30 años en Guatemala que concluyó en 1996 A principios de noviembre de 2006, una orden de captura liberada por el Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala, a petición del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, que pretende juzgarlos por delitos de lesa humanidad, los tomó por sorpresa, y ya llevan más de dos meses en detención provisional Chupina logró canjear la cárcel por una estadía, primero, en un hospital privado del municipio de Villa Canales, y después, desde comienzos de diciembre, en el Hospital Militar Está custodiado por la policía de Guatemala, la misma que tuvo bajo su mando en los sangrientos finales de los setenta y principios de los ochenta El general Guevara, quien vivía en el municipio de La Democracia, departamento de Escuintla, se entregó y, como también argumentó problemas de salud, permaneció detenido unas semanas en el Hospital del Centro Preventivo de Guatemala, y ahora se halla igualmente en el Hospital Militar Sus abogados defensores aseguran que ambos están enfermos y tienen más de 80 años Esa supuesta fragilidad contrasta con los datos contenidos en la demanda que contra ellos interpuso la Fundación Rigoberta Menchú, y en el auto de la Audiencia Nacional Española, que documentan la cauda de asesinatos y desapariciones que dejaron mientras ejercieron el poder Los testimonios de la crudeza con la que Guevara y Chupina actuaron durante la gestión de Lucas García abundan, y su detención ha traído a la memoria muchos de esos sucesos Ambos fueron figuras protagónicas en un régimen en el que se intensificaron los asesinatos de líderes sindicales y estudiantiles en la ciudad, y se multiplicaron las masacres en las comunidades Uno de esos episodios ocurrió el 4 de diciembre de 1981, cuando numerosos patrulleros y comisionados militares llegaron a la comunidad de Panacal ?en el departamento de Baja Verapaz, situado en el centro de Guatemala? y sacaron de sus casas a 58 hombres para llevarlos caminando hasta la aldea Vegas de Santo Domingo A algunos les cortaron las orejas, la lengua y la nariz; se las colocaron en la boca y los obligaron a comérselas antes de asesinarlos, según documentó en una denuncia la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, que integran comunidades de los departamentos de Quiché y Chimaltenango Chupina y Guevara son sólo dos de una lista de siete militares y civiles guatemaltecos que ocuparon altas posiciones de 1978 a 1986, y que la Audiencia Nacional de España pretende extraditar y juzgar por los delitos de terrorismo, homicidio y secuestro La lista incluye a Efraín Ríos Montt, jefe de gobierno (1982-1983) por golpe de Estado; Óscar Humberto Mejía Víctores, gobernante golpista de agosto de 1983 a enero de 1986; Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación entre 1978 y 1982, y Pedro García Arredondo, jefe del temido Comando Seis de la Policía Nacional guatemalteca durante el mismo período A todos tomó por sorpresa la rápida respuesta del Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala, que el 6 de noviembre de 2006 acordó la detención provisional de Chupina, García Arredondo y Guevara Rodríguez Mejía Víctores estuvo cerca de ser detenido La policía rodeó el edificio de apartamentos donde reside, y allanó algunas viviendas, pero no pudo ubicarlo García Arredondo, residente en el departamento de Escuintla, escapó Donaldo Álvarez sigue prófugo, presumiblemente en Panamá Sólo Efraín Ríos Montt, el militar más poderoso del grupo que pretende extraditar la justicia española, quedó a salvo Los jueces guatemaltecos consideraron que no podía ser responsabilizado de los hechos principales detallados por la Audiencia Española, el ataque a la embajada de España en Guatemala y el asesinato de sacerdotes españoles, porque esos delitos fueron cometidos entre 1980 y 1981, y Ríos llegó al poder en 1982 Pero el pasado 30 de noviembre arribó a Guatemala una ampliación de la orden de captura de la Audiencia Nacional de España El nuevo memorial, firmado por el juez Santiago Pedraz, busca subsanar el vacío que según los jueces guatemaltecos tuvo la primera petición de captura, la que no especificaba hechos ilícitos atribuibles a Ríos Montt Dicha ampliación insiste en la captura no sólo de los cuatro militares contra los que se emitieron órdenes de detención, sino también en las de Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores y Benedicto Lucas En vísperas de la ampliación de la petición, a finales de noviembre, el juez español Santiago Pedraz estuvo en Guatemala Fue oficialmente invitado a un curso de la Cooperación Española celebrado en Antigua Pedraz habría aprovechado la visita para reunirse con autoridades del Ministerio Público y del Organismo Judicial, aunque el presidente de éste lo desmintió Viejos pecados Hija de la poeta Alaíde Foppa, secuestrada y desaparecida en Guatemala en diciembre de 1980, Silvia Solórzano Foppa dijo a Proceso que, a lo largo de los siete años que han transcurrido desde la presentación de la