México, D F, 3 de octubre (apro-cimac)- Organizaciones de la sociedad civil celebraron la aprobación, en el Senado de la República, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que establece sanciones hasta de 27 años de prisión a quienes incurran en éste ilícito, además de que se protegerá y asistirá a las víctimas, mujeres y menores de edad, principalmente Sin Fronteras, agrupación especializada en migración y refugio, afirmó que, aunque esa ley es perfectible, "constituye un buen inicio digno de reconocer a las y los legisladores" que participaron en el proceso Según datos del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres), la trata de personas genera al año cerca de 32 mil millones de dólares Dijo que la tercera parte de esos recursos se genera de la venta inicial de las víctimas y el resto son las ganancias estimadas de las actividades de éstas Con base en estadísticas de la ONU y de expertos internacionales, el organismo añadió que aproximadamente 20 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual en el México, y aseguró que el turismo sexual, incluido el que involucra a infantes, va en aumento, principalmente en destinos turísticos como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas del norte y el sur del país "La mayoría de las mujeres, niños y niñas que son objeto de trata en nuestro país proviene de América Central y su destino es Estados Unidos y Canadá Se dan flujos también de Brasil y de Europa del Este y, en menores cantidades, de Asia y Medio Oriente", denunció el organismo, encargado de vigilar la aplicación de políticas públicas en relación con las mujeres Según Inmujeres, en las entidades federativas del país, aún faltan leyes que permitan llevar a juicio los casos de trata de personas El Senado aprobó por unanimidad, con 97 votos a favor y cero en contra, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual fue enviada al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento, en un término de 120 días hábiles El decreto aprobado por el Senado señala que esa ley tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de esas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a los mexicanos en el exterior También establece que se comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes Además, indica que, cuando una persona sentenciada sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas, el juez deberá condenarla al pago de la reparación del daño a favor de la víctima, que incluirá los costos del tratamiento médico, terapia y rehabilitación física y ocupacional, del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, alimentación y vivienda Respecto de la actuación del gobierno federal, precisa que deberá establecer una Comisión Intersecretarial, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para coordinar las acciones de sus miembros en la materia, elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas La comisión, precisa, deberá estar integrada por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, y deberá incluir las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, además de la protección y atención de las víctimas del delito En todo lo previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal federal, la Ley General de Población y del Código Federal de Procedimientos Penales Finalmente, el gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, deberá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el fin de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia, asuman lo que les marque la ley