Castaños: Intimidación y fragilidad (primera parte)

lunes, 19 de marzo de 2007 · 01:00
Saltillo, Coah , 19 de marzo (apro)- En la pared se conservan las manchas de dos manos que alguna vez intentaron sostenerse y dejaron un rastro de sangre De acuerdo con los peritajes, las huellas corresponden a Lupita, una de las 14 mujeres violadas presuntamente por militares en la zona de tolerancia del municipio de Castaños La violación que sufrió Lupita por parte de cuatro soldados le provocó una intensa hemorragia vaginal, por lo que otros dos de sus agresores eligieron la vía anal para ultrajarla Cuando terminaron el tumultuario ataque, los agresores le advirtieron que no presentara ninguna denuncia, porque si lo hacía la matarían, al igual que a su familia Ante el temor, Lupita se tardó un mes en presentar la denuncia y, cuando lo hizo, familiares del sargento Juan José Gaytán ?a quien las víctimas identifican como "el líder" que ordenó los ataques? para ofrecerle 20 mil pesos porque se retractara y retirara la denuncia Ante la negativa, la propuesta se convirtió en amenazas que no han logrado quebrantarla, pese a temer por el bienestar de sus tres hijas Las amenazas e intimidaciones contra las 14 víctimas y los actores que las respaldaron después de la violación, la noche del 11 de julio de 2006 por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería del Ejército Mexicano El 11 de marzo pasado, en su homilía dominical en la catedral de Saltillo, el obispo Raúl Vera López, denunció que el viernes por la noche, un vehículo lo persiguió en la carretera estatal Cuatrociénegas-Monclova, luego de pasar un puesto de inspección militar El prelado permaneció varias noches en la zona de tolerancia de Castaños luego de los ataques y, en seguimiento del caso, la semana pasada el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" que él encabeza, había realizado trabajo de campo y se entrevistó con la representación jurídica de las víctimas para conocer el avance de los juicios contra los militares En la historia de los ataques sexuales cometidos por militares, el caso de Castaños es el primero que se sigue en el fuero común, lo que ha hecho visible un cúmulo de acciones emprendidas desde el medio castrense para amedrentar a quienes se involucran en el caso La denuncia del obispo Raúl Vera se suma a una serie de llamadas que, al principio del caso, se hicieron a su teléfono celular, todas por la madrugada, en la que le decían "Usted se sacó el premio mayor" Cuando denunció el hostigamiento, la Procuraduría de Justicia del estado le informó que las llamadas se hicieron desde Oaxaca y Guerrero, los estados de origen de varios soldados acusados de las violaciones, pero no obtuvo más información La persecución fue el corolario de diferentes sucesos ocurridos a partir del 2 de marzo, cuando Wendy y Nuria, dos mujeres violadas, se retractaron de sus denuncias y acusaron a la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jacqueline Campbell, de haberles pagado 200 pesos por denunciar a los soldados Primeras consecuencias A ocho meses de la agresión sexual que sufrieron 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería, los expedientes judiciales están terminando de integrarse: el próximo 20 de marzo, concluirán las audiencias y el 26, se llevará a cabo una reconstrucción de hechos, en el que no participarán las víctimas El señalamiento hecho por Wendy ha generado problemas para la Fiscalía, pues junto a Nuria, había participado como testigo en los expedientes de sus compañeras Su desistimiento y denuncia incluyó a las abogadas del Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Corpovi), un organismo ciudadano que tomó la asesoría y respaldo jurídico y psicológico de las víctimas Según Wendy, fue la abogada Sandra de Luna, quien le dio 500 pesos por declarar a la prensa sobre el caso; además, señaló a Guadalupe Frayre, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, de haberles dado también 200 pesos y una despensa semanal por hacer las declaraciones Y, por si fuera poco, denunciaron a Soledad Jarquín Edgar, reportera de la agencia de noticias Cimac que ha seguido desde un principio el caso y una de las pocas periodistas que ha obtenido entrevistas con las víctimas, de haber pagado la misma cantidad por el mismo concepto Mimi, Lupita y Mónica, tres afectadas sorprendidas por el desistimiento, recuerdan que Wendy era la más enojada y decidida a ir tras los agresores, en tanto, Nuria, estaba tan afectada que al ver hombres con pelo corto o vestimenta semejante a la militar se ponía a llorar Las tres afirman que desde el inicio de los procesos han recibido ofertas económicas y amenazas de las familias de los militares, pero no han aceptado ninguna Esperanza es más directa y explica todo con una sola frase: "Les llegaron al precio" "Yo no me voy a echar para atrás, porque lo que nos hicieron lo voy a llevar grabado siempre Una cosa tan horrenda, tan horrible no se olvida nomás así Lo que pasó no fue por nuestra voluntad, porque siempre nos estuvieron amenazando encañonando Yo estoy muy enojada y no puedo perdonar eso, aunque me barajen la lana, no; yo no la necesito, para eso trabajo", dice Lupita al recordar que la oferta para que otorgara el perdón legal "Tengo miedo, pero ya más de lo que me hicieron no pueden hacer Entre miedo y todo hay que salir adelante A mí me daría más miedo no decir nada, quedarme en paz, porque las ofendidas somos nosotras", agrega Sandra de Luna, abogada del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar AC (Coprovi), que representa a las víctimas y coadyuva con los dos fiscales del caso, confía en contar con expedientes sólidos, aun en los casos de retractación porque, dice, son demasiadas las pruebas aportadas y los testimonios Se refiere a las declaraciones de Wendy y Nuria, quienes en una diligencia el 2 de marzo se desistieron y acusaron a su representante, así como a Jacqueline Campbell, la coordinadora de comunicación de la Diócesis de Saltillo y a la periodista Soledad Jarquín Edgar, de manipularlas y de haberles pagado para declarar que fueron violadas La trascendencia de su retractación es porque en la mayoría de los expedientes individuales obran como testigos Sandra de Luna dice desconocer la motivación del señalamiento, pero refiere que los peritajes médicos vaginales y proctológicos, fueron definitivos: las lesiones son inconfundibles de una relación sexual forzada y se encontró presencia de semen en las víctimas El día de la audiencia, el juez Hiradier Huerta cuestionó a Wendy si la habían amagado La joven dijo que sí, pero que ella aceptó las cuatro relaciones, en un intento por coincidir con los militares que mantienen el dicho de haber pagado Además, la mujer desconoció la firma en la declaración aportada por la Fiscalía, por lo que se ordenó un peritaje extraordinario Jacqueline Campbell, una de las acusadas por Wendy y Nuria, interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por calumnia, explica que no se podía permitir que se pusiera en riesgo la veracidad del juicio que se lleva a cabo por las violaciones y ultrajes de las 14 mujeres Desde el Centro de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", Centro de Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Todo los Derechos para Todas y para Todos, entre otros, se hizo un llamamiento a no perder de vista el juicio ni a los personajes que han sido amenazados

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