denuncia en España, los familiares de las víctimas "hemos pasado por distintas etapas El proceso se inició con la convicción de que se podría lograr justicia, viendo las experiencias de Chile y Argentina Pero entendíamos que, teniendo Guatemala una historia de tanta impunidad, sería una batalla difícil" Solórzano Foppa, cuya familia apoyó la demanda presentada por la Fundación Menchú en España, sostuvo que la batalla legal que emprendieron busca castigo no sólo por el caso particular de Alaíde, sino por una historia que afectó a cientos de miles de guatemaltecos "Denunciar era moralmente necesario No debemos callar hechos que nunca debieran repetirse" Ver las primeras aprehensiones, además de causar sorpresa, reaviva la esperanza, señaló Solórzano Foppa "Saber que muchos de los acusados han sido funcionarios públicos después de concluida la guerra, que Ríos Montt fue presidente del Congreso y Pedro García Arredondo alcalde, nos causaba indignación No deja de sorprendernos que la población guatemalteca termine aceptándolos, que las reacciones de indignación contra esos militares sean limitadas La exigencia de justicia se considera tan remota que ni siquiera se actúa en esta dirección", expresó la hija de la escritora Y es que, prosiguió, muchos familiares de víctimas de la guerra han concentrado sus esfuerzos en las exhumaciones, buscando recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos "Hablas con la gente, y el dolor ahí está, pero, o consideran inviable conseguir justicia, o el proceso de las exhumaciones los desgasta" Por encima de los obstáculos legales que se presentan para que la extradición de los militares guatemaltecos sea una realidad, "lo que ha sucedido en los últimos meses es importante: el tema de las masacres y la política del terror que se dio durante la guerra está en la primera plana de los periódicos Con esta denuncia se ha tenido que hablar de lo ocurrido, ha habido un reconocimiento del terror ejercido por el Estado, y eso es importante para el proceso político de Guatemala, que la impunidad no sea lo que prevalezca", destacó La experiencia fue tan terrible, que las operaciones de terror y neutralización de la participación política impuestas por los militares, hoy en el banquillo, dejaron secuelas imborrables en la sociedad "Quienes vivieron ese terror lo transmitieron a sus hijos y nietos Aquí la constante es dejar de hacer, no protestar, no denunciar, retroceder" Solórzano Foppa recordó que, para su familia, la desaparición de su madre "tuvo un impacto fulminante" Pero en su denuncia, la familia no quiso soslayar la dimensión social del fenómeno, que afectó a más de 45 mil secuestrados-desaparecidos durante los años duros de la contrainsurgencia "No hay ninguna familia que no haya sido víctima del conflicto armado", aseveró El auto del Juzgado Central de Instrucción número 1, de la Audiencia Nacional de España, hace el recuento de viejas atrocidades que, para los militares guatemaltecos y sus defensores, nunca ocurrieron Sostiene que, de enero de 1980 a septiembre de 1981 ?cuando Romeo Lucas era presidente; el general Guevara, ministro de la Defensa; Benedicto Lucas, jefe del Estado Mayor; Germán Chupina, director de la Policía, y Donaldo Álvarez ministro de Gobernación?, se ejecutó un plan de terror que buscó reducir la etnia maya con asesinatos, torturas y violaciones de mujeres que provocaron, además, desplazamientos forzados Así mismo, se perpetró el asalto de la policía guatemalteca a la embajada de España, el 31 de enero de 1980, en el que diplomáticos, personal de la embajada y un grupo de campesinos de Quiché que habían ingresado a la sede diplomática en una protesta, murieron quemados En cuanto a 1982, cuando Ríos Montt arribó al poder como presidente de facto, y Mejía Víctores se desempeñó como ministro de Defensa, el documento de la justicia española alude a decenas de masacres en regiones indígenas que dejaron miles de muertos y generaron el desplazamiento forzoso de miles de indígenas que tuvieron que vivir en condiciones de hambre y sin abrigo Tras el ascenso de Ríos Montt, acusa la Audiencia Española, "los ataques a la población civil en Guatemala pasaron a ser crímenes de mayor intensidad dirigidos casi en su totalidad contra la población maya" Mejía encabezó un golpe de Estado contra Ríos Montt, y fue presidente de agosto de 1983 a enero de 1986 Durante su gestión, continuaron las masacres en la zona rural de Guatemala "Paso gigantesco" Abogado de la Fundación Rigoberta Menchú ?promotora de la demanda en España?, Benito Morales aclaró que, al margen del impasse en que se encuentra el proceso de extradición contra los militares guatemaltecos, "el hecho de que se hayan logrado dos capturas es un paso gigantesco; el que un exministro de la Defensa de uno de los gobiernos más sanguinarios de este país esté detenido, me parece un paso sin precedente" Para Morales, a partir de que la Audiencia Nacional de España emitió su auto del 7 de julio, ordenando la captura internacional