México, D F, 26 de marzo (apro)- El problema que vecinos de la colonia Roma exponen esta semana en la revista Proceso, en el sentido de que modernas construcciones están poniendo en riesgo la preservación del patrimonio cultural de la zona y aun su propia seguridad, pues sus viviendas podrían colapsarse, recuerda que hace tiempo se vienen señalando las limitaciones de la Ley de Protección de Monumentos Hasta los funcionarios responsables de la preservación de ese acervo cultural han admitido las lagunas Aunque el tema ha ido sumamente controvertido Cuando a mediados de 2004 se construyó en San Juan Teotihuacán una tienda de la cadena Wal-Mart, especialistas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, vigente desde 1972, señalaron que, con base en esa normatividad, no había podido impedirse la instalación del supermercado en las inmediaciones de la zona arqueológica La entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sari Bermúdez, aseguró que el asunto planteaba la necesidad de revisar la ley de 1972 El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, reviró que no era problema de la ley, sino de las reglamentaciones vinculadas con el uso del suelo, el desarrollo urbano, las licencias comerciales y hasta el Tratado de Libre Comercio, pues --en el caso de Teotihuacán-- "la agresividad de la entrada de las empresas comerciales a México se ha vuelto cada vez más radical Y si no consideramos al patrimonio como un elemento fundamental en nuestro propio desarrollo, esa aparente riqueza que traen estas empresas se puede acabar" En su momento, el etnólogo dejó en claro que la instalación de la tienda no violaba disposición alguna ni de protección al patrimonio arqueológico, ni de desarrollo urbano, pero propuso, dada la confrontación de intereses (económicos, de conservación y hasta ideológicos) una posible salida política, consistente en negociar la entrega a la cadena comercial de un terreno más alejado del sitio arqueológico, pero dentro de la misma comunidad Finalmente nunca se dio Pero dejó abierta la posibilidad de esta vía cuando, aun cumpliendo con todas las de la ley, un desarrollo comercial o urbano puede afectar el patrimonio cultural Meses después de ese conflicto, el etnólogo hizo ver la necesidad de que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, realizaran un trabajo "cada vez más articulado" y establecieran acuerdos específicos para desarrollos urbanos cercanos a las zonas arqueológicas Su propuesta, sin duda, puede ser extensiva a los desarrollos que, aunque cumpliendo con todas las leyes, en los hechos ponen en riesgo el patrimonio histórico y artístico Alfonso de Maria, director del INAH (responsable del patrimonio anterior a 1900), Xavier Guzmán, director de Arquitectura y Patrimonio Artístico Inmuebles (DAPAI), del Instituto Nacional de Bellas Artes (responsable del patrimonio del siglo XX), coinciden en que la ley de 1972 es la vigente, no hay otra, no hay más, es lo único que se tiene y por tanto es buena y debe aplicarse, pues nada se puede hacer al margen de ésta Al mismo tiempo, la arquitecta Dolores Martínez, subdirectora de Conservación e Investigación de la DAPAI, señala que la conservación del patrimonio requiere de voluntad política, así como de la participación de ciudadanos, inversionistas, empresas, instituciones y universidades, entre otras instancias Así pues, ¿qué hacer cuando el desarrollo y la inversión, apegados a la ley, afectan de cualquier manera el patrimonio de los mexicanos? En tanto no se pueda modificar la ley de 1972 para resolver lagunas que lo permiten, la "voluntad política" para encontrar salidas "negociadas" y los acuerdos entre los tres niveles de gobierno para ponderar al patrimonio, son una vía que no debe descartarse a priori Sin duda siempre se encontrarán mejores terrenos para construir modernos complejos y centros comerciales, pero el patrimonio cultural de los mexicanos es único e insustituible