San Juan de Sabinas, Coah , 20 de febrero (apro-cimac)- El laboralista Manuel Fuentes Muñiz señaló que, de comprobarse la existencia de actas de defunción de mineros levantadas por los gobiernos federal y estatal, darán vista a las Procuradurías, pues se entendería que las autoridades obligaron a un médico a constatar la muerte de los trabajadores sin tener a la vista los cuerpos, lo que la ley prohíbe En caso de corroborarse la especie, añadió el abogado, el gobierno estatal habrá tramitado actas de defunción totalmente ilegales, firmadas por un médico, al que le constarían las causas de muerte Y este sería un hecho lamentable, pues para que un médico pueda dar la fe de la muerte de una persona, tiene que tener el cuerpo presente o que un juez haga la declaración de presunción de muerte Denunció, además, que unas 54 familias de los mineros fallecidos en la mina 8 de Pasta de Conchos, han sido obligadas a firmar documentos mediante presiones por parte de funcionarios del gobierno estatal y federal, en lugar de que éstos indaguen las muchas irregularidades en que incurrió Industrial Minera México (IMSSA), al no tomar medidas de seguridad e higiene y provocar la tragedia de hace un año Delitos sobre seguridad social En entrevista, Fuentes Muñiz sostuvo que en Coahuila, como en otras entidades del país, el Código Penal no tipifica delitos en materia de seguridad social, sobre todo cuando se da la muerte de un trabajador y ésta es resultado de la responsabilidad directa de los empresarios En cambio, sí es delito grave robarse o al menos intentar robarse una vaca El abogado, del equipo nacional de Pastoral Laboral, dijo que los grupos legislativos no son capaces de generar los cambios legales que se requieren para proteger a los mineros En cambio, reprocha Fuentes, los legisladores sí estuvieron atentos para permitir la explotación de gas grisú para uso particular --un subproducto de la explotación de carbón, cuya recuperación por las empresas concesionarias se permite desde 2003--, tan sólo dos meses después de la explosión que terminó con la vida de 65 carboneros Fue "otro gran logro para el grupo Industrial Minero México SA" Una vez más los legisladores protegen al capital privado, hacen leyes que sí salvaguardan a los animales, incluso, pero no hacen nada para favorecer los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos El abogado habló de las muchas irregularidades de la empresa, pero también recordó que instancias como la Secretaría del Trabajo (STPS), de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incurrieron en múltiples omisiones administrativas que derivaron en la tragedia "A un año de la tragedia, las cosas están al revés", los familiares son engañados por funcionarios de los gobiernos estatal y federal, lo que es vergonzoso", dijo el abogado Prescripción de derechos Expuso que las familias de Pasta de Conchos han sido presionadas de varias maneras: Recientemente el presidente de la Junta Especial 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dijo que era importante que los familiares presentaran una demanda, pues de acuerdo con el artículo 300 de la Ley de Seguro Social, las acciones de riesgo de trabajo prescriben al año, y entonces corrían riesgo los derechos de los familiares El mismo funcionario, agregó Fuentes Muñiz, también señaló que en julio pasado la empresa depositó más de 4 millones de pesos por concepto de finiquitos, y que nadie pasó a recoger ese dinero, dando a entender que esos recursos se podrían perder "Lo único cierto es que tanto los abogados del gobierno estatal como federal están engañando a los familiares" Sin embargo, aseguró que la afirmación del funcionario es incorrecta: "No es posible jurídicamente que corra ninguna prescripción en contra de los familiares La ley es clara, para que pueda correr la prescripción en perjuicio de una persona en lo que se refiere a riesgos de trabajo, primero tiene que aparecer el cuerpo de la persona; de lo contrario no será posible" Dijo que una segunda posibilidad que establece el Código Civil de Coahuila es que, cuando ocurre un siniestro como el de Pasta de Conchos, y no hay resultados en la búsqueda de los cuerpos, debe transcurrir año y medio para que un juez declare la presunción de muerte, pero ésta tiene que ser solicitada por la parte interesada Mientras, no puede ocurrir el término de prescripción En contraste, sostuvo, el gobierno federal debe responder por las omisiones generadas desde la STPS, empezando por el extitular Francisco Salazar, y su antecesor, Carlos María Abascal, quienes incumplieron su tarea de vigilar a empresas como IMMSA