México, D F, 14 de marzo (apro)- Sometido a prisión domiciliaria desde noviembre, el expresidente Luis Echeverría Álvarez solicitó este miércoles el amparo de la justicia federal para librar en definitiva el proceso iniciado en su contra por la matanza del 2 de octubre de 1968 La defensa legal de Echeverría presentó la solicitud de amparo ante la Oficialía de Partes de los Tribunales Unitarios y, de inmediato, quedó radicada en el Tercer Tribual Unitario El escrito de amparo consta de 23 páginas y contiene tres agravios que Echeverría quiere hacer valer: El primero, que ya prescribió el delito de genocidio por el que se le acusa El segundo, que ese delito en realidad no existió El tercer agravio es que no existen elementos sobre la probable responsabilidad de Echeverría Con 85 años cumplidos en enero pasado y con problemas de arterioesclerosis, el expresidente no se ha podido librar de la acusación que lo persigue desde la noche del 2 de octubre de 1968, en que decenas de personas, en su mayoría estudiantes, fueron masacradas en la plaza de Tlatelolco en una operación encabezada por el Estado Mayor Presidencial (EMP) Echeverría era entonces secretario de Gobernación, pero su acusador, el exfiscal especial para la guerra sucia, Ignacio Carrillo, lo responsabiliza de haber concertado esa agresión, junto con el EMP e involucrando al Ejército, con el propósito de "exterminar al grupo nacional" integrado por los estudiantes del movimiento que exigía la democratización del país La defensa de Echeverría, patrocinada por los abogados Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, señala en su escrito de amparo que, de haber existido el delito de genocidio, éste habría prescrito a los 30 años de ocurridos los hechos Contrario a lo asegurado por la fiscalía, la defensa de Echeverría sostiene que el expresidente no tuvo inmunidad procesal, por lo que para la prescripción del delito se deben incluir los seis años en que se desempeñó como presidente Luego de entregar la solicitud de amparo, Juan Velásquez dijo que "incluso en el peor de los casos" se podría computar la existencia del delito hasta el 30 de noviembre de 2006, cuando se cumplieron 30 años de haber dejado la presidencia Insistió en que el entonces mandatario federal fue "ajeno a los hechos", por lo que "no existen elementos que acrediten su probable responsabilidad" La defensa intenta, además, desacreditar lo señalado por el titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, magistrado Ricardo Paredes Calderón, quien el 29 de noviembre ordenó la prisión domiciliaria de Echeverría La defensa sostiene que el magistrado se apoyó en ordenamientos derogados, como la ley de responsabilidades de funcionarios públicos, que fue sustituida en 1982 por la ley de responsabilidades de servidores públicos