México, D F, 6 de marzo (apro)- Con el propósito de evitar una jurisprudencia que obligaría al Ejército a cesar la práctica de dar de baja a militares contagiados por el VIH, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso, una vez más, la resolución definitiva en torno a los militares infectados que son pasados a retiro por esa causa La decisión de la Corte ocurrió luego de que el Ejército anunció, mediante un comunicado de prensa, que reinstalará al personal que ganó los amparos contra su baja y ofreciera incluso canalizar a otras instituciones de salud a los elementos que sí sean obligados al retiro definitivo y que, por lo mismo, pierdan el derecho de ser atendidos por el servicio médico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Cuando aún faltaba casi una hora para que terminara la sesión, el propio presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se salió del salón de plenos y rompió el quórum Con ello, evitó que el pleno discutiera el último de los 11 amparos interpuestos por marinos y soldados en contra de su baja por ser portadores del VIH La salida de Ortiz Mayagoitia rompió la mayoría de ocho votos que se necesitaban para sentar jurisprudencia en el criterio establecido por la Corte el pasado 27 de febrero y que fue apoyado por el propio presidente del máximo tribunal, en una votación de ocho a tres, la mínima requerida para establecer jurisprudencia En la resolución de primeros cinco amparos de militares, la semana pasada los ministros declararon inconstitucional la baja de efectivos de las Fuerzas Armadas por ser portadores del VIH, pero dejarán la salvaguarda tanto al Ejército como a la Marina para que sigan dando de baja a sus elementos, siempre y cuando haya un examen que declare su inutilidad para el servicio de las armas El pleno de ministros resolvió hoy otros cinco amparos obligando tanto a la Secretaría de Marina como a la Sedena a restituir a igual número de efectivos que habían sido dados de baja Sin embargo, definieron que el Instituto para la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) no está obligado a pensionar a los militares que no cumplan con los requisitos establecidos por la propia ley, entre ellos la antigüedad La ley establece que el personal que haya quedado inutilizado por actos fuera del servicio sólo tiene derecho al pago de la pensión si tiene 20 años o más de servicio Los ministros, sin embargo, dejaron para el próximo lunes la resolución del último de los amparos La decisión la tomaron luego de que el presidente de la Corte se saliera del salón de sesiones y luego de que cada uno recibiera por escrito nuevos alegatos de la Sedena El propósito es evitar que se siente jurisprudencia, pues de esa manera tanto el Ejército como la Marina perderían todos los amparos, debido a que los militares que reclamaran su baja provisional estarían protegidos en automático por un nuevo criterio al que estarían obligados todos los juzgados y tribunales federales Luego de ese movimiento de la Corte, la Sedena informó que, en cumplimiento de las resoluciones de la SCJN, "se procederá a reincorporara a sus actividades" a quienes ganaron los amparos, y por lo tanto tienen que seguir prestando servicios en el activo en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos Se buscará, aseguró, "que en el destino que se les dé se les brinde la atención médica que requieren y procurando que no se afecte o menoscabe su salud o sean víctimas de cualquier tipo de discriminación" Y como la Corte resolvió que los militares amparados tienen que sujetarse a lo establecido por la ley del ISSFAM, la Sedena aseguró que sólo atenderá a los que tengan la antigüedad requerida "En los casos que proceda, esta Secretaría dará el apoyo necesario a los militares que no se les proporcione servicio médico por diversas situaciones y que hayan sido separados del servicio activo", señaló Ese personal, precisó, será canalizado al Consejo Nacional para la Prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (Conasida), a fin de que se les dé el tratamiento médico, "con lo cual el Estado cumple con los derechos fundamentales de los mexicanos" Insistió que "vigilará y exigirá que el personal reintegrado sea tratado con respeto, en acatamiento a las garantías constitucionales de igualdad, no discriminación y protección al derecho a la salud" Además de reforzar las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, anunció que propondrá un proyecto de reformas a la ley del ISSFAM para incorporar lo establecido por la SCJN