Memoria convulsa

domingo, 30 de diciembre de 2007
España se dirige hacia sus elecciones generales en medio de una intensa polémica por el contenido de su llamada Ley de Memoria Histórica Quienes la apoyan afirman que es un paso en la transición dirigido a la reparación de daños y agravios de la Guerra Civil y la dictadura franquista Y quienes la impugnan sostienen que es tímida, ambigua, y extiende la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época MADRID-Aprobada el 31 de octubre por el Congreso de los Diputados y ratificada el 10 de diciembre por el Senado español, la llamada Ley de Memoria Histórica fue aplaudida por muchos españoles como la asignatura pendiente de la transición democrática, mientras que otros la cuestionaron con el argumento de que reabre heridas y es ambigua o limitada Formalmente denominada "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", su contenido encrespó la polémica social y política de España a pocos meses de que, el próximo 9 de marzo, se realicen elecciones generales en el país Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es que establece la "ilegitimidad" de los tribunales, jurados y demás órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, impusieron condenas o sanciones "por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa" En consecuencia, las sentencias emanadas de ellos, aunque no serán de inmediato anuladas, podrán ser sometidas a revisión Además, la nueva ley amplía las ayudas, compensaciones o indemnizaciones para los familiares de quienes fueron fusilados y para aquellos que sufrieron "heridas, enfermedad o lesión accidental como consecuencia de la guerra" La Ley de Memoria Histórica facilitará igualmente la apertura de las fosas comunes donde fueron enterrados decenas de miles de caídos en combate o ejecutados por el franquismo; reconocerá la nacionalidad española de los hijos y nietos de los republicanos exiliados durante el franquismo que lo soliciten entre 2009 y 2011 Y obligará a retirar todos los símbolos o menciones conmemorativas "de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, artífice del proyecto mediante el cual el Estado español se decidió por fin a abrir el tema del reconocimiento y la compensación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, declaró en el Congreso de los Diputados que en la ley "no hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata" Sin embargo, para el Partido Popular (PP), comúnmente ligado a los nostálgicos del franquismo, la ley "reabre heridas", "enfrenta" a los españoles y "traiciona el pacto de la transición democrática de 1977" Otros grupos la cuestionan porque la consideran "limitada", como el partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), mientras que algunas asociaciones integradas por familiares de víctimas de la represión la califican de "tibia", e inclusive Amnistía Internacional de España ve en las normas ciertas "ambigüedades" Algunas de las objeciones se relacionan directamente con los derechos humanos, como la emitida en entrevista con Proceso por José María Pedreño, dirigente de Foros por la Memoria, para quien esta ley "sienta las bases del modelo español de la impunidad", pues cancela la posibilidad de llevar los casos a los tribunales como "crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos" A su vez, Joan Tardá, diputado de ERC (partido que votó contra la ley), criticó el hecho de que España persigue "a los dictadores de las repúblicas sudamericanas al amparo de la Constitución (española), y en cambio continúa esquivando la justicia para las víctimas del franquismo ¿Dónde se halla la pirueta intelectual que permite ser categórico en lo ajeno y flexible en lo que concierne al régimen que padecimos?", cuestionó En su intervención parlamentaria del 31 de octubre, en la sesión de aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, Tardá recordó a sus homólogos que las bases de esta legislación fueron fijadas en la Ley de Amnistía de 1977, "ley preconstitucional con voluntad de punto final" Fue allí, agregó, donde "nació el modelo español de la impunidad que hoy ustedes piensan ratificar, aun sabiendo que ello les hunde en una contradicción profunda" Mientras tanto, la sección española de Amnistía Internacional (AI) reconoció que las normas aprobadas mejoraron respecto del proyecto inicial, pero la nueva legislación "sigue estando muy alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación" Esteban Beltrán, director de AI España, advirtió que "la ley será un tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido de las víctimas del franquismo y la guerra civil, pero sin verdad y sin justicia la deuda no quedará saldada "Decenas de miles de personas ?manifestó en un comunicado emitido el 18 de octubre? fueron víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la guerra como durante la represión franquista Sin embargo, estos crímenes se encuentran ausentes en la ley: ni se