México, D F, 8 de octubre (apro-cimac)- Aunque el caso de Castaños, Coahuila, marca un hito importante en la justicia mexicana y rompe la tradición de juzgar a los soldados sólo por la vía militar, "no es suficiente y no estamos conformes", afirmaron las diputadas Maricela Contreras Julián y Marina Arvizu En Castaños sólo fueron sentenciados a cárcel tres soldados, de los cerca de 20 que habrían violado a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia, lo que mostraría el "error" de mantener esos juicios en las filas castrenses, afirmó recientemente en entrevista el senador René Arce Islas Dijo que era necesario cabildear con los partidos políticos en el Senado para impulsar en el actual periodo de sesiones la iniciativa que reforma y adiciona la Constitución y deroga algunas fracciones del artículo 57 del Código de Justicia Militar, presentada el pasado 12 de marzo Arce, secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, añadió que esas reformas son "la mejor muestra de solidaridad a favor de las mujeres que no se pudieron defender" Dijo: "Estamos obligados a trabajar para evitar que, casos como los de Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y San Salvador Atenco, entre otros, no se repitan" Anunció que las reformas que proponen para adicionar un segundo párrafo al artículo 13 de la Constitución, y derogar la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar, tienen como fin generar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos dentro del Ejército, modernizar la institución, además de ayudar a las y los civiles que han sido víctimas de alguna acción cometida por militares Dijo que "en el Ejército aún hay elementos que creen que, salir de sus cuarteles a la calle, les da impunidad para cometer cualquier abuso en contra de la población civil, pero principalmente en contra de uno de los sectores más desprotegidos, que es el de las mujeres indígenas Incluso, algunos altos mandos también tienen esa concepción" La iniciativa, según Arce, pretende terminar con los privilegios e impunidad de que gozan los militares, al sentirse intocables por las leyes civiles "Nosotros proponemos que los elementos del Ejército que atenten contra civiles deben ser juzgados por tribunales civiles", añadió Explicó que, al ser reformado el artículo 13 Constitucional, nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales, ni tampoco ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley Señaló que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los órganos de justicia militar, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército Se precisa que, cuando en un delito o falta del orden militar estuviera implicado un civil, conocerá del caso la autoridad no militar que corresponda La investigación y sanción de delitos y faltas del orden común cometidas por militares y las que impliquen graves violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario, serán competencia de las autoridades civiles, establece la reforma al artículo 13 constitucional, promovida por el senador René Arce Respecto de la derogación de la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar, se señala como delitos contra la disciplina militar los especificados en el libro segundo de este código La iniciativa de ley fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen En tanto, sobre el caso Castaños "aún quedan muchos pendientes por resolver", señaló la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián Dijo que las sentencias (de entre 21 y 41 años de prisión) que se dictó a los militares culpables de los delitos de violación y abuso de autoridad, "no son suficientes", y advirtió que aún falta la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares, en la que deben ser corresponsables las propias autoridades estatales "Aún quedan muchos pendientes de abusos sexuales cometidos por efectivos militares, principalmente en contra de mujeres indígenas, por lo que la sentencia en el caso de Castaños es el primer paso para romper con la impunidad que pesa sobre las filas del Ejército mexicano en este tipo de casos", añadió Contreras Julián dijo que esta resolución marca un precedente para seguir con el castigo a militares responsables de cometer violaciones sexuales contra mujeres en el país Agregó que "la violación de mujeres en Castaños por militares no es un hecho aislado, ya que desde 1994 existe una larga cadena de denunciadas públicas, documentadas en medios de comunicación, de vejaciones cometidas contra mujeres a manos de efectivos militares" Se refirió a los casos contra mujeres en San Salvador Atenco, con la incursión y ocupación policíaca-militar en mayo de 2006, y las vejaciones contra mujeres durante la represión al movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), y los casos de Zongolica, Veracruz, y de Michoacán, donde incluso la CNDH acreditó la violación de mujeres a manos del Ejército Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa en San Lázaro, Marina Arvizu, destacó el caso del soldado Omar Rangel Fuentes, quien por haber cometido varias violaciones en Castaños, fue condenado a más de 41 años de prisión, lo que obliga, dijo, a continuar trabajando "desde la sociedad organizada y el Congreso de la Unión, para que la justicia sea expedita y los militares sean juzgados como cualquier otro mortal De ahí, la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar"