México, D F, 29 de enero (apro)- Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó hoy que las acciones ordenadas por el presidente Felipe Calderón garantizan que "no faltará maíz para la tortilla mexicana" Mientras tanto, y ante la inmovilidad del Ejecutivo federal para proceder contra los acaparadores y especuladores y tal como lo ofreció al principio de la crisis del maíz, Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, presentó una denuncia penal en contra de los intermediarios y monopolistas que han ocultado el grano y otros artículos básicos en los últimos días El secretario de Agricultura aseguró que el abasto está garantizado "al menos de aquí hasta mayo, cuando entra Sinaloa con una cosecha de 45 millones de toneladas, más Veracruz y Tamaulipas y otras entidades que cosechan al mismo tiempo" Tras inaugurar la 36 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el funcionario sostuvo que se espera una cosecha aproximada de 65 millones de toneladas de maíz blanco a partir de mayo En conferencia, destacó que se debe producir más maíz en México, ya que en la actualidad se importan entre 7 millones y 8 millones de toneladas del grano amarillo al año, así como una pequeña parte de maíz blanco, que da como resultado la compra de entre 10 y 11 millones de toneladas del grano Cárdenas Jiménez anticipó que se impulsarán, entre otras acciones, la agricultura por contrato, en beneficio de los pequeños propietarios y de ejidatarios o comuneros para mejorar la producción nacional En tanto, el senador Monreal explicó que la denuncia es en contra de quien resulte responsable de ocultar y encarecer productos como el maíz, pero aseguró que entre éstos se encuentran los consejos de administración de grandes empresas como Minsa y Bimbo Ricardo Monreal criticó a las secretarías de Economía y Agricultura pues, afirmó, dichas dependencias tenían la obligación de presentar las denuncias penales con base en un exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso, pero no lo hicieron La Procuraduría General de la República (PGR), precisó, también estaba obligada a investigar estos hechos, pues el acaparamiento de productos básicos es un delito que se persigue de oficio y está tipificado en el artículo 253 del Código Penal Federal, y que se castiga hasta con diez años de prisión El senador perredista lamentó que estas autoridades hayan dejado de actuar en contra de las grandes empresas que se están enriqueciendo, todo porque "no los quieren detener ni con el pétalo de un citatorio"