nombran ni se aborda la responsabilidad del Estado Estas víctimas quedan (?) con limitadas vías para obtener justicia, puesto que (los hechos) no fueron objeto de ninguna condena ni sanción" Calificó de "ambigua" la fórmula de la "ilegitimidad" de los tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, pues de acuerdo con el derecho internacional esa medida "carece de valor jurídico" Pedreño, de Foros por la Memoria, advierte al respecto: "Somos una sociedad que se permite ver cómo la justicia española inició juicios contra el dictador chileno Augusto Pinochet, contra torturadores argentinos; o bien, cómo sus soldados cavan fosas en Bosnia bajo los protocolos de las Naciones Unidas, pero ese derecho penal internacional no se aplica en casa con la masacre del franquismo" Aunque no existe una cifra oficial reconocida del número de víctimas de la Guerra Civil española, los más conservadores calculan que fueron unos 55 mil, en tanto que otros hacen llegar la cifra hasta medio millón, indica en entrevista Jesús de Andrés Sanz, investigador de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset y profesor de ciencia política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Jesús Álvarez Junco, director del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia y uno de los 12 integrantes de la comisión que elaboró el proyecto de ley por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, explica a Proceso por qué los tribunales franquistas fueron declarados "ilegítimos" y no se recurrió a la figura de "nulidad de todo derecho", como lo demandó el Partido Izquierda Unida (IU) "La diferencia es que si se declararan nulos de pleno derecho, el Estado español corre entonces con la responsabilidad de aquellos actos, porque es el continuador ?jurídicamente es el heredero? del franquismo, y eso provocaría incurrir en responsabilidad jurídica, mientras que esta declaración de ilegitimidad es más teórica, pero con lo cual el actual gobierno pinta su raya de aquellas decisiones" A su juicio, "desde el punto de vista simbólico, esa es una de las aportaciones más importantes de la ley, porque es una manera de cortar el cordón umbilical del régimen político actual con el régimen franquista" Los antecedentes Desde su arribo al gobierno en 2004, Rodríguez Zapatero propuso una ley que rindiera tributo a las víctimas del franquismo y procurara reparar o compensar los daños y agravios con un espíritu de reconciliación El mismo presidente del Gobierno español, como consecuencia de la Guerra Civil, sufrió la pérdida de su abuelo, el capitán republicano Juan Rodríguez Lozano, quien fue ejecutado por negarse a participar en la sublevación de León, en octubre de 1936 Rodríguez Zapatero confió el proyecto de ley a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, columna vertebral de la operación política de la administración socialista, quien integró una comisión de 12 miembros de los ministerios de la Presidencia, de Hacienda, de Justicia y de Relaciones Exteriores Los trabajos duraron de septiembre de 2004 a julio de 2006, cuando se entregó el texto original, refiere Álvarez Junco Explica que la ley atiende la propuesta del Congreso de los Diputados, del 20 de noviembre de 2002, al establecer que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos" Así mismo, dice, asume la "condena del franquismo" contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmado en París el 17 de marzo de 2006, donde se denunciaron las "graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975" Al respecto, AI España estima que la ley "no asume la principal recomendación" del Consejo de Europa, que es la de poner en marcha "una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista" para registrar "la verdad sobre la represión" El funcionario Álvarez Junco precisa: "No se trata de una ley de memoria histórica" ?éste es "un apodo impuesto por los actores y los medios"?, pues "no se pretende arribar a una versión oficial de qué pasó en la Guerra Civil y la dictadura, sino a la reparación de las víctimas Por ello el nombre completo es "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura" Recuerda que tardaron tres décadas para entrar a este tema, hasta que la democracia "estuviera consolidada Veníamos de acontecimientos muy traumáticos, y la transición se construyó sobre varios pactos Uno de ellos establecía que no habría represalias, ni habría depuración de los colaboradores del franquismo, ni se intentaría enderezar el curso de la historia, ni que los que hasta ese momento habían sido vencidos pasarían a ser vencedores" Pero tampoco, puntualiza, era "un pacto de olvido o de silencio sobre la reparación a las víctimas del franquismo" Aclara que no se pretende traicionar ese pacto de 1977, pero sí se considera llegado el momento de rendir homenaje a las víctimas del franquismo, de indemnizarlas y asegurarles pensiones, además de equilibrar los símbolos públicos que hay en las calles