de los siete militares, todos se convirtieron en prófugos de la justicia "Eso, por lo menos, les crea una cárcel del tamaño de Guatemala Si salen del país probablemente sean detenidos por la Interpol" Otra disposición que los tiene nerviosos, estimó, es la orden de embargo de sus bienes que emitió la propia Audiencia Nacional de España El representante legal de la Fundación Menchú estimó que los quebrantos de salud que dicen padecer Chupina y Guevara "son parte de la estrategia Igual hizo Pinochet Estoy convencido de que, en algún momento, todos van a declararse enfermos mentales" El jurista explicó que, en este momento del proceso, como parte acusadora, se preparan para argumentar frente a los amparos y recursos presentados por los acusados: "Delitos de tal trascendencia deben ser juzgados independientemente de la nacionalidad de quienes los cometen y del territorio donde se hayan cometido; es una responsabilidad de la comunidad internacional garantizar la justicia en delitos de lesa humanidad" Con todo, este proceso puede durar años, concedió Morales ?En el caso de Ríos Montt, mantiene un pacto político vigente con el actual gobierno de Óscar Berger ¿Creen que es una figura a la que puede tocar la justicia? ?preguntó la corresponsal ?Nos preocupa que Ríos Montt, como una figura política, como caudillo de un partido ?el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)? que tiene un papel significativo en el Congreso, pueda beneficiarse de pactos previamente establecidos ?respondió A pesar de la aparente inmunidad de que hace gala, Ríos Montt ya no es el mismo después de que se liberó la orden de captura en su contra, observó Morales: "dejó de frecuentar el Congreso, adonde iba todos los martes Bajó su perfil", añadió el abogado de la Fundación Menchú El pasado 17 de enero, Ríos Montt anunció que no presentará su candidatura a la presidencia de Guatemala, pero sí una diputación para el período 2008-2012, desde la cual buscará la presidencia del Congreso, cargo que ya ocupó de 2000 a 2003 De obtener dicha diputación obtendría fuero, lo que complicaría el proceso de extradición en su contra? El presidente guatemalteco, Óscar Berger, ha evitado pronunciarse en torno de la extradición El único que se ha referido al tema es el vicepresidente, Eduardo Stein, quien ha expresado que los delitos debieran juzgarse en Guatemala "Es la postura políticamente correcta No pueden decir: vamos a extraditarlos, porque tácitamente reconocerían que aquí no pueden juzgarlos", opinó Morales Por ahora, la parte acusadora que encabeza Rigoberta Menchú se prepara para estar en la jugada de todos los amparos y recursos interpuestos por los militares para bloquear la extradición De lograrse ésta, "tocará demostrar las acusaciones, aportar todos los elementos de prueba y demostrar la responsabilidad de los acusados", apuntó Morales Eliú Higueros, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, indicó que la nueva solicitud de extradición recibida, a finales de noviembre, de la Audiencia Nacional de España, básicamente reitera los hechos expuestos en la primera solicitud La justicia guatemalteca, planteó, tiene que determinar si procede o no la extradición de los militares guatemaltecos en base al tratado de extradición vigente entre Guatemala y España Por ahora, expuso el presidente de la CSJ, a lo único que ha accedido el juzgado es a poner bajo arresto a algunos de los acusados, como medida precautoria, en tanto el país requirente aporta pruebas contra ellos y se concluye si es viable o no la extradición "Lo que ha desnaturalizado este trámite es que en contra de estas decisiones siempre se plantean amparos o inconstitucionalidades Todo esto detiene los plazos normales", advirtió Higueros Higueros aseguró a la corresponsal que, independientemente de las implicaciones políticas de la acusación, "nosotros como organismo judicial lo vemos como un caso más de extradición Lo único es que se le da más publicidad, y cualquier decisión que se tome podría ser vista bien por algunos y mal por otros" ?Pero el hecho de que la justicia internacional persiga ahora a altos militares acusados de crímenes de guerra, ¿no es un señalamiento a la justicia guatemalteca, que no ha sido capaz de enjuiciarlos? ?Puede verse desde ese punto de vista, y es algo que nos preocupa Pero hemos tratado, con los mecanismos que tenemos y con las leyes que tenemos, hacer la justicia que nos corresponde hacer Este caso se ha politizado, se ha llevado a escenarios distintos de donde debería ubicarse Pienso que esa denuncia debió hacerse en Guatemala, y aquí los juzgadores hubiéramos emitido una buena sentencia Por ahora, lo que viene es un largo proceso, anticipó el magistrado Una vez que los recursos pendientes se desahoguen, el Juzgado Quinto de Sentencia tendrá que atender la petición de extradición, y es previsible que su dictamen generará nuevas apelaciones y amparos Sería hasta que dichos recursos fueran resueltos que la decisión de extraditar o no, quedaría en firme