México, D F, 3 de diciembre (apro)- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) evaluó hoy el primer año de gobierno de Felipe Calderón y consideró lo hecho hasta ahora como un "retroceso inocultable", principalmente en materia de empleo, derechos humanos y migración Además, censuró la serie de medidas que entrarán en vigor el próximo año, entre las cuales destacan los incrementos en los precios de productos básicos y de la gasolina En un texto que denominó "el último comunicado del partido", el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del EPR, el grupo rebelde afirmó que el gobierno de Felipe Calderón "deja mucho que desear en materia de derechos humanos" El EPR señaló que las acciones del gobierno calderonista muestran una "clara tendencia a la derechización y legalización del régimen neoliberal"; y puso como ejemplo los cambios a la Ley del ISSSTE, y las reformas electoral y laboral Además, se refirió al alza de precios a alimentos básicos, el llamado gasolinaza, "que evidencia una nueva crisis económica"; el desempleo, la migración Otro ejemplo, agregó el EPR, es la "permanente intención de la entrega incondicional del petróleo y de los recursos naturales; el alto grado de descomposición del sistema debido a la corrupción que brota por todos lados y a la impunidad promovida por toda la estructura del poder, descomposición que se expresa también en las más de 2,500 ejecuciones documentadas, explicables solamente por los vínculos orgánicos de la estructura presidencial con el crimen organizado" En su balance, el grupo insurgente indicó que el primer año de gestión calderonista marcó "un retroceso inocultable, máxime con la aprobación del Plan México o Iniciativa Mérida que ?dijo-- apunta más que a la lucha contra la delincuencia organizada a la lucha contra el supuesto terrorismo internacional y en lo nacional entendido éste como la descarada criminalización de la lucha social" Con los casos de los gobernadores de Puebla y Oaxaca, el EPR ilustró lo hecho en la actual administración en materia de derechos humanos Sobre el primer punto, enunció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a Mario Marín de cualquier responsabilidad en la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, y, sobre el segundo, la indolencia oficial para actuar en contra del gobernador Ulises Ruiz Dijo que la SCJN tiene pendiente de resolver las presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, y la represión contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto social que se vivió en la entidad el año pasado En su balance, el EPR no pasó por alto a la Iglesia católica, a cuyos representantes acusó de actuar con "doble mora" y de buscar "regresar a la política por sus fueros perdidos en la época juarista" También cuestionó la actitud asumida por la iglesia contra la senadora Rosario Ibarra de Piedra", durante la tercera Convención Nacional Democrática El EPR se refirió también al caso del proyecto hidroeléctrico "La Parota", a la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, "sistemática a nivel nacional", así como a la desaparición de sus compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Sobre este último punto, dijo que sus compañeros están en "en manos del gobierno calderonista que los ha desaparecido y los mantiene torturando" "¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo el Estado, el régimen, Calderón Hinojosa, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable? Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige", advirtió