Jesús de Andrés Sanz reconoce la prudencia que hubo al decidir que la ley se propusiera ahora y no en los primeros años de la democracia, aunque durante todo este tiempo "persistía la mala digestión porque el tema seguía sin solución" Discrepa, sin embargo, del gobierno de Rodríguez Zapatero, porque la presentación de la ley ha sido "demasiado política", con muchos "reflectores de los medios" Eso, afirma, provocó "un jaloneo no aconsejable por el contexto de rivalidad política entre las principales fuerzas" Los Niños de Morelia Un tema sobre el que las fuerzas políticas mostraron coincidencia fue la ampliación de las posibilidades de adquisición de la nacionalidad española por parte de los hijos y nietos de los miles de españoles que perdieron la nacionalidad por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura Es el caso de los llamados Niños de Morelia, los 456 menores acogidos en México por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, en junio de 1937, y el de los cientos de refugiados españoles que huyeron a Francia y que tiempo después fueron recibidos por Cárdenas en México "Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española, como los Niños de Morelia", expresa Álvarez Junco, y asegura que España solicitará a México apoyo para rescatar documentalmente aquella etapa Además de prever la declaración de reparación, compensación y reconocimiento personal de quienes fueron víctimas del franquismo, la ley incluye determinadas pensiones que, de acuerdo con distintos escenarios, van de los 132 euros mensuales a los 135 mil euros en un solo pago Recuperación de cuerpos En el año 2000, con la ayuda de especialistas en antropología forense y otras disciplinas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que encabeza Emilio Silva, sacó de una fosa común a "los 13 de Priaranza" Se trataba de los cuerpos del mismo número de personas ?entre ellas su abuelo? que fueron asesinadas por miembros de la Falange en el poblado Priaranza del Bierzo, de León Desde entonces ha crecido la presión de las agrupaciones de este tipo por rescatar los cuerpos de los sepultados clandestinamente en toda España, dice José María Pedreño La agrupación que dirige, el Foro por la Memoria, ha exhumado restos humanos (se estima que los correspondientes a más de 500 personas) de fosas encontradas en Segovia, Ávila, Asturias, Rioja, Córdoba, Málaga, Huelva, Toledo y Extremadura Ahora la ley prevé que las autoridades elaboren un protocolo de actuación científica y multidisciplinaria que asegure los trabajos de las exhumaciones, y la conformación de mapas de los terrenos donde se encuentren los restos de las personas "Esto ya lo veníamos haciendo, recuperar los cuerpos para entregarlos a sus familiares Desgraciadamente, la ley no contempla nuestra demanda para que el fiscal general del Estado, de oficio, inicie actuaciones cuando nosotros lo solicitemos", dice Pedreño Contradicción eclesiástica En medio de la polémica por el desmantelamiento del franquismo, una declaración cimbró a la Iglesia católica, acusada de colaboracionismo con la dictadura franquista: El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez Pérez, sugirió que la Iglesia debía pedir perdón El 19 de noviembre, en su discurso para inaugurar la XC Asamblea Plenaria del CEE, aludió al "período agitado y doloroso de nuestra historia" en que se desarrolló la Guerra Civil, y aceptó que "en muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron; y probablemente en otros momentos, ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos" Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la CEE, pretendió después dar marcha atrás en lo que se refiere a la petición de perdón por parte de la Iglesia, asegurando que las palabras del obispo Ricardo Blázquez habían sido "sacadas de contexto" por los medios de comunicación Días antes, el 28 de octubre, el Papa Benedicto XVI había beatificado a 498 mártires "del siglo XX en España", entre ellos dos obispos, 24 sacerdotes diocesanos y 462 religiosos que fueron víctimas de los leales a la Segunda República, la contraparte del franquismo Previamente a la declaración del obispo Ricardo Blázquez, la cual no fue aceptada por el resto de los jerarcas, Álvarez Junco había planteado que desde la década de los 90, la Iglesia católica empezó a recordar y exaltar a sus mártires, lo que culminó con su beatificación "Tienen ?expresó? todo el derecho a hacerlo, y es cierto que los leales al gobierno republicano asesinaron a muchos religiosos, pero también es cierto que miembros de la Iglesia participaron en la barbarie cometida por la dictadura, que fueron los curas los que dieron los nombres de ?los rojos? en cada pueblo, los que inmediatamente fueron fusilados por el ejército franquista Y teniendo en cuenta este último aspecto, la Iglesia bien podría callarse o pedir perdón, y no parece que tengan esa actitud" l

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