Alarma a la CIDH la impunidad en violencia hacia mujeres

sábado, 10 de marzo de 2007
México, D F, 9 marzo (apro-cimac)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la incapacidad de los sistemas judiciales para responder a las mujeres víctimas de violencia en varios países de América Latina En el informe "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", presentado por la CIDH en Washington esta semana, señala su alarma por el patrón de impunidad que existe en la mayoría de los casos de violencia contra ellas Observó que en muchas ocasiones las víctimas que intentan denunciar los hechos de violencia enfrentan discriminación y son maltratadas por funcionarios del Estado Fiscales, policías y jueces descalifican a las víctimas y le restan credibilidad a sus declaraciones Además del maltrato, las mujeres víctimas de violencia suelen encontrarse con que los hechos que denuncian no son investigados, lo que contribuye a su desconfianza en la justicia De la misma manera el informe hace referencia a la inexistencia de unidades especiales en las fiscalías, los tribunales y la policía con los conocimientos técnicos especializados requeridos para abordar temas de violencia La ausencia de instancias judiciales en zonas rurales, pobres y marginadas, y la falta de abogados de oficio para las mujeres de pocos recursos, víctimas de violencia, son obstáculos adicionales en el acceso a la justicia, añade En este sentido, las mujeres afrodescendientes y las indígenas enfrentan, además, el problema de la discriminación en las distintas instancias del Estado El documento constata que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que no se aplican adecuadamente Es por ello que el informe de la CIDH presenta recomendaciones para la adopción de medidas que pongan fin a esta situación Entre éstas destacan el diseño de una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados para garantizar que las víctimas de violencia por género tengan un acceso pleno a una protección judicial, y fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres, a través de una adecuada investigación, sanción y reparación Y la adopción de políticas y programas públicos destinados a reestructurar los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad, así como promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios, incluyendo programas de capacitación y políticas de prevención, entre otras medidas

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