Con base en las llamadas "leyes anticrimen", agentes federales y fiscales de Estados Unidos echan mano de delincuentes para que proporcionen información o testifiquen contra acusados de delitos relacionados con el narcotráfico Pero la mayoría de sus testimonios son falsos o están amañados, y por ello miles de inocentes están en la cárcel, algunos condenados a la pena de muerte WASHINGTON- Para combatir el narcotráfico, el sistema de justicia de Estados Unidos aplica normas legales que permiten "corromper" a delincuentes y usar como evidencias testimonios "falsos" Tal es la conclusión de Snitch: Informers, Cooperators and the Corruption of Justice (Delator: informantes, coadyuvantes y la corrupción de la justicia), libro que empezó a circular en este país bajo el sello editorial de BBS Public Affaire/New York y producto de una exhaustiva investigación realizada por su autor, Ethan Brown Reportero especializado en temas judiciales y de narcotráfico, y colaborador habitual de revistas como New York, Rolling Stone, The Village Voice y GQ, Brown desmenuza los mecanismos que, afirma, "han corrompido" al sistema estadunidense de procuración de justicia De entrada, el libro se remonta a la década de los ochenta y los primeros años de los noventa, cuando el tráfico y consumo de narcóticos se volvió "insostenible" Ante ello, el Congreso federal, en coordinación con el Ejecutivo, aprobó las llamadas "leyes anticrimen" que establecen como delito federal la "posesión mínima" de crack (cinco gramos) y de cocaína (500 gramos) e imponen largas sentencias a personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico: de cinco años de cárcel a cadena perpetua, e incluso la pena de muerte para un traficante de droga que asesine a un policía Brown dice que la aplicación de estas leyes redujo de manera notable el tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos, pero advierte que tuvo un alto costo: "la corrupción que hoy priva en el sistema judicial" Explica que al amparo de estas leyes anticrimen, fiscales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la agencia federal antidrogas (DEA) utilizan a "cooperadores, testigos e informantes" para incriminar a supuestos delincuentes por delitos como narcotráfico, lavado de dinero o crimen organizado El problema, señala, es que la gran mayoría de esos "delatores" son a su vez delincuentes que ofrecen "testimonios y confesiones" ?la gran mayoría falsos? a cambio de la reducción de sus sentencias Ello ha provocado que personas inocentes sean condenadas a largas sentencias de cárcel e incluso a la pena capital, dice Brown También ha propiciado que los agentes federales reemplacen la auténtica investigación policiaca por testimonios de criminales; "es más fácil y más barato", ironiza Falsos testimonios En su libro, el periodista expone varios ejemplos Uno de ellos: el caso de los hermanos Irv y Christopher Lorenzo, productores de música rap y hip hop, a quienes el gobierno federal acusó en 2003 de utilizar su empresa, Murder Inc, para lavar al menos 1 millón de dólares pertenecientes a Kenneth Supreme McGriff, famoso narcotraficante del barrio Queens, en Nueva York El juicio contra los hermanos Lorenzo comenzó el 16 de noviembre de 2005 en una corte federal encabezada por el juez Edward Korman La defensa de los acusados estuvo a cargo Gerald Shargel, abogado que representó en otro juicio a John Gotti, jefe de la mafia neoyorquina Brown relata: "Ante los miembros del jurado, Shargel puso en tela de juicio la credibilidad de los testigos del gobierno que declaraban contra sus clientes" Dichos testigos "eran criminales confesos, que ofrecieron información sobre las operaciones de los hermanos Lorenzo a cambio de una reducción de su condena" Shargel precisó que "desde 2003, cuando los agentes federales irrumpieron en las oficinas de los hermanos Lorenzo con una orden de cateo para localizar evidencias, los fiscales se lanzaron a las calles y a la prisiones en busca de testigos que corroboraran las acusaciones" Así, señala Brown, "un agente federal involucrado en la investigación declaró que, de acuerdo con el testimonio de un cooperador, Irv Lorenzo era el rostro público (prestanombres) de la empresa productora musical Murder Inc, cuando en realidad McGriff era el verdadero dueño" Según el periodista, documentos oficiales demostraban que en realidad los hermanos Lorenzo recibieron fondos de la empresa Universal Music Group para fundar Murder Inc, en 1999, pero "los agentes encargados del caso nunca intentaron relacionar a Universal Music Group con la empresa de los hermanos Lorenzo" El juicio duró tres semanas Al final la acusación empezó a desmoronarse Brown relata: "Un exempleado de la productora musical de los hermanos Lorenzo, Donell Nichols, quien fue despedido por contratar a sus amigos con salarios muy elevados, contactó al FBI para ofrecerse como testigo del juicio contra sus expatrones, de quienes quería vengarse En su testimonio ante un gran jurado, Nichols dijo que los hermanos Lorenzo guardaron 70 mil dólares en efectivo en una caja de zapatos que tenían en sus oficinas Pero cuando fue llamado a testificar ante el juez Korman dijo que sólo tenía ideas generales acerca de ese dinero" El juez Korman se dio cuenta de la situación y declaró que la conducta de Nichols era "fraudulenta y que no tenía credibilidad "Otro testigo, Philip Dalu Banks, exintegrante de la banda de McGriff, también contradijo su testimonio ante el gran jurado y admitió ante Shargel que estaba dispuesto a mentir y culpar a los hermanos Lorenzo con el único propósito de conseguir una reducción de su sentencia" El libro reproduce un diálogo entre el abogado de los Lorenzo y Banks: "Shargel: ¿Considera usted que una mentira sobre Irv Lorenzo lo podría sacar de la cárcel y evitar que usted cumpla en su totalidad la condena de 10 años de cárcel que se le impuso? Banks: Sí, señor Shargel: ¿Está usted dispuesto a mentir? Banks: Sí" El abogado también demostró que Banks estuvo en la cárcel de 1997 a 2004, por lo que no tenía conocimiento alguno de la relación de los hermanos Lorenzo con McGriff El 1 de diciembre de 2005, los integrantes del jurado declararon "inocentes" a los hermanos Lorenzo La Regla 404 De acuerdo con las leyes anticrimen, la posesión de cinco gramos de crack implica una sentencia mínima de cinco años de cárcel Una persona que cometa este delito pero que se ofrezca como "cooperador o testigo", puede reducir dicha condena La decisión queda en manos de un juez Brown señala que estas leyes benefician más a los capos del narcotráfico, pues son ellos ?y no sus empleados, por lo general vendedores de droga al menudeo? los que poseen información importante sobre las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos y sus socios en el extranjero Así, expone, "entre más culpable seas y entregues más información, menos tiempo pasarás en la cárcel" De acuerdo con datos que aporta Brown en su libro, de 1995 a 2000 las sentencias a delincuentes acusados de poseer pequeñas cantidades de cocaína aumentaron 381%, mientras las de los poseedores de crack se elevaron 665% durante el mismo período Esto elevó la cifra de delincuentes que, en aras de reducir su condena pueden ser "cooperadores e informantes" Al mismo tiempo, "actualmente existen unos 127 mil reos sentenciados a cadena perpetua por delitos relacionados con los narcóticos, que fueron incriminados bajo testimonios de cooperadores o testigos cuya credibilidad está en tela de juicio" Ethan Brown señala además que las leyes anticrimen permiten que las cortes federales brinden apoyo incondicional a los fiscales en el uso de "cooperadores y testigos" "Lo trágico", señala, es que los fiscales se arrogan el derecho de seleccionar a quienes cooperan: aceptan la información de unos y rechazan la de otros a su criterio, sin investigar la veracidad de sus dichos Además, a veces incumplen la promesa de reducir o condonar la sentencia de los delincuentes que participan en esta práctica En Snitch se expone cómo los fiscales justifican el uso de estos delincuentes ante los miembros del jurado: "No les va a gustar este testigo Es posible que les parezca despreciable, pero lo único que les pido es que escuchen y pongan atención a su testimonio para que vean si se acopla con las otras evidencias del caso" Además, Brown explica que los fiscales federales tienen recursos legales para coaccionar a un delincuente para que coopere, si se niega a hacerlo desde el principio Dichos recursos se conocen en la jerga judicial como "arsenal nuclear" y están contenidos en la Regla 404 (b) de las Reglas Federales de Evidencia Precisa: La Regla 404 (b) castiga con penas más severas a delincuentes sujetos a juicio que se niegan a facilitar el trabajo de los fiscales Con base en esta regla, un juez federal puede dejar en la cárcel por tiempo indefinido a un acusado En los hechos es una cadena perpetua sin previa sentencia Esta regla también permite que los fiscales presenten evidencias "fraudulentas" contra el acusado Es decir, los autoriza a presentar evidencias sobre otros delitos en los que estuvo involucrado, aun en el caso de que haya sido declarado inocente Basta que los fiscales consideren que existe una "actitud delictiva" del acusado Más aún, la Regla 404 (b) permite que el fiscal nunca diga al jurado que las evidencias que le muestra, relacionadas con otro delito, ya fueron desechadas por otro juez o que fueron presentadas en un caso en que el presunto autor de un delito fue "acusado por error o por accidente" En su libro, Ethan Brown cita a Andrew White, un fiscal federal retirado, quien le dijo que en varias ocasiones recurrió a la Regla 404 (b) para incriminar a un presunto delincuente "Tenía el caso de un acusado que previamente había sido declarado inocente por un delito relacionado con drogas La corte no sólo me permitió que presentara evidencias relacionadas con ese delito, sino que me permitió evitar que el jurado se enterara de que el acusado fue declarado inocente Gané el caso y la persona fue sentenciada a 50 años de cárcel", contó White Así mismo, Brown recuerda que Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ha pedido en varias ocasiones al sistema judicial que se abstenga de utilizar la Regla 404 (b) debido al "peligro sustancial" que acarrea: "origina prejuicios entre los integrantes de un jurado" La ley establece que un fiscal debe informar a los abogados del acusado que va a hacer uso de la Regla 404 (b), pero puede hacerlo sólo unos cuantos días antes de que inicie el juicio, por lo que los defensores no disponen de tiempo suficiente para investigar la autenticidad de las evidencias Brown resalta que cuando los acusados recurren a un abogado de oficio, éste rara vez impugna este tipo de evidencias presentadas por los fiscales Un estudio realizado en 1997 por la Facultad de Leyes de la Universidad Northwestern y citado por Brown, establece que 46% de las sentencias de muerte se basaron en información falsa que presentaron testigos o cooperadores Sin precisar nombres ni fechas, Brown expone otros ejemplos del abuso de este tipo de testigos Un residente de Nueva York, dice, fue sentenciado a 25 años de cárcel por robo a mano armada y por "ser sospechoso" ?no se comprobó su culpabilidad? del asesinato del rapero Tupac Shakur, en 1996 En realidad el acusado era inocente Otro caso es el de un inmigrante paquistaní que vivía en Queens y que a principios de 2007 fue sentenciado a 30 años de cárcel por su presunta implicación en un complot para detonar bombas en la estación de trenes Penn Station de Nueva York Su caso se basó exclusivamente en el testimonio de un informante del Departamento de Policía de Nueva York, quien resultó ser el autor intelectual de la ficticia red terrorista The Brotherhood En su libro, Brown explica que no aboga "por la prohibición total del uso de informantes y cooperadores, los cuales son cruciales en casos de corrupción, crimen organizado o narcotráfico", sino que hace un llamado "para que se realice una reforma del proceso" judicial que autoriza recurrir a delincuentes cuyos testimonios sirven para fincar sentencias Dicho procedimiento, señala, es costoso para los contribuyentes de Estados Unidos debido al aumento de la población penitenciaria a raíz de la aplicación de las leyes anticrimen Los gastos penitenciarios aumentaron de 10 mil millones a 27 mil millones de dólares de 1990 a 1999, puntualiza el autor de Snitch con datos de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia También sostiene que este procedimiento judicial es ineficaz para combatir los delitos derivados del narcotráfico, como asesinatos, secuestros y el pandillerismo; así mismo, lo califica de "parcial" porque castiga a quienes con considerados culpables por fiscales y cortes, sin serlo necesariamente El pasado lunes 10, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos otorgó a los jueces de cortes federales la potestad de reducir, de manera discrecional, las sentencias por posesión o venta de crack y cocaína, incluso para delincuentes ya sentenciados Dicho fallo se aplicará sólo a personas que hayan cometido el delito por primera vez, que no estén involucrados en otros, y cuya liberación no implique riesgos para la sociedad Al día siguiente, el martes 11, la Comisión Federal de Sentencias determinó reducir en 27 meses la sanción "mínima" de cinco años de cárcel por el delito de posesión o venta